Por Ally Jarmanning
Traducido al español por El Planeta
La policía de Groton encontró el cuerpo de Mary Fairbairn, de 57 años, tendido en la cama en un charco de sangre. La autopsia demostró que había sido apuñalada 27 veces. Su marido confesó inmediatamente.
“Maté a mi esposa”, dijo supuestamente Gregory Fairbairn cuando llegó la policía el 19 de octubre de 2019. “Solo ponme una bala”.
Aunque los fiscales proporcionaron rápidamente detalles sobre el asesinato, la policía utilizó una amplia ley de confidencialidad para evitar que el público conociera detalles cruciales sobre lo que hicieron -y no hicieron- los meses que antecedieron al apuñalamiento.
Mary Fairbairn con su hija en una foto familiar sin fecha. Mary fue asesinada en 2019. Su familia tiene dudas sobre cómo respondió la policía antes de que ella muriera. (Cortesía de Ann Donahue)
Les habían advertido en repetidas ocasiones que el marido de Mary la amenazaba, dijo un miembro de la familia, pero hicieron poco para intervenir. De hecho, la policía fue llamada dos veces a la casa de la pareja en la semana anterior al apuñalamiento por la preocupación por el bienestar de Mary. En ambos casos, la policía se negó a realizar un arresto y mantuvo los informes bajo llave.
“No la mataron, pero fueron negligentes en todo momento a la hora de proteger a Mary”, dijo la hermana de Fairbairn, Ann Donahue, una de las personas que llamó a la policía en los días previos a la muerte de Mary.
De hecho, 16 departamentos de policía rechazaron la solicitud de WBUR para obtener los registros que detallan sus acciones relacionadas con los asesinatos domésticos, todos citando el mismo estatuto.
También ha perjudicado a las víctimas al dificultar -incluso imposibilitar- la obtención de los registros que necesitan para las demandas de custodia y las órdenes de alejamiento.
David Adams, que dirige un programa con sede en Malden que trata de rehabilitar a los maltratadores domésticos, calificó la ley de «auténtico regalo para los maltratadores».
“La violencia doméstica se nutre realmente del secreto y el silencio”, dijo Adams, codirector de Emerge.
Otros estados exigen a la policía que reduzca los nombres de las víctimas para proteger su privacidad, pero la ley de Massachusetts va mucho más allá.
“La violencia doméstica se nutre realmente del secreto y el silencio”
La versión inicial, aprobada en 1974, hacía confidenciales todas las denuncias de violaciones y agresiones sexuales, pero no mencionaba los casos de agresión doméstica. Con los años, eso cambiaría.
En 2013, Jared Remy -el hijo del famoso segundo base de los Red Sox y locutor Jerry Remy- asesinó a su novia, lo que provocó nuevas peticiones de reforma. Los registros mostraban que Jared Remy tenía un historial de violencia doméstica, pero evitaba la cárcel una y otra vez.
En respuesta, los legisladores aprobaron rápidamente un enorme paquete de medidas destinadas a reprimir a los agresores domésticos.
La versión final de la ley incluía una controvertida medida que llevaba siete años sin aprobarse. Hacía que todos los registros de violencia doméstica fueran secretos en Massachusetts, al igual que las denuncias de violencia sexual. Los promotores dijeron que esperaban que el cambio animara a más víctimas a ponerse en contacto con la policía al garantizar que no serían identificadas públicamente.
Jared Remy en su comparecencia en 2013.
(Wendy Maeda/The Boston Globe vía Getty Images)
La versión final de la ley incluía una controvertida medida que llevaba siete años sin aprobarse. Hacía que todos los registros de violencia doméstica fueran secretos en Massachusetts, al igual que las denuncias de violencia sexual. Los promotores dijeron que esperaban que el cambio animara a más víctimas a ponerse en contacto con la policía al garantizar que no serían identificadas públicamente.
Pero incluso los partidarios de esa disposición reconocen ahora que no tienen pruebas de que eso haya ocurrido realmente. En general, el número de denuncias de violencia doméstica se mantuvo prácticamente sin cambios después de que la ley entrara en vigor en 2014, según datos de más de una docena de los departamentos de policía más grandes del estado.
Los defensores dijeron que hay buenas razones por las que la ley de confidencialidad no logró su objetivo. Muchas víctimas desconocen el estatuto, no creen que sirva de nada o no piensan en la ley en absoluto en un momento de crisis.
