Inmigración es quizás el tema más prominente del candidato presidencial del partido republicano. Su estrategia política no es nueva ni original. Se ha utilizado innumerables veces para ganar poder político.
Esta es: Invente a un enemigo, y declárese el «El Salvador».
A esto también se le llama “chivo expiatorio” y el escogido por el candidato republicano para jugar este importantísimo papel es «el inmigrante». No el de Suiza, Dinamarca o Noruega, países «agradables», según él –de los que, sí quiere recibir inmigrantes, sino los de países «no desarrollados», de los que, según él, vienen los delincuentes.
Por eso, desde que comenzó a aspirar a la presidencia y hasta el presente, describe a los inmigrantes –- y, ojo, con mucho énfasis en inmigrantes latinos– como: «animales», «criminales», «inhumanos», violadores», «traficantes de drogas», «terroristas…»
Por eso, su administración creó una oficina disque «para proteger a víctimas de crímenes inmigrantes», y otra para escudriñar pasadas aprobaciones de solicitantes de naturalización, con motivo de encontrar excusas para «desnaturalizarlos».
Por eso, creó un programa de «cero tolerancia» mediante el cual toda persona detenida por las autoridades inmigratorias, en la frontera con México, tenía que ser procesada criminalmente antes de tomarse en consideración sus motivos para llegar de esa manera a EEUU, como manda el derecho nacional e internacional. En consecuencia, casi 4000, niños y niñas, incluyendo bebés, fueron separados cruelmente de sus padres y al día de hoy, muchos no han sido reunificados con ellos.
Por eso, estableció la veda de entrada a EEUU (travel ban) para aquellos con pasaportes de ciertos países de África y Medio Oriente, separándolos permanentemente de los seres queridos que los esperaban.
Por eso, instituyó el programa «quédese en México» obligando a aquellos que, conforme el derecho internacional y el de EEUU, buscaban asilo político, a esperar fuera del país por meses y en algunos casos por años en lo que el gobierno consideraba sus peticiones. Esto, con la consecuencia de que muchos fueran víctimas de robos, violaciones y enormes vicisitudes por tener que vivir en condiciones horríficas durante esos periodos.
Por eso, acabó o trató de acabar (en los casos en que los tribunales lo desautorizaron) con importantes programas de ayuda humanitaria: TPS para hondureños, salvadoreños, haitianos entre otros, que llevaban décadas en el país; DACA para jóvenes traídos de pequeños a EEUU y que no conocen la vida en otro país; CAM para la reunificación familiar de niños que corren peligro en sus países centroamericanos y cuyos padres viven.
legalmente en EEUU; PIP para honrar a aquellos inmigrantes que sirven o han servido en las fuerzas armadas, concediéndoles la residencia a sus padres y esposos/as.
Por eso, gastó más de $15 billones en construir un muro en cientos de millas de la frontera con México, gran parte de lo cual apropió del presupuesto para la defensa del país.
Por eso, cambió dramáticamente la política de admisión de refugiados, permitiendo la entrada de solo1,500 por año, cuando en años pasados la cuota ha sido de hasta 250,000.
Estos son solo unos pocos de los sobre 400 acciones administrativas (o sea, sin participación del Congreso) que tomó –o intentó, pero fue parado por las cortes– para dañar el sistema inmigratorio de EEUU. Todo ello y tanto más, para salvar a «los suyos» de la amenaza que representa su enemigo fabricado, «el inmigrante» y volver así a su país a «su antigua grandeza».
Nadie más que nosotros/as, los abogados y abogadas dedicados a la defensa y tramitación de beneficios para inmigrantes, evidenciamos en su plenitud el desmantelamiento de la justicia inmigratoria en EEUU durante el «reino» de este señor. Su administración tomó todas las medidas posibles, oficiales y no oficiales para dificultar e impedir del todo a los legítimos solicitantes obtener beneficios inmigratorios. Son demasiados para enumerar aquí, pero para darles una idea …
Utilizaron el mecanismo de opiniones del secretario de Justicia para perjudicar a miles de personas, derogando antecedentes judiciales que reconocían bases legítimas para el asilo político, por ejemplo, para:
• Mujeres víctimas de violencia doméstica severa en países cuyos gobiernos les negaron protección;
• Víctimas de persecución por motivos de lazos sanguíneos; y,
• Víctimas de persecución por entidades pandilleras.
Por este medio también eliminaron el derecho a libertad bajo fianza para cualquier solicitante de asilo recién llegado/a al país, imponiendo así crueles condiciones de detenciones prolongadas para individuos que, por si no lo saben no son criminales, sino legítimos solicitantes de un beneficio que concede la ley.
Subieron la barra de «capacidad económica», requisito de elegibilidad para la residencia legal, a niveles supremamente difíciles de satisfacer.
Por ejemplo:
• Cualquier historial de haber recibido beneficio público alguno en un momento de necesidad descalificaría al aplicante;
• Evidencia de alguna condición de salud que conlleve posibles gastos médicos en el futuro al solicitante o algunos de sus hijos podría descalificarlo;
• Exigían que aplicantes demostraran la capacidad económica para obtener seguro médico en 30 días o, en la alternativa, para solventar cualquier posible gasto médico en el futuro.
