Las reformas normativas pretenden aumentar la diversidad, mejorar la supervisión y fomentar los sitios de consumo social de cannabis
Se prevé que una serie de ajustes normativos remodelen el sector de la marihuana en Massachusetts.
Estas enmiendas están diseñadas para crear vías para que las personas con antecedentes penales obtengan puestos de trabajo en el sector del cannabis, y, finalmente, permitir a los pueblos y ciudades dar la bienvenida a los cafés de cannabis.
La Comisión de Control del Cannabis aprobó por unanimidad estas modificaciones propuestas a finales de julio, reflejando la ley de reforma de la industria del cannabis firmada por el ex gobernador Charlie Baker el año anterior.
La comisión ha estado revisando diligentemente las normas que han estado operativas desde la legalización de la venta de marihuana en 2018.
Las enmiendas están diseñadas para ampliar la diversidad dentro de la industria del cannabis, fortalecer la supervisión de los acuerdos entre los gobiernos locales y las empresas de marihuana, y avanzar en el establecimiento de lugares de consumo social de marihuana. Shannon O’Brien, Presidenta de la Comisión, declaró que es posible garantizar la salud y la seguridad al tiempo que se reducen los excesivos y costosos gravámenes reglamentarios, ayudando así a las empresas a preservar su rentabilidad.
La Comisión ha programado una audiencia pública el 8 de septiembre para recabar las opiniones del público sobre el borrador.
La próxima normativa eliminará los impedimentos previos que impedían a las personas con cargos penales específicos participar en la industria del cannabis. Sin embargo, las empresas del ramo podrán seguir teniendo en cuenta los delitos penales relacionados con la distribución de sustancias controladas a menores o a la hora de contratar a un laboratorio, aclaró Rebecca López, asesora de la comisión en materia de aplicación de la ley.
La ley estipula que los acuerdos de comunidad de acogida sólo se autorizarán durante los ocho años iniciales de funcionamiento de una empresa de cannabis
El proyecto de ley también faculta a la comisión para sancionar a las comunidades de acogida que incumplan la normativa, aplazar el examen de nuevas solicitudes de licencia o hacer pública una lista de municipios que incumplan la normativa.
La normativa reestructurada incluye medidas para garantizar la equidad. La comisión exigirá a las comunidades anfitrionas que aporten al Fondo Fiduciario para la Equidad Social del Cannabis un mínimo del 3% de cada tasa de impacto comunitario recibida.
Este fondo está diseñado para ofrecer subvenciones y préstamos a los empresarios del cannabis en crisis, con especial atención a las personas de color y otras comunidades desproporcionadamente afectadas por la Guerra contra las Drogas.
Tras la audiencia pública del 8 de septiembre, la comisión votará los reglamentos definitivos relativos a los acuerdos con las comunidades anfitrionas, la equidad municipal y las políticas de contratación de aptitud.
