Por Simón Rios
Sheila Sánchez Ortiz se mudó de Puerto Rico a New Bedford el año pasado para comenzar una nueva vida con sus dos hijos. Con ingresos limitados en una nueva ciudad, sabía que encontrar un apartamento asequible sería un desafío. Sin embargo, no esperaba tener que pagar cientos de dólares en tarifas solo para ver los apartamentos.
«Para entrar a ver el apartamento, tenías que pagar primero», dijo en español. “Otros que tu llenabas la aplicación antes de ir a ver al apartamento, y a fin de cuenta, no te llamaban».
En medio de una escasez de viviendas en toda la región, los defensores dicen que las tarifas de solicitud están en aumento, incluso cuando no están permitidas. Massachusetts es uno de los pocos estados donde es ilegal que los propietarios cobren tarifas de solicitud pero con poca aplicación de la ley, los defensores dicen que estas tarifas se están convirtiendo en una tarifa de entrada para encontrar un apartamento.
Ortiz pasó casi un año buscando apartamento, dijo, y pagó tarifas de solicitud cuatro veces por lugares que no funcionaron. Las entrevistas con varios inquilinos en el área de New Bedford sugieren que su experiencia es común, y algunos pagan estas tarifas más de una docena de veces.
El activista de vivienda y agente de bienes raíces Carlos Betancourt pasa la mayor parte de su tiempo ayudando a los inquilinos de bajos ingresos a encontrar apartamentos. Dijo que la mayoría de los lugares que ve cobran tarifas de solicitud.
Betancourt explicó cómo funciona usualmente: un apartamento listado vendrá con una tarifa de solicitud de $25 a $70, por adulto. Y, dijo, que eso es, frecuentemente, solo para ver el lugar. Recuerda haber asistido a una jornada de puertas abiertas donde todos los interesados en el apartamento tuvieron que pagar. La jornada de puertas abiertas duró tres días.
Viernes, sábado y domingo, «estaban tomando solicitudes», dijo Betancourt. «Un mes después, hicieron otra jornada de puertas abiertas. Entonces, ¿cuántas personas fueron allí?»
Las reglas pueden ser difíciles de entender, porque los corredores y agentes de bienes raíces tienen permitido cobrar tarifas de solicitud (aunque muchas veces están cobrando un mes de alquiler por sus servicios).
Si los corredores aceptan tarifas de múltiples solicitantes y no las reembolsa a las personas que no son seleccionadas para el apartamento, «es poco ético pero legal», según Andrea Park del Instituto de Reforma Legal de Massachusetts.
El sitio web de MassLandlords explica la restricción de esta manera: «En gran parte porque los agentes inmobiliarios tienen un lobby mejor que nosotros, los corredores pueden cobrar tarifas de solicitud».
Agregando a la confusión, hay estafadores que están aprovechando a los buscadores de apartamentos, haciéndose pasar por propietarios en anuncios en línea que piden tarifas con las solicitudes.
Las tarifas de solicitud explotadoras se han convertido en un problema en muchas ciudades. Una encuesta nacional encontró que casi nueve de cada diez inquilinos en todo el país enfrentan estos cargos. Esto se suma a una serie de otras llamadas «tarifas basura» —por mascotas, comodidades, pagos tardíos y otros conceptos— que en conjunto pueden aumentar el costo de ingresar a la vivienda.
La abogada Ariel Nelson del Centro Nacional de Leyes del Consumidor en Boston autorizó el estudio sobre tarifas basura. Dijo que, donde se permiten, las tarifas de solicitud se pueden utilizar por razones legítimas, como pagar a empresas que revisan antecedentes penales, registros de alquiler e información financiera. Pero los inquilinos no tienen forma de saber para qué están pagando, o si se les devolverá el dinero si no son seleccionados para un apartamento.
«Tal vez reciban un montón de solicitudes para una unidad, y comienzan a revisar la pila. Encuentran a alguien que parece genial, y lo aceptan», explicó Nelson. «Pero ¿reembolsaron las tarifas a todos los demás? Probablemente no».
Algunos estados establecen límites a las tarifas de solicitud, pero Nelson dijo que Massachusetts y Vermont parecen ser los únicos que le prohíben a los propietarios cobrarlas directamente. Aquí, las únicas tarifas que los propietarios pueden cobrar legalmente son el primer y último mes de alquiler, un depósito de seguridad y el costo de cambiar las cerraduras.
Jeffrey Turk es un abogado local especializado en problemas de arrendadores e inquilinos. Sostiene que la ley es vaga y en algunas situaciones no parece prohibir que los propietarios cobren ciertas tarifas.
«He tenido varios jueces que dicen que, ‘La ley está tan mal redactada que no sé qué se pretende'», dijo Turk, aunque agregó que aconseja a los propietarios que no vale la pena el riesgo de cobrar tarifas.
Los defensores se quejan de que a menudo depende de los inquilinos asegurarse de que se haga cumplir la prohibición de las tarifas de solicitud. Ariel Nelson dijo que eso es una tarea difícil para los inquilinos de bajos ingresos que luchan por encontrar un apartamento. Quiere ver a los fiscales generales haciendo más aplicación de la ley.
La oficina del Fiscal General de Massachusetts dijo que las quejas más comunes que recibe involucran disputas entre propietarios e inquilinos. Pero un portavoz le dijo a WBUR que la oficina no tiene forma de identificar cuántas de las quejas son sobre tarifas.
Doug Quattrochi, jefe del grupo de defensa MassLandlords, reconoce que las tarifas de solicitud han surgido más. Un mercado de alquiler altamente competitivo está impulsando parte de eso, dijo. Además, algunos propietarios se sienten justificados cobrando por verificaciones de antecedentes, porque es cada vez más difícil desalojar a inquilinos problemáticos y los propietarios deben examinar minuciosamente a los solicitantes antes de entregar las llaves.
Volviendo 40 años atrás, dijo Quattrochi, los propietarios apenas revisaban a los solicitantes. «Pero ahora necesitas averiguar todo lo que puedas sobre un inquilino».
Quattrochi dijo que su consejo para los propietarios es simple: usted paga por la verificación de antecedentes. Puede costar $150 para evaluar a tres solicitantes adultos, pero ese es el precio de hacer negocios.
Con los propietarios que ignoran ese consejo, los defensores de los inquilinos dicen que los arrendatarios pueden presentar quejas ante la oficina del fiscal general. También pueden intentar negociar las tarifas o demandar al propietario. Pero para los inquilinos desesperados por encontrar un apartamento, esas pueden no parecer opciones muy viables.
«¿De qué sirve quejarse con el propietario de que la tarifa de solicitud es ilegal?», dijo Quattrochi, «cuando estás tratando de convencerlos amablemente para que te permitan firmar un contrato de alquiler?»
Si desea leerlo en inglés visite WBUR.
