Foto: Pixabay
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El gobierno de Joe Biden revocó la semana pasada la política instaurada durante la presidencia de Donald Trump y que es conocida como carga pública.

Con esta medida, se imponía un impuesto sobre el patrimonio a quienes busquen la residencia permanente en los Estados Unidos.

La nueva regla estará vigente desde el 23 de diciembre. Como ya se sujetó a un periodo de comentarios públicos que duró 60 días, no es necesario que pase por más procesos de adjudicación antes de que empiece a funcionar.

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La nueva carga pública fue reducida ampliamente y ahora dictaminará dos puntos: la asistencia temporal para familias necesitadas y la institucionalización para cuidados a largo plazo.

Lo positivo para los migrantes. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó en un comunicado el pasado 8 de septiembre que esta acción del gobierno de Biden «garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses».

  • Agregó que «de acuerdo con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos».
  • Al menos 10 millones de adultos y 12 millones de niños, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses pero nacidos en familias de estatus mixto, se verán beneficiadas por la nueva medida de Biden.
  • La directora de la Iniciativa de Servicios Humanos del Instituto de Políticas Migratorias, Essey Workie, dio la bienvenida al cambio de política, que estima «tendrá un impacto beneficioso en millones de migrantes, principalmente en mujeres y niños».

El miedo persiste. En una entrevista con la organización que reúne a más de 2 mil medios de comunicación étnicos en todo el país, Ethnic Media Services, Workie comentó que «mientras la regla avanza en la dirección correcta, las comunidades de inmigrantes aún temen lo que pueda suceder en el futuro. Un cambio en la administración podría traer de vuelta las reglas restrictivas, lo que afectaría el estatus migratorio».

  • Aseguró que pese a que existe la posibilidad de que hayan demandas y medidas cautelares contra esta regla, no encuentra forma de que «eso se aplique a esta situación».
  • Por su parte, la directora ejecutiva de Houston Inmigration Legal Services Collaborative, Zenobia Lai, afirmó que los beneficios que recibirán los niños no tendrían validez si un oficial de migración determina si un solicitante se considera una carga pública. Agregó que solo contaría la asistencia del gobierno, y según la nueva regla se ceñiría al Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la institucionalización médica a largo plazo, aunque manifestó su esperanza de que ambas categorías sean eliminadas en algún momento.

Fuente principal de la noticia: Sunita Sohrabji

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