La ciudad de Boston ha experimentado un aumento significativo de inmigrantes en los dos últimos años. Aunque la mayoría de migrantes cruzando la frontera entre Estados Unidos y México recientemente son de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; Boston no maneja cifras sobre los países de orígenes de los inmigrantes que llegan a la ciudad. Las economías inestables de los países latinoamericanos, sumado a los tiempos de precariedad dejados por la pandemia, han provocado un repunte récord de las cifras de migrantes tratando de cruzar la frontera.
Los encuentros mensuales entre agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense con migrantes que intentan entrar en Estados Unidos se mantienen en los niveles más altos de las dos últimas décadas, según estadísticas del Gobierno. En 2022, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos informó de casi 2,8 millones de encuentros con inmigrantes en la frontera sur.
La actual crisis de refugiados se ha convertido en una prioridad para el gobierno federal. Sin embargo, los gobiernos locales también se enfrentan a retos regionales a la hora de acoger y atender inmigrantes.
Funcionarios de vivienda de Massachusetts han advertido a la legislatura estatal de que el sistema de refugios de emergencia del estado puede alcanzar su máxima capacidad debido a la falta de financiación, lo que podría dejar a muchos sin un lugar para vivir.
En una llamada con medios de comunicación comunitarios el jueves, Sheila A. Dillon, jefa de vivienda de la ciudad de Boston, subraya que Massachusetts ha estado utilizando su reserva de emergencia de acogida familiar. Aún así, muchas de las personas no tienen la documentación requerida para ser admitidos por el sistema. “Todos los días llegan familias a los hospitales en busca de servicios y refugio. Llegan al aeropuerto Logan y a comisarías de policía. Lugares en los que estas familias no deberían estar”, añadió Dillon.
La Dra. Geralde Gabeau, directora ejecutiva del IFSI (Instituto de Servicios para Familias Inmigrantes), explica que su organización ha trabajado sin descanso durante el último año debido a la limitada respuesta por parte del actual sistema de acogida. Uno de los principales problemas que ha observado la Dra, Gabeau es la larga espera para otorgar los permisos de trabajo a los inmigrantes. “El tema de los permisos de trabajo ha sido uno de los principales obstáculos para ayudar a las familias que recibimos. Si no podemos dar permisos de trabajo a las personas que más necesitan un trabajo, vamos a estar en esta situación por mucho más tiempo. El departamento de servicios migratorios está tomando un tiempo exagerado para procesar los casos pendientes de asignación de permiso de trabajo”.
Monique Tú Nguyen, directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde para el Avance de los Inmigrantes, informa de que la administración del alcalde Wu ha estado trabajando con la administración estatal, organizaciones sin ánimo de lucro y hospitales para conseguir los recursos y cambiar las políticas que han creado la situación actual.
Muchos de los migrantes se enfrentan a la barrera del inglés, lo que les dificulta adaptarse a su nuevo entorno. Mariama White-Hammond, Jefa de Medio Ambiente, Energía y Espacios Abiertos, explica cómo los bostonianos más vulnerables entre los que están las comunidades de inmigrantes y las personas mayores son a menudo, los que de manera injusta, pagan de más por la electricidad. Se ha observado prácticas poco éticas de algunos proveedores de electricidad que se aprovechan de sus barreras lingüísticas y de su vulnerabilidad para cobrarles de más. “La ciudad creó el programa Boston Community Choice Electricity. Nuestra misión es suministrar a la gente energía renovable asequible. Queremos denunciar esta situación porque podemos proporcionar una solución al problema”.
El estado se enfrenta a un problema complejo, ya que tiene una de las tasas más altas de familias sin hogar del país, situándose como la tercera más alta de la nación el año pasado. Además, la ley estatal sobre el derecho a la vivienda obliga al gobierno a proporcionar asistencia inmediata en materia de vivienda a las familias que reúnan los requisitos y soliciten ayuda.
En noviembre, el gobernador Charlie Baker presentó una propuesta en la que solicitaba 130 millones de dólares adicionales de financiación para refugios de emergencia. El proyecto de ley destinaría fondos a la construcción de nuevos refugios, cubriría los crecientes gastos del actual sistema de refugios de emergencia y crearía un centro estatal para ayudar a los refugiados a encontrar vivienda y acceder a las prestaciones estatales y federales.
Atacando el problema desde la raíz:
Los recientes cambios en las políticas federales de inmigración buscan presentar posibles soluciones a la crisis actual. El gobierno de Biden ha puesto en marcha nuevos programas para fomentar la inmigración legal procedente de países políticamente inestables como Venezuela y Cuba. Al tiempo, ha aplicado estrictas políticas fronterizas para disuadir de cruzar la frontera a personas no autorizadas. Muchos sectores consideran que estos esfuerzos han dado resultados prometedores, con cifras que indican un descenso significativo de los cruces no autorizados.
El gobierno federal ha puesto un límite mensual de 30.000 inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Un nuevo programa permite ahora a los residentes en Estados Unidos patrocinar a los «parolees» (Los inmigrantes que llegan bajo ese programa no entran como solicitantes de asilo, sino como parolees). Estos cambios pretenden atacar el problema de raíz, la frontera sur. La situación se sigue vigilando de cerca, y los funcionarios locales piden un enfoque polifacético para poner fin a la crisis.
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