La fiscal general, Andrea Campbell anunció un acuerdo de $350,000 entre la concesionaria Hometown Auto Framingham, Inc. por discriminación de precios de productos complementarios vendidos a consumidores latinos y de color.
Según un documento presentado en el Tribunal Superior de Suffolk, la compañía Hometown Auto, con dos concesionarios de automóviles ubicados en Wellesley y Danvers se involucró en precios injustos y discriminatorios vendiendo a consumidores latinos y afroamericanos artículos y servicios más elevados en costos que a personas blancas. Estos incluyen productos de protección de activos garantizados (GAP), protección de pintura, protección de neumáticos, ruedas y arrancadores remotos.
“Los consumidores deben saber que su raza o etnia no tendrá absolutamente ningún efecto en el tipo de servicio que reciben de los concesionarios de automóviles de Massachusetts o el precios que se les cobrarán”, dijo AG Campbell.
Campbell informó que su oficina está comprometida a proteger a los consumidores de las prácticas discriminatorias que se interpongan garantizar que a todos los consumidores se les cobre de manera equitativa y justa.
La Fiscalía General determinó que Hometown cobró precios más altos a sus consumidores latinos por los mismos productos que a personas blancas, violando así la ley de protección al consumidor, por lo que la fiscalía anunció llegar a un acuerdo en el que la compañía pague $350,000, de los cuales $200,000 se asignarán para brindar restitución a los consumidores perjudicados, y para realizar cambios y disminuir la probabilidad de disparidades de precios en el futuro mediante lo siguiente:
- Brindar capacitación al personal sobre el sesgo implícito y la obligación de no discriminar en la fijación de precios de los productos.
- Exigir la divulgación de los precios de los productos “complementarios” para proporcionar transparencia sobre el precio de cualquier producto complementario que se ofrezca a los consumidores.
- Mejorar la supervisión de los precios de los productos “complementarios” mediante la implementación de una política de precios estandarizada para productos “complementarios” que limita cuándo y por qué el personal puede desviarse de dichos precios y requiere documentación y supervisión para las desviaciones de precios.
Proporcionar información de monitoreo de cumplimiento a la Oficina del AG con respecto a futuras ventas de productos “complementarios”.
Este asunto fue manejado por la subjefa de división Mychii Snape, la fiscal general adjunta Schuyler Daum y Sky Karp de la División de Protección al Consumidor de la AG.
