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Por: Claudio Martínez, Director Ejecutivo de Zero Debt Massachusetts
A principios de 2022, Zero Debt Massachusetts estableció como prioridad legislativa anual impulsar una enmienda a la Sección 13 del capítulo 30A de las Leyes Generales de Massachusetts, exigiendo que:
Ninguna agencia ni junta de registro que opere bajo las disposiciones del capítulo 112 negará la emisión, revocará o prohibirá la renovación de cualquier licencia o certificado, registro o autoridad profesional u ocupacional con base en el incumplimiento de un préstamo educativo por parte de una persona.
Esta enmienda legislativa, conocida como Bill H.4339, tiene como objetivo brindar protección a casi un millón de personas con préstamos estudiantiles de Massachusetts que corren el riesgo de que se les nieguen, revoquen o renueven sus licencias.
Indiscutiblemente, la actual crisis en deuda de préstamos estudiantiles se ha visto exacerbada por la pandemia del COVID-19; sin embargo, el sistema de financiación de la educación superior está estructurado para beneficiar a las poderosas instituciones crediticias y exprimir a los pobres, los jóvenes y los desfavorecidos.
Por ejemplo, una de esas decisiones políticas nacionales que benefició a las instituciones crediticias incluyó la disminución del financiamiento a las universidades públicas y la oferta de préstamos para estudiantes en lugar de las becas educativas que antes estaban disponibles para los más necesitados. No es sorpresa que muchas instituciones financieras y con fines de lucro aprovecharan la oportunidad para invertir en el mercado de educación superior no regulado.
A propósito de esto, un artículo reciente de Business Insider informó que «durante la última década, las compañías de préstamos estudiantiles han sido acusadas de mala administración y estafa». Pero en lugar de centrarse en estas prácticas cuestionables, el Departamento de Educación de EE.UU. presionó a los estudiantes prestatarios. Según US News and World Report, «En la década de 1990 (…) el gobierno federal instó a los estados a utilizar sus capacidades de revocación de licencias para frenar la creciente ola de incumplimiento de préstamos estudiantiles».
Luego, muchos estados promulgaron leyes para suspender las licencias profesionales y de conducir de los deudores que habían incumplido con sus préstamos estudiantiles. Entre 2005 y 2015, solo Illinois suspendió las licencias de 2,300 trabajadores en 50 áreas diferentes, lo que afectó a más de 600 cosmetólogos, 400 farmacéuticos, barberos y consejeros. Sorprendentemente, a pesar de la escasez de enfermeras, Illinois también suspendió las licencias de casi 500 enfermeras.
Otros estados siguieron su ejemplo: una investigación del New York Times “identificó al menos 8,700 casos en los que se revocaron licencias” debido a un incumplimiento de pago de un préstamo estudiantil. La investigación detalló el caso de una enfermera en Nashville, cuyos repentinos ataques epilépticos le impidieron trabajar y dejó de pagar sus préstamos. Luego perdió su licencia y la capacidad de trabajar. Este caso no es un caso aislado.
A pesar de la extrema naturaleza punitiva de estas leyes y con todo el esfuerzo en hacerlas cumplir, resultaron ser bastante ineficaces. Por ejemplo, el Departamento de Regulaciones Financieras y Profesionales de Illinois no pudo determinar cuánto se ha conseguido recuperar de la deuda de préstamos estudiantiles.
Esta medida mezquina y extremadamente punitiva, dirigida, como está, a los sectores más vulnerables de nuestra población (las comunidades de color de bajos ingresos, los jóvenes y las personas de color que han sido constantemente hostigadas, en particular las mujeres afroamericanas) incitó a un escritor de EE.UU. News and World Report as preguntar: «Si las personas no pueden trabajar… ¿cómo se puede esperar que paguen su deuda?».
En reconocimiento de la injusticia y la naturaleza extremadamente punitiva de estas leyes, ha existido presión por parte de muchos grupos exigiendo derogaciones y una respuesta adecuada a la crisis de la deuda estudiantil nacional. Los sindicatos y defensores de los prestatarios fueron los primeros en hacer sonar las alarmas.
En Massachusetts, la representante estatal Natalie Higgins de Leominster impulsó y lideró la aprobación del proyecto de ley de Protección de Licencias Profesionales H.4339, que inicialmente recibió un fuerte apoyo, pero actualmente languidece en el Comité Senatorial de Medios y Arbitrios.
En este punto, sin embargo, está claro que el impacto de la crisis de la deuda de los préstamos estudiantiles ha afectado de manera desproporcionada a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Y mientras exista una legislación que represente el peligro como la espada de Damocles sobre la cabeza de todos los deudores de préstamos estudiantiles, el estado está perpetuando una injusticia económica y racial.
La legislatura debe aprobar el Proyecto de Ley de Protección de Licencias Profesionales H.4339 con la debida celeridad.