Convirtieron la corte de inmigración en un proceso proforma para facilitar la deportación en la gran mayoría de los casos. Esto lo lograron imposibilitando a los jueces utilizar los más básicos medios de manejo de casos como son:
• Conceder una posposición necesaria de un juicio, por motivos justificados;
• Cerrar casos temporalmente para permitir a los imputados solicitar beneficios — administrados solamente por el Servicio de Inmigración –que los protegerían de ser deportados;
Igualmente, los fiscales que representan al gobierno en casos de deportación perdieron la capacidad de cooperar en forma alguna para lograr resultados justos en los procesos de deportación. No podían, por ejemplo, acordar detener procesos para dar tiempo a individuos a perseguir legítimamente beneficios humanitarios –como visas para víctimas de violencia doméstica, crímenes violentos o tráfico humano– ni otros beneficios para los que eran elegibles. Tampoco podían llegar a acuerdos con la defensa en la forma de estipulaciones sobre hechos relevantes a los casos o unirse a la defensa en solicitar trámites procesales convenientes para ambas partes.
Estas y otras medidas rutinarias en el trámite de cualquier tipo de caso legal fueron eliminados en los procesos de deportación, lo cual no solo causó detrimento en el ejercicio de derechos de los imputados. Igualmente causó dificultades, atrasos y gastos excesivos que entorpecieron el manejo eficiente en la administración de justicia inmigratoria.
Esos cambios fueron oficiales y muy patentes. Pero también hubo cientos de cambios que, como pequeños cuchillazos que terminan matando a una víctima, destrozaron las vidas de incontables inmigrantes con legítimo derecho de obtener beneficios de inmigración. En los casos de asilo político, los solicitantes no podían obtener permiso de trabajo hasta después de un año de haber sometido sus solicitudes de asilo, en contraste a 180 días como fue hasta entonces. No poder obtener ingresos durante su espera sobre su solicitud de asilo hace inoperable este importante derecho. Como en éstos, los atrasos en todo tipo de casos fueron extraordinarios y sí, maliciosos, causando pérdidas de empleos y oportunidades económicas y dolorosas separaciones familiares por años.
Ni digamos de las decisiones arbitrarias, denegando solicitudes claramente aprobables, y las consiguientes pérdidas de dinero en cuotas inmigratorias, gastos legales y viajes infructuosos que las personas tuvieron que hacer en vano mientras sus condiciones de vida empeoraban por no «tener papeles».
La persecución de gente humilde, trabajadora, indocumentada fue devastadora. En el pasado, los agentes de inmigración gozaban del uso de discreción para dedicar sus esfuerzos prioritariamente a los no-merecedores de compasión. Podían tomar en cuenta situaciones de necesidades familiares severas y otras consideraciones humanitarias para posponer la deportación de personas merecedoras. Pero, bajo la pasada administración no se dejó sin hacer ningún esfuerzo para perseguir, humillar, deportar y arruinar la vida de miles de personas sin consideración alguna. Contrario a las prácticas de anteriores administraciones, las persecuciones llegaron a todas partes: escuelas, hospitales, iglesias, tribunales de justicia donde la gente buscaba amparo…. La administración también castigó severamente a las ciudades «santuario» en las que autoridades locales no se prestaban a colaborar con sus abusos, negándoles fondos federales necesarios para cumplir con sus poblaciones.
Las consecuencias de estas políticas anti-inmigratorias fueron nefastas para los inmigrantes y para el país –para el que es esencial un sistema de inmigración eficaz para llenar sus propias necesidades. La inmigración legal llegó a sus niveles más bajos. El Servicio de Inmigración, cuyo presupuesto se solventa con cuotas de solicitudes, se vio casi en la quiebra y el Congreso tuvo que tomar medidos para salvarlo. La actual administración heredó un inmenso hoyo desastroso de casos atrasados del que todavía no ha podido salir y por el que, irónicamente, ha recibido mucha crítica.
Ahora que el responsable de la debacle se vuelve a postular para presidente –no obstante, los 43 cargos criminales y tantos casos civiles qué tiene pendiente– promete a sus seguidores medidas anti-inmigrantes mucho más severas que las implementadas en su pasada administración. Ahora dice, entre otras cosas, que implementará la campaña de deportaciones más grande de la historia, y acabará con el sagrado derecho de ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados.
Y se atreve a decir que los criminales son los inmigrantes, personas decentes que intentan mantener sus cabezas sobre el agua, trabajando duramente en beneficio del país –si no, piense en las víctimas de la caída del puente en Baltimore– mientras que los criminaliza, ante sus seguidores, gente engañada mediante promesas de falsas e inmerecidas grandezas.
Comparto todo esto porque parece que algunos latinos piensan darle su voto al candidato sobre el que les escribo, ese privilegio sagrado del que todos dependen para poder vivir dignamente en una democracia. Trato de imaginar como un latino puede llegar a tal decisión. Tal vez piensan que, como ahora son ciudadanos, tal vez tienen buenos empleos o hasta sus propios negocios y viven bien, nada tienen que ver con los problemas de «los inmigrantes». Tal vez hasta se han convencido de que personalmente les irá mejor cuando el candidato, ya nuevamente en la presidencia, logre sacar del país estos “terribles enemigos».
Pues a esos precisamente los invitó a que consideren bien su decisión porque el candidato del que les escribo advierte a sus seguidores que los inmigrantes están envenenando «la sangre del país«. Ante los ojos de los seguidores de este señor, ustedes no son «uno de ellos» porque «su sangre» es la misma de los demonizados inmigrantes latinos. Por lo tanto, usted también es el «enemigo». Si el inventor de este «enemigo» vuelve al poder, es cuestión de tiempo para que el racismo subyacente a estas políticas anti-inmigrantes se les apliquen también a usted. Piénselo bien. No sea que, en un futuro, donde el país acabe de perder del todo sus valores democráticos –en el proceso que solo comienza con el inventado enemigo «inmigrante»– sea usted uno de los que se encuentra en el lado equivocado de la ecuación—el de la víctima… también.
