El gobierno del presidente Joe Biden recibió la primera demanda por las nuevas políticas fronterizas que entraron en vigor la semana pasada y que limitan el asilo.
La demanda fue presentada el miércoles por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), así como por otras organizaciones como Las Americas Immigrant Advocacy Center y RAICES.
Esta es la primera demanda contra la nueva medida de inmigración de Biden aprobada la semana pasada, después de varios meses de discusiones internas dentro de la Casa Blanca.
Demanda contra las medidas migratorias de Biden
“Al promulgar una prohibición de asilo que es legalmente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más remedio que presentar esta demanda”, señaló Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes alegan que suspender el asilo para quienes llegan a un puerto de entrada oficial “viola la ley federal de inmigración”.
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La administración mantiene su postura
El miércoles pasado (5 de junio) entraron en vigor las nuevas medidas fronterizas de Biden, que limitan significativamente el asilo en la frontera, cuando lso encuentros de inmigrantes superen los 2,500.
Además, la medida de Biden contempla una deportación directa para aquellos inmigrantes que hayan cruzado de manera ilegal la frontera de Estados Unidos.
Lo que debes saber: la administración señaló que aunque estas medidas “no son permanentes” permanecerán vigentes hasta dos semanas después de que el número de encuentros de inmigrantes diarios en la frontera sea igual o inferior a los 1,500 en un promedio de siete días.
El dato: la última vez que se contabilizaron menos de 1,500 encuentros diarios en la frontera fue en julio de 2020, en medio de la pandemia del COVID-19.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que esperan un “nivel récord” de deportaciones con esta nueva medida con el objetivo de descongestionar la frontera.
Una medida basada en una autoridad legal
Para tomar esta decisión, el presidente Biden usó la autoridad legal que se rige por la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacional. La disposición expone que el presidente en funciones puede limitar las entradas a ciertos inmigrantes si considera “pejudicial” para el interés del país.
“Respaldamos la legalidad de lo que hemos hecho”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el programa This Week de la cadena ABC, antes de que se presentara la demanda, y en el que ya anticipaba los desafíos legales. “Respaldamos el valor de la propuesta”, recalcó.