Al mismo tiempo, los defensores están cada vez más preocupados por las desventajas de hacer confidenciales todas las denuncias y detenciones.
Jamie Sabino, abogada del Instituto de Reforma Legislativa de Massachusetts, dijo que le preocupaban las posibles “consecuencias no deseadas”, incluso cuando ayudó a asesorar a los legisladores sobre el lenguaje del proyecto de ley de 2014.
Inmediatamente después de la aprobación de la ley, la policía de Waltham guardó bajo llave los registros del largo historial de violencia doméstica de Jared Remy, lo que dificulta la revisión de si se hizo lo suficiente para responsabilizarlo antes de que asesinara a su pareja, Jennifer Martel.
Kimberly Yox, una abogada que representa a supervivientes de la violencia doméstica, dijo que es irónico que los registros policiales de Remy sean ahora secretos, ya que lo que se informó públicamente sobre esos registros ayudó a impulsar a los legisladores a tomar medidas contra la violencia doméstica.
“Sin esa cobertura detallada del caso de Jennifer Martel y de las anteriores sobrevivientes de violencia doméstica que habían sido víctimas de Jared Remy, no creo que tuviéramos esta ley”, dijo Yox, abogada del Centro de Justicia del Sureste de Massachusetts.
Tener estos registros nos ayuda a entender los matices de la violencia doméstica y la respuesta del sistema, dijo Yox.
Jennifer Martel, de 27 años, fue apuñalada hasta
la muerte por Jared Remy en su apartamento en 2013. (Facebook)
En cambio, la legislatura dio a los departamentos de policía una manera fácil de evitar el escrutinio. Más de una docena de otros departamentos de policía de Massachusetts con al menos un homicidio por violencia doméstica en los últimos años se negaron a proporcionar a la WBUR los registros de las llamadas anteriores por violencia doméstica antes del asesinato.
“Utilizar esta ley para ocultar cómo respondió el sistema no sirve a nadie”, dijo Laura Van Zandt, directora ejecutiva de REACH Beyond Domestic Violence, una organización regional de violencia doméstica centrada en la prevención y la intervención.
Muchos departamentos también han utilizado la ley para ocultar información sobre las agresiones sexuales no resueltas, lo que dificulta saber si han perdido oportunidades cruciales para atrapar a los sospechosos, poniendo en riesgo al público.
“Utilizar esta ley para ocultar cómo respondió el sistema no sirve a nadie”
La policía de Quincy y Framingham dijo que cada uno de ellos registró tres casos de violaciones de desconocidos sin resolver en los últimos años. Pero se negaron a dar detalles de los delitos, y ningún portavoz del departamento recordó haber alertado al público. No está claro en ninguno de los casos si las agresiones fueron cometidas por diferentes personas o por violadores en serie que siguen sueltos.
La policía también ha utilizado repetidamente la ley para ocultar la mala conducta de sus propios agentes.
Más de 40 departamentos en todo el estado rechazaron las solicitudes de WBUR para los registros de los oficiales acusados de violación, abuso de niños u otros incidentes relacionados con la violencia sexual o doméstica. Eso incluye la policía en Belmont, Fitchburg, Weymouth, New Bedford y Taunton.
Algunos, como Boston y Methuen, ni siquiera quieren dar a conocer los nombres de los agentes acusados de violencia sexual o doméstica, a diferencia de otros departamentos que dan a conocer los nombres de los agentes, pero no proporcionan detalles de las acusaciones. North Attleboro accedió a entregar algunos documentos de un agente implicado en un disturbio doméstico, pero estaban tan editados que era imposible saber lo que ocurrió o cómo investigó el departamento las acusaciones.
En un ejemplo, la policía de Everett retuvo registros sobre el oficial Michael Mori, que fue acusado de golpear a su esposa embarazada en 2016.
Los cargos penales se retiraron más tarde después de que su esposa se negara a testificar, pero un registro de investigaciones internas muestra que el departamento encontró que violó las reglas del departamento. Aun así, el departamento lo mantuvo en la fuerza y guardó bajo llave su informe sobre la investigación.
El capitán de Everett, Paul Landry, dijo que el departamento está obligado a mantener confidenciales todos los registros de violencia doméstica.
Algunas víctimas afirman que la ley también les ha dificultado la obtención de los documentos que necesitan, a pesar de que el estatuto contiene una exención explícita que permite el acceso a las víctimas y a sus abogados.
Pensemos en lo que le ocurrió a Geneva Davis.
