De izquierda a derecha parte del equipo de abogados de la Fiscalía General de Massachusetts que se encargan del caso de estafa migratoria por parte del abogado George C. Maroun, Jr. James Sweeney, Abogado Litigante Estatal; Jennifer Liu, Jurídico Interno; David Ureña, Fiscal General Adjunto; Marina Bueno, ex Asistente Legal; Andrew Turnball, Asistente Legal; y Samantha Shusterman, Abogada Principal. Foto: Fiscalía General.
De izquierda a derecha parte del equipo de abogados de la Fiscalía General de Massachusetts que se encargan del caso de estafa migratoria por parte del abogado George C. Maroun, Jr. James Sweeney, Abogado Litigante Estatal; Jennifer Liu, Jurídico Interno; David Ureña, Fiscal General Adjunto; Marina Bueno, ex Asistente Legal; Andrew Turnball, Asistente Legal; y Samantha Shusterman, Abogada Principal. Foto: Fiscalía General.

El Tribunal Superior de Middlesex sancionó con más de 240 mil dólares en multas y la restitución del dinero al abogado George C. Maroun Junior por estafar a sus clientes, quienes lo contrataron para realizar servicios legales, los cuales nunca fueron canalizados acorde a la ley.

La sanción fue emitida, después de cuatro años de proceso, por las autoridades de justicia. Al momento el caso lo investiga la Fiscalía General del Estado.

“Este abogado explotó a los inmigrantes que buscaban ayuda legal y obtuvo ganancias a costa de ellos, al mismo tiempo los puso en riesgo de deportación. Fue un caso muy reñido por parte de la Fiscalía General del Estado. Nos complace asegurar la restitución de cuentas a los perjudicados por estas prácticas ilegales”, manifestó la fiscal general, Maura Healey.

La orden fue emitida después de un juicio que duró 12 días en la Corte de Middlesex, lo cual fortaleció la demanda civil presentada en el 2018 por la Oficina de la Fiscal General que alega que George C. Maroun, Jr. estafó a la comunidad de inmigrantes brasileños, empleando prácticas engañosas, violando la Ley de Protección al Consumidor de Massachusetts.

El juez señaló que la Corte Suprema de Justicia y la Junta de Supervisores de Abogados de Massachusetts están en condiciones de decidir si imponen restricciones a la capacidad de Maroun para ejercer la abogacía en el Commonwealth.

Según los términos de la orden judicial, Maroun debe pagar un total de 241 mil 800 dólares, incluidos 160 mil en multas civiles y 81 mil 800 dólares en restitución para los clientes afectados. Maroun también tiene prohibido permanentemente representar a nuevos clientes, presentar solicitudes de inmigración o pedir honorarios legales sin explicarles detalladamente los procesos legales, las opciones disponibles que tienen, los riesgos y los beneficios de sus servicios.

Maroun es un jurista especializado en casos de inmigración que ha mantenido oficinas legales en diferentes lugares como Boston, Somerville, Woburn, Chelmsford y Stoneham. Según consta en la demanda de la Fiscalía General desde enero del 2013, presentó peticiones y solicitudes en nombre de más de 1000 residentes de Massachusetts, muchos de los cuales son de Brasil, quienes tienen un conocimiento de inglés limitado.

Ricardo dos Santos Lopes de Souza es brasileño, quien junto a su esposa llegó hasta donde el abogado George Maroun, en busca de ayuda legal. “Quería que me represente porque fui detenido por inmigración por haber ingresado al país sin inspección y falté a una cita en la Corte de Inmigración”.

El brasileño Ricardo dos Santos Lopes de Souza, fue uno de los inmigrantes estafados por el abogado de migración, George C. Maroun, Jr, quien se llenó de valor y alzó su voz para denunciarlo. Foto: Ricardo dos Santos Lopes de Souza.

Ricardo y su esposa le pagaron al abogado más de 50 mil dólares, pero nunca recibieron una factura por parte del despacho legal, sólo 32 mil dólares han podido ser reconocidos. “En este momento tenemos un nuevo abogado tratando de revertir el daño que nos hicieron, estamos esperando que paguen por los daños causados ​​a nuestra comunidad inmigrante”, manifestó Lopes de Souza, al asegurar que llegó a la Fiscalía a través de una señora llamada Claudia, que también había sido engañada por Maroun y que estaba tomando acciones en su contra. “A pesar del miedo que teníamos decidimos aportar al caso para que otros inmigrantes no pasen por la misma situación de fraude. En Los Estados Unidos hay leyes y no importa tu estatus social o cuánto dinero tengas, las leyes son para todos y con este sentimiento decidimos confiar en la Fiscalía para hacer justicia”.

