Los integrantes de la Asociación de Inquilinos del 54 Clark Avenue LatinX en Chelsea, antes de dirigirse a su primer juicio de “mediación” por el desalojo impuesto por su arrendador Groma Properties se reunieron frente al edificio donde viven, con pancartas en mano para exigir un acuerdo justo y mejores condiciones en sus viviendas, las cuales están infestadas con plomo, asbesto, goteras y ratas, según denunciaron.
Seneyda Mejía, dirigente de los inquilinos de Clark avenue, afirmó que Groma Properties hizo una limpieza de asbesto en el sótano de su vivienda antes de la Navidad pasada. “Mi familia no tenía idea hasta que mi esposo fue al sótano a buscar nuestro árbol de Navidad y encontró nuestras cosas cubiertas de lo que parecía polvo de pintura, pero era asbesto. Ni siquiera sabíamos lo peligroso que es el asbesto, una vez que nos enteramos nos sentimos tan irrespetados por la falta de seguridad en nuestro edificio”, puntualizó.
Doña Seneyda, quien es oriunda de Honduras, alquila un apartamento de 2 habitaciones a 2375 dólares mensuales, en el 54 Clark Avenue desde hace 5 años, quien vive junto a su esposo y sus tres hijas, Victoria de 4 años, Amy de 6 y Mía de 9. “Quiero una negociación justa porque estoy siendo desalojada, no es por falta de pago, nunca he estado un mes sin pagar la renta, aunque he vivido en condiciones muy malas porque hay cucarachas, ratones, la ciudad ordenó hacer limpieza, pero los dueños no lo han hecho nada, sólo les interesa el dinero. No quiero renovar mi contrato porque quieren aumentar 400 dólares más”, comentó.
En la manifestación, también, estuvieron presentes inquilinos multigeneracionales de vecindades aliadas bilingües de East Boston.
María Inés Gutiérrez es colombiana y vive en Los Estado Unidos como refugiada. Cuando el 3 de enero de 2022 alquiló un apartamento de tres habitaciones, ubicado en el 744 Bennington Street, en East Boston, su contrato mensual era de 2400 dólares, hoy se pretende subir la renta a 3600 dólares. “El señor dueño de casa quiere que le aumente el 150% del arriendo, me pusieron una rata en la cara, me botaron mis cosas al piso, entra al departamento cuando quiere, no me deja dormir, quiero que la justicia se haya realidad no solo para María Inés Gutiérrez sino para todo quienes estamos sufriendo estos abusos”, afirmó.
Gabriela Cartagena de City Life/Vida Urbana, una organización que busca una equidad en la vivienda manifestó que luego de tres años desde que los tribunales de vivienda de Massachusetts cerraron por la pandemia del COVID 19, la tasa de desalojos sin culpa está aumentando, a medida que las corporaciones inmobiliarias compran y venden edificios a precios inflados en muy malas condiciones y lo que es peor dijo que están aumentando el alquiler. “Lo que necesitamos es que el estado levante la prohibición de control de renta para poder estabilizar a las familias de Chelsea y Massachusetts”, solicitó.
Es válido recordar que la Asociación de Inquilinos de Clark Ave LatinX se formó en julio de 2022 debido al vencimiento de los contratos de arrendamiento, los aumentos de alquiler y la falta de mantenimiento en las viviendas. Groma Properties compró los apartamentos ubicados en el 54 Clark Ave, hace dos años, y desde entonces ha evadido las reparaciones en el edificio.
“Tenemos que organizarnos, luchar porque es la única forma de perder el miedo y obtener nuestras victorias, queremos un control de renta, mantenernos en nuestros hogares, para que no nos desalojen sin causas, cada mes nos quieren subir el arriendo, también tenemos que pagar renta por las cucarachas y los ratones que viven con nosotros”, indicó Lucía Guardado, quien se ha presentado 5 veces en la Corte de Justicia, para exigir sus derechos como arrendataria. “He ganado cuatro juicios y actualmente estoy en corte otra vez”, afirmó.
Desde la última manifestación organizada frente a las oficinas de Groma Properties en noviembre del 2022, cuatro familias han recibido avisos de desalojo y citaciones judiciales. Ante esta situación City City Life/Vida Urbana informó que Groma Properties recientemente rechazó los pagos por parte de los inquilinos al optar por no cobrar los cheques que los hogares enviaron para pagar su alquiler como una táctica para crear una “deuda de alquiler”, así también indicó que está exigiendo a los inquilinos que paguen un aumento del 50% bajo el pretexto de una cláusula remanente. “Una táctica notoria del propietario que utiliza para infiltrar aumentos de alquiler y despojar a quienes alquilan de sus derechos”, finaliza el comunicado.