Hace dos años, un hombre con el que había salido la mantuvo como rehén en su apartamento durante horas. Destrozó su apartamento, la obligó a desnudarse, le arrancó trozos de pelo y la golpeó.
“Cada vez que me ponía una prenda, él me la arrancaba”, recuerda.
Un vecino llamó al 911 tras oír el alboroto. Pero el hombre obligó a Davis a guardar silencio cuando la policía llamó a la puerta. Y los agentes se marcharon sin entrar en el apartamento.
”Estoy muerta”, pensó. “Realmente va a matarme”.
Finalmente, Davis escapó por la puerta trasera y una mujer que estaba en un coche cercano la ayudó a llamar a la policía. El hombre fue detenido más tarde y condenado a hasta tres años de prisión.
En las semanas y meses posteriores a la agresión, Davis trató de aclarar lo sucedido, con poca ayuda de la policía.
Una y otra vez, los agentes de la comisaría de Dorchester dijeron que no podían entregar los registros sobre lo que le había ocurrido, porque estaban codificados como violencia doméstica.
Finalmente pudo conseguir algunos informes tras encontrar un abogado del Instituto de Violencia Doméstica de la Universidad del Noreste. Incluso entonces, la policía insistió en que algunos registros del secuestro estaban fuera de los límites, como la llamada al 911 y el informe del vecino. Como víctima, dijeron, a Davis únicamente se le permitía ver los registros de las denuncias que ella misma realizaba.
Un portavoz de la policía de Boston dijo que los oficiales saben que las víctimas tienen derecho a las copias de sus propios informes, pero no tenía suficiente información para comentar acerca de por qué Davis no podía obtener el suyo. Reiteró la postura del departamento de que las llamadas como la de la vecina no están disponibles para las víctimas.
Davis dice que la gente merece saber que estos crímenes atroces están ocurriendo en su comunidad. Por eso cree que los registros deberían estar a disposición de cualquiera.
“Esas cosas deberían ser registros públicos”, dijo, “para que la gente pueda ver que esto es real”.
En otros casos, dicen los defensores y los supervivientes, la excepción para que las víctimas obtengan los informes es demasiado reducida.
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Una madre de South Shore obtuvo una orden de alejamiento contra su marido tras huir de su casa con su hija de un año. Pero dice que tuvo problemas para obtener los registros que necesitaba para la demanda de custodia de su hija.
Pidió copias de los informes que demostraban que su marido había abusado de otras dos mujeres, tanto para ayudar a corroborar su propio relato de abuso como para demostrar que formaba parte de un patrón más amplio.
Pero la policía de Boston se negó a darle los informes, diciendo que ella no era la víctima en esos otros casos.
“Lo que sentí cuando me dijeron que no era que lo estaban protegiendo una y otra vez”
“Lo que sentí cuando me dijeron que no era que lo estaban protegiendo una y otra vez” dijo. (WBUR no nombra a las víctimas de la violencia doméstica o sexual sin su permiso, y la madre de South Shore dijo que teme las represalias de su ex pareja).
La mujer finalmente obtuvo los registros a través de los tribunales, pero sólo después de que su ex los solicitara él mismo. Ahora está impulsando una ley estatal que permita a las parejas de los agresores acceder a informes similares en el futuro.
Las víctimas no son las únicas que se sienten perjudicadas por la ley de confidencialidad. Los funcionarios de Somerville se negaron a entregar a una familia un informe que acusaba a su hijo de 6 años de una agresión sexual. Los administradores de la escuela dijeron a los padres que alguien había llamado a la policía después de que el niño de primer grado supuestamente tocara el trasero de un compañero. Pero la ciudad dijo que los padres no tenían derecho a ver el informe, debido a la ley.
La ley también ha puesto trabas a periodistas e investigadores. La policía de Boston, por ejemplo, ocultó los tiempos de respuesta a las llamadas de violencia doméstica. A un profesor de la Universidad de Northeastern que estudiaba los suicidios se le impidió obtener los registros de las personas que habían estado involucradas en el abuso. Y otra investigadora que examina la violencia doméstica dijo que probablemente tendrá que excluir a Massachusetts de su investigación debido a la amplia ley de confidencialidad del estado.
Los departamentos de policía dicen que no tienen otra opción. La ley dice que no pueden divulgar ninguna denuncia de violencia doméstica o sexual o se enfrentarán a una pena de hasta un año de prisión o a una multa de hasta $1,000.
