El lunes, Abogados por los Derechos Civiles (LCR), una organización sin fines de lucro con sede en Boston, presentó una demanda en nombre de grupos comunitarios afroamericanos y latinos en Nueva Inglaterra, alegando que el sistema de admisiones de Harvard viola la Ley de Derechos Civiles.
Según un comunicado por LCR, las organizaciones Greater Boston Latino Network (GBLN), Chica Project, y African Community Economic Development of New England (ACEDONE) desafiaron las admisiones por legado en la Universidad de Harvard y argumentaron que esta práctica discrimina a estudiantes de color al otorgar una ventaja injusta a los hijos en su mayoría blancos de exalumno.
“La práctica de Harvard de ayudar a los hijos de donantes y ex alumnos adinerados, que no han hecho nada para merecerlo, debe terminar. Este trato preferencial se otorga abrumadoramente a los solicitantes blancos y perjudica los esfuerzos por diversificar. Particularmente a la luz de la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada, es imperativo que el gobierno federal actúe ahora para eliminar esta barrera injusta que sistemáticamente pone en desventaja a los estudiantes de color”, dijo Michael Kippins, litigante de LCR.
La reacción en contra de esta práctica ha aumentado después de la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada que puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias.
La nueva demanda se basa en datos de Harvard que salieron a la luz durante el caso de en la Corte Suprema. Los registros revelaron que el 70% de los solicitantes relacionados con donantes y legados de Harvard son blancos, y ser un estudiante por legado aumenta aproximadamente seis veces las posibilidades de ser admitido. Los activistas señalan que las universidades deben de ignorar la raza de los solicitantes, pero las instituciones aún pueden dar un impulso a los hijos de exalumnos y donantes.
«¿Por qué estamos premiando a los hijos por privilegios y ventajas acumuladas por generaciones anteriores?», dijo Ivan Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del grupo. «El apellido de tu familia y el tamaño de tu cuenta bancaria no son una medida de mérito y no deberían tener influencia en el proceso de admisiones universitarias».
La demanda exige una investigación federal por parte del Departamento de Educación (DOE) sobre las preferencias en la admisión.
«Este trato preferencial no tiene nada que ver con el mérito del solicitante. En cambio, es un beneficio injusto e inmerecido que se otorga únicamente en función de la familia en la que nació el solicitante. Esta costumbre, patrón y práctica es excluyente y discriminatoria. Desventaja severamente y desfavorece a los solicitantes de color», según la denuncia. También se menciona que universidades y colegios, incluyendo los de Colorado, California, Johns Hopkins y Amherst, han reconocido la injusticia de tales preferencias y las han abandonado.
