Por Todd Wallack
Los funcionarios de vivienda de Massachusetts anunciaron el viernes que están iniciando un «impulso de 90 días» para reducir el número de vacantes en la vivienda pública estatal antes de que termine el año.
Esta iniciativa viene después de una investigación realizada por WBUR y ProPublica que descubrió que casi 2,300 de las 41,500 viviendas financiadas por el estado estaban desocupadas a finales de julio, la mayoría de ellas durante meses o incluso años, a pesar de una escasez de viviendas tan grave que la gobernadora Maura Healey clasicfico como un estado de emergencia.
Massachusetts es uno de los cuatro estados que tiene viviendas públicas subvencionadas por el estado, y alrededor de 184,000 personas están en lista de espera para obtener estas unidades.
El plan del estado se centra en proporcionar asistencia financiera y otras ayudas a las autoridades locales de vivienda, que se encargan de mantener y operar las viviendas, para ayudar a llenar las unidades.
Fatima Razzaq, directora interina de la división de viviendas públicas, declaró en un memo: «La Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables están llevando a cabo una nueva iniciativa para reducir significativamente el número de vacantes en la vivienda pública asistida por el estado. Reconocemos la responsabilidad compartida en abordar este desafío y, por lo tanto, estamos iniciando un impulso de 90 días para ayudar a volver a ocupar las unidades».
David Hedison, director ejecutivo de Chelmsford Housing Authority, quien había expresado previamente preocupaciones sobre las políticas estatales que obstaculizaban a las agencias locales para administrar las viviendas, expresó su satisfacción con la nueva iniciativa.
Dijo: «Estoy emocionado. Me parece que ahora todos están comprometidos en resolver el problema y, si surge un problema, serán muy receptivos».
Entre otras medidas, el estado ayudará a cubrir los costos de horas extras de los empleados en localidades con altas tasas de vacantes que hayan sido aprobadas para exenciones presupuestarias. También financiará contratos con otras agencias locales para ayudar en la selección de inquilinos y preparación de las unidades para nuevos inquilinos.
Específicamente, Razzaq escribió que el estado supervisará de cerca a las autoridades locales de vivienda con tasas de vacantes superiores al 10%. Especialistas en administración de viviendas llevarán a cabo seguimientos semanales y brindarán asistencia técnica.
Los funcionarios de vivienda estatales también visitarán agencias locales donde las unidades han estado vacías durante más de 60 días, el plazo que el estado permite a las autoridades locales para llenar una vacante debido a reparaciones necesarias. Hasta finales de julio, WBUR y ProPublica encontraron que casi 1,800 de las unidades vacantes, incluyendo algunas con al menos tres dormitorios, habían estado desocupadas por más de 60 días. Alrededor de 730 de ellas no se han alquilado en al menos un año.
Debido a que el estado le paga a las autoridades locales de vivienda para mantener las unidades, ya sea que estén ocupadas o no, los apartamentos vacantes se traducen en millones de dólares de impuestos del contribuyente de Massachusetts desperdiciados debido a retrasos y desorden fomentados por la mala gestión estatal y local. Las razones de las vacantes incluyen un sistema en línea defectuoso que el estado creó para seleccionar posibles inquilinos, así como la falta de fondos para el mantenimiento, renovaciones y personal.
El housing authority en Watertown, por ejemplo, tiene solo seis trabajadores de mantenimiento para 589 unidades. El director ejecutivo de la agencia, Michael Lara, planea solicitar personal adicional de mantenimiento como resultado de la iniciativa del estado. Afirmó que el anuncio demuestra que el estado está «tratando la situación seriamente y con cuidado».
En una entrevista con WBUR a principios de esta semana, Healey dijo que le pidió al Secretario de Vivienda, Ed Augustus, que liderara la resolución de estos problemas y señaló que el estado centralizará el proceso de selección de personas en la lista de espera.
Como informaron por primera vez WBUR y ProPublica, el estado recientemente contrató a una firma de marketing para encargarse de una parte de la selección de solicitantes con el fin de acelerar el proceso de ocupación de las unidades.
«Nuestro sistema de viviendas públicas es absolutamente crucial para ayudar a resolver nuestra crisis de vivienda», dijo Healey en una entrevista en Radio Boston de WBUR el miércoles.
Healey también se comprometió a presentar un nuevo proyecto de ley de bonos con financiamiento adicional para la vivienda pública, aunque no proporcionó detalles específicos. El estado estima que existe un atraso de $3.2 mil millones en reparaciones necesarias en la vivienda pública, y algunas unidades están en tan mal estado que han sido condenadas o demolidas.
En el 2018, la Legislatura asignó $600 millones durante cinco años para gastos de capital en viviendas públicas, lo que no ha sido suficiente para ponerse al día con todas las reparaciones necesarias.
El presidente de la Cámara, Ron Mariano, señaló que la Legislatura inicialmente le ordenó al estado crear una lista de espera central para abordar las preocupaciones de que algunas autoridades locales de vivienda no ofrecían unidades de manera justa en función del orden de solicitud. Sin embargo, Mariano reconoció que el nuevo sistema creó “algunas ineficiencias”, lo que dificultó que las autoridades locales de vivienda encontraran nuevos inquilinos.
Expresó su aprobación de que la administración esté tratando de mejorar el sistema.
«A eso es a lo que debemos aspirar», dijo Mariano en una conferencia de prensa a principios de esta semana. «Necesitamos asegurarnos de que estas autoridades locales tengan la capacidad de preparar y poner en condiciones habitables los apartamentos».
No obstante, Mariano parecía escéptico en cuanto a algunas afirmaciones de que las autoridades locales de vivienda necesitan más personal y financiamiento para reparar unidades y llenar las vacantes.
«Estoy seguro de que es cierto en algunos casos. Estoy seguro de que no lo es en otros», dijo Mariano. «Es como cualquier otra necesidad en una ciudad o pueblo».
La Legislatura aprobó un aumento del 16% en los fondos operativos para viviendas públicas en este año fiscal, asignando un total de $107 millones. Sin embargo, esto está por debajo del aumento del 100% que algunos defensores habían presionado para lograr. Healey había propuesto mantener el nivel de financiamiento igual que el año pasado, en $92 millones.
El jueves, Augustus se reunió con Hedison, el director del Chelmsford housing authority, y recorrió un edificio vacío programado para renovaciones allí. Hedison dijo que los costos se han disparado después de descubrir reparaciones adicionales que deben realizarse, algo que indicó como un signo de envejecimiento de la vivienda pública. La edad promedio de las viviendas públicas financiadas por el estado es de 57 años.
Hedison dijo que Augustus reconoció que las agencias necesitan más dinero para las reparaciones y está trabajando en una medida de bonos.
«Quiero ver lo que realmente significa», dijo Hedison. «Sabes, muéstrame el dinero. Muéstrame el proyecto de ley de bonos».
Si desea leerlo en inglés visite WBUR.