Sin embargo, los fiscales reconocen que nunca han aplicado la ley, dando esencialmente a la policía la discreción de cuándo divulgar los registros.
La policía de Groton rechazó la solicitud de WBUR de informes de violencia doméstica en los meses anteriores a la muerte de Mary Fairbairn a puñaladas. El departamento, sin embargo, dio algunos de esos mismos registros a su hermana, que a su vez los mostró a WBUR. La policía de Groton no quiso explicar la discrepancia.
Rachel Wechsler, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri, que investiga la violencia de género, dijo que la policía es a menudo selectiva acerca de los detalles que se dan a conocer cuando la ley no les obliga a revelar todo.
“Van a poner la información que les sea más favorable y les haga parecer que son los más eficaces”.dijo.
Esto es así en todo el país, dijo. Pero otros estados suelen adoptar enfoques mucho más específicos para proteger la privacidad de las víctimas, aunque siguen exigiendo a los departamentos que proporcionen cierta información o documentos sobre incidentes de violencia doméstica o sexual.
“Hay una consecuencia muy clara, no intencionada, de empoderar a las autoridades policiales… para realmente afirmar un mayor poder y control sobre el acceso a la información y los registros”.
Vermont permite a la policía ocultar los nombres de las víctimas y los testigos. Pero las leyes no permiten a la policía mantener en secreto todas las detenciones e informes.
“Mientras la información de la víctima esté a salvo, no veo que la retención del resto de la información suponga ningún bien público”. dijo Lia Ernst, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles en Vermont.
Algunos grupos que apoyaron la medida de 2014 para ampliar la ley de confidencialidad de Massachusetts, como Jane Doe Inc, dicen ahora que están abiertos a realizar cambios. Hema Sarang-Sieminski, directora de políticas de la organización, dijo que es hora de que un estudio o comisión examine el estatuto.
“Si bien la intención de esta ley era aumentar la seguridad de los supervivientes y proteger su privacidad, existe una consecuencia no deseada muy clara, que consiste en otorgar a las fuerzas del orden, a los departamentos de policía, un mayor poder y control sobre el acceso a la información y los registros”, dijo. “Creo que es hora de abordarlo”.
El ex diputado Rep. Jon Rotenberg, que patrocinó la legislación original que mantenía en secreto las denuncias de violación en 1974, dijo que sigue pensando que se necesitan protecciones para persuadir a las víctimas de que se presenten. Pero dijo que valía la pena evaluar la eficacia de la ley ahora que ha pasado tanto tiempo.
La representante estatal Alice Hanlon Peisch, la legisladora de Weston que patrocinó el proyecto de ley de violencia doméstica aprobado en 2014, dijo que también estaría abierta a discutir cambios, como por ejemplo si se deben hacer públicos los registros en los casos en que las personas fueron asesinadas.
Mientras tanto, persisten los interrogantes sobre la muerte de Mary Fairbairn.
Los tribunales todavía están determinando si su marido, Gregory, está mentalmente capacitado para ser juzgado. Incluso si lo está, es probable que el juicio se centre en el asesinato más que en las acciones del departamento de policía antes de su muerte. Y la subjefa de Groton, Rachael Bielecki, dijo que el departamento no puede hablar de cómo manejó las solicitudes de ayuda antes del asesinato mientras el caso esté pendiente.
La hermana de Mary, Ann Donahue, se pregunta si alguien investigará alguna vez si la vida de Mary podría haberse salvado. Dice que entiende la necesidad de mantener la confidencialidad de algunos registros, pero cree que las familias merecen un mayor acceso a los registros y que una junta independiente debería investigar este tipo de muertes.
Donahue dice que Mary era una madre maravillosa que dejó una hija y muchos otros familiares y amigos que la echan de menos.
“Una vez que esa persona se ha ido, no se puede volver atrás y rellenar los espacios en blanco”, dijo Donahue. “Y es como un gran agujero que deja en tu corazón el no conocer los acontecimientos que condujeron a la muerte de tu ser querido”.
Grace Ferguson de WBUR contribuyó a este informe.
Si usted o alguien que usted conoce está experimentando la violencia doméstica, puede llamar a SafeLink, la línea directa de la violencia doméstica de Massachusetts 24/7 y el recurso en 877-785-2020 o visite el sitio web del grupo.
Este segmento se emitió el 29 de agosto de 2022.
Por Ally Jarmanning en Edición matutina de WBUR.
