Buscan que la Ley de Movilidad Laboral y Familiar sea derogada y sometida a referéndum popular el 6 de noviembre
Por más de una década, activistas y defensores de los inmigrantes estuvieron presionando al congreso de Massachusetts para que aprobara un proyecto de ley que permitiera a los indocumentados conducir legalmente en el estado. En junio, este proyecto finalmente se convirtió en ley. Pero ahora hay un esfuerzo importante para anular esta ley y someterla a votación popular en noviembre.
El jueves, un comité llamado “Fair and Secure Massachusetts” presentó ante la Secretaría del Estado 40,120 firmas, la cantidad requerida para incluir una pregunta-referéndum (ballot question) en la boleta electoral de noviembre.
La Secretaría confirmó la recepción de las firmas, y ahora procederá a autenticarlas y certificarlas. La portavoz Debra O’Malley dijo que el grupo puede continuar recolectando firmas hasta la fecha límite para enviarlas a los secretarios locales, que es a las 5 pm del 24 de agosto.
Wendy Wakeman, una de las dirigentes del comité opositor, dijo que están recolectando más firmas hasta llegar a una meta de 20.000 antes de la fecha límite. “Estamos encaminados y muy confiados en que sacaremos adelante este esfuerzo”, dijo Wakeman.
Fair and Secure Massachusetts se opone al proyecto de ley porque alegan que las personas sin estatus legal en el país no deberían obtener licencias de conducir. También dicen que el Registro de Vehículos Motorizados no está equipado para verificar los documentos de identificación.
Para solicitar una licencia de conducir, los inmigrantes deberán mostrar dos documentos que acrediten su fecha de nacimiento e identidad, como un pasaporte extranjero vigente, un documento de identificación consular o una copia certificada de un acta de nacimiento.
El gobernador republicano Charlie Baker inicialmente vetó la legislación cuando llegó a su escritorio, pero la Legislatura -predominantemente demócrata- anuló su veto.
Por su parte, la coalición de grupos a favor de las licencias para indocumentados, llamada “Driving Families Forward”, ya se ha adelantado a lanzar la “Campaña por el Sí”. Roxana Rivera, directora ejecutiva de 32BJ -sindicato que forma parte de la coalición- dijo que ella no está tan confiada de que el grupo opositor conseguirá certificar las firmas necesarias.
Una vez que se revisa la legitimidad de cada firma, se procede al conteo por condado. Por norma, se prohíbe que más de una cuarta parte de las firmas requeridas provengan de un solo condado. Si las firmas verificadas alcanzan el umbral oficial, la oficina del Secretario de Estado incluirá el referéndum en las boletas de noviembre.
“Quienes se oponen a la ley a menudo recurrieron a tácticas desalentadoras de miedo, resentimiento y desinformación al recolectar firmas en los parqueaderos de las tiendas este verano, pero eso solo nos anima a seguir defendiendo tanto la ley de licencias de conducir como la conclusión justa del procedimiento de iniciativa electoral”, dijo.
La opinión pública en el estado parece estar a favor de mantener la ley y otorgar licencias de conducir a los indocumentados.
En una encuesta publicada en julio por Suffolk University y The Boston Globe, alrededor del 58 por ciento de los 569 votantes inscritos encuestados dijeron que votarían para mantener la ley si tuvieran la opción de hacerlo en noviembre, mientras que el 34 por ciento dijo que votaría por una derogación.
La encuesta detectó una fuerte división partidista en cuanto a este tema, con el 78 por ciento de los republicanos a favor de la derogación y el 82 por ciento de los demócratas queriendo mantener la ley.
Los defensores de la Ley de Movilidad Laboral y Familiar han dicho durante mucho tiempo que esta mejorará la seguridad vial, pues todos los conductores deberán aprobar el examen de manejo y adquirir un seguro de automóvil. También alegan que aliviaría las preocupaciones de los inmigrantes de ser revelados como indocumentados y enfrentar la deportación debido a una parada de tránsito de rutina o un accidente.
Elizabeth Sweet, directora ejecutiva de la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts, dijo que su organización “seguirá luchando por esta reforma mientras sea necesario. “Los miembros de la diversa y unida coalición Driving Families Forward han luchado incansablemente durante casi 20 años para permitir que las personas soliciten licencias de conducir independientemente de su estatus migratorio. Si el tema llega a la boleta electoral el 6 de noviembre, confiamos en que el votante estará de acuerdo con nosotros”.
Para Sweet, los beneficios de permitir que las personas soliciten una licencia de conducir independientemente de su estatus migratorio se harán evidentes rápidamente.
En el estado de Connecticut, donde una ley similar entró en vigencia en 2019, se vio una reducción en los casos en los que se dan a la fuga, y una disminución en la cantidad de personas declaradas culpables de conducir sin licencia.
En Massachusetts se estima que hay alrededor de 250.000 inmigrantes indocumentados, según un informe de 2016 del American Immigration Council.
La Ley de Movilidad Laboral y Familiar está programada para entrar en vigencia en julio de 2023.