Con base en la evidencia presentada en el juicio, el juez encontró que Maroun violó repetidamente la Ley de Protección al Consumidor al presentar solicitudes de inmigración en nombre de nuevos clientes sin su conocimiento o consentimiento; al no explicarles los procesos legales que usaría en sus casos, los posibles riesgos o beneficios de esos procesos; al presentar solicitudes de asilo actuales y extemporáneas, declaraciones juradas que contengan información falsa, que casi con certeza serán denegadas y darán paso a procedimientos de deportación.

“Maroun hizo falsas garantías y tergiversaciones al asegurarles un estatus migratorio legal, amenazó con deportarlos para cobrar los honorarios” manifestó uno de los abogados de la Fiscalía que trabaja en el caso, pero quien no quiere ser identificado para no interrumpir con el curso legal de la demanda. Y ante esta infamia legal por la cual han pasado muchos inmigrantes el único deseo que tiene Ricardo de Souza es que todo el peso de la ley caiga sobre los estafadores. “Ojalá paguen por el mal que nos hicieron a cientos de personas que creímos en ellos, por la codicia del dinero destrozaron económicamente a muchas familias y ahora están conmocionados emocionalmente, ojalá afronten la ley de Dios y la ley humana”.

Señor Lopes de Souza cuál sería el llamado que le hace a las autoridades, tomando en cuenta que usted junto a otros inmigrantes están vulnerables ante cualquier estafa migratoria por parte de abogados inescrupulosos. “Me gustaría que las autoridades siguieran animando a la gente a no tener miedo de denunciar a abogados como estos, deseo que el Colegio de Abogados les revoque la licencia para demostrar que la falta de profesionalismo por el dinero fácil no es la bandera que deben llevar. Le pido a nuestra comunidad inmigrante estar más unida, para evitar que malos abogados con promesas imposibles vengan a engañarnos y se burlen de nuestras necesidades”, puntualizó.

Finalmente, el informe del Juez asevera que Maroun debe obtener el consentimiento del cliente antes de realizar cualquier representación o presentar alguna solicitud en nombre de éste, tiene prohibido hacer amenazas de deportación u otras consecuencias migratorias negativas y cobrar honorarios legales o adicionales a los clientes.

Para denunciar una estafa de inmigración, se puede llamar a la División de Derechos Civiles que pertenece a la Oficina de la Fiscalía General de Massachusetts, al número 617- 963- 2917. Si desea más información puede visitar la siguiente página web: www.mass.gov/immigrationscams.

Maura Healey, Fiscal General de Massachusetts afirma que su administración protege a los residentes de las prácticas fraudulentas de las leyes de inmigración protagonizadas por abogados inescrupulosos. Foto: Fiscalía General.

“Como parte de los esfuerzos continuos de la oficina de la Fiscalía para resguardar a las comunidades de inmigrantes del estado, he estado informando y protegiendo a los residentes de las prácticas fraudulentas de las leyes de inmigración. La campaña de educación multilingüe de la oficina, lanzada por primera vez en 2018, brinda a las comunidades inmigrantes información sobre estas acciones depredadoras, las herramientas y consejos necesarios para ayudar a protegerse”, indicó la fiscal Maura Healey. Es por ello, que la Fiscalía General ha relanzado sus materiales educativos y de divulgación después de escuchar de miembros de la comunidad sobre abogados sin escrúpulos que se aprovechan de sus clientes, llevando a cabo una estafa generalizada conocida como “fraude notarial”, o lo que es lo mismo una práctica no autorizada de la ley de inmigración.

Este caso fue manejado por la abogada principal Samantha Shusterman de la División de Protección al Consumidor de Attorney General Healey; el Fiscal General Adjunto, David Ureña de la División de Derechos Civiles de Attorney General Healey; los ex asistentes legales, Marina Bueno y Sneha Pandya; el asistente legal, Andrew Turnbull de la División de Protección al Consumidor; y la investigadora principal, Ciara Tran de la División de Investigaciones Civiles, con la asistencia del abogado litigante estatal, James Sweeney y el exjefe de la División de Protección al Consumidor Max Weinstein.

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