Por: Carrie Jung
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Cuando Larry Chen, un exmaestro de secundaria de Brookline, fue arrestado el mes pasado, muchos miembros de la comunidad quedaron desconcertados.
Según los registros judiciales, Chen fue acusado de 18 cargos de violación de menores y agresión a un menor de 14 años. Se declaró inocente de los presuntos delitos, que habrían ocurrido entre 2016 y 2018, mientras seguía trabajando en las escuelas de Brookline. Chen debe regresar a la corte el 16 de mayo.
Las acusaciones causaron conmoción, en parte, porque Chen era muy querido por estudiantes y padres.
«Lo apoyé», escribió un padre en un grupo de Facebook de Brookline. «Fue uno de los únicos maestros que realmente tuvo un impacto en la enseñanza de mi hijo (…) Obviamente, ahora cuestiono este apoyo».
“Qué traición”, escribió otro padre.
Algunos residentes también tenían una gran pregunta: ¿cómo pudo suceder esto?
Pero para muchos defensores y líderes escolares este fue un ejemplo más de cómo los puntos débiles dentro de la ley estatal y la política del distrito escolar pueden dificultar la prevención del abuso sexual en las escuelas.
Es difícil saber con certeza qué conocían los funcionarios de Brookline sobre Chen, pero los líderes escolares intentaron despedirlo al menos dos veces durante su tiempo en el distrito.
Después del primer intento en 2015, los líderes del distrito reincorporaron a Chen ante la reacción de la comunidad, incluidas las protestas instando al comité escolar y al superintendente a restituir su cargo.
En 2018, se enfrentó nuevamente a un despido, esta vez por permitir que los niños en la escuela se entretuvieran con un videojuego violento. Una vez más, los miembros de la comunidad se unieron en su defensa. Publicaron una petición en línea calificándolo como «uno de los maestros más efectivos e inspiradores de Brookline, querido tanto por los estudiantes como por los padres». A pesar de sus esfuerzos, Chen renunció ese mismo año.
Los motivos de su partida y las acciones que el distrito ha tomado para reportar al estado sobre las inquietudes respecto a Chen permanecen en secreto. Los líderes del distrito señalaron que no pueden emitir comentarios sobre los registros de su personal. Excolegas se negaron a hablar de manera oficial con WBUR acerca de sus experiencias con Chen. Muchos detalles relacionados con su empleo en Brookline, al igual que con la mayoría de las denuncias de conducta sexual por parte de empleados escolares, no son información pública.
«Lo que la gente no sabe es que detrás de escena están sucediendo muchas cosas en términos de cómo abordar el problema».
TOM SCOTT, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE SUPERINTENDENTES ESCOLARES DE MASSACHUSETTS
El alto nivel de confidencialidad en el procesamiento e investigación de las denuncias de abuso se ha convertido en un importante punto de tensión tanto para los defensores como para los líderes del distrito.
«Lo que la gente no sabe es que detrás de escena están sucediendo muchas cosas en términos de tratar el problema a través de los procedimientos legales que tenemos disponibles», dijo Tom Scott, director ejecutivo de la Asociación de Massachusetts de Superintendentes escolares.
Según Scott, los líderes de distrito a menudo se encuentran en una posición difícil. Si bien es posible que deseen compartir información con el público, deben proteger los derechos de una persona que aún no ha sido condenada por ningún delito. Al compartir detalles públicamente también se corre el riesgo de afectar negativamente cualquier posible proceso penal.
«Nuestro trabajo es proteger a los niños y sacar al individuo del entorno educativo».
ROY BELSON, EX SUPERINTENDENTE DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE MEDFORD
Al mismo tiempo, mantener la confidencialidad mientras se lleva a cabo una investigación genera muchas dudas en la comunidad. Los padres pueden preguntarse por qué se ha suspendido a un maestro o qué está investigando el distrito. También quieren estar seguros de que sus hijos están a salvo. Como resultado, surge una situación que puede ser complicada de manejar.
También existe la posibilidad de que los investigadores no encuentren suficiente evidencia para respaldar la revocación de la licencia de un educador o la presentación de un cargo penal, incluso si existe una base sólida para las inquietudes. Los líderes escolares dicen que esta es la razón por la que a veces citan otras razones para despedir a un empleado mientras las agencias estatales terminan su trabajo, como la conducta inapropiada de un maestro, que al menos ofrece medidas disciplinarias.
«Nuestro trabajo es proteger a los niños y sacar al individuo del ambiente educativo», indicó Roy Belson, exsuperintendente de las Escuelas Públicas de Medford. «Y si podemos hacerlo fácilmente mediante la aplicación de un cargo que tal vez sea más sencillo comprobarlo de inmediato, eso es preferible».
Hay otros asuntos legales que los líderes escolares también están sopesando.
«Cuando un maestro se va en circunstancias turbias, un abogado en la mayoría de los distritos aconsejará que no se revelen detalles para evitar situaciones como una demanda por difamación», indicó David Connelly, un abogado que trabaja con varios distritos en el estado.
Connelly dijo que los funcionarios del distrito se enfrentan a una situación especialmente difícil, desde el punto de vista legal, cuando identifican señales de alerta en el comportamiento de un trabajador pero no tienen evidencia sólida de abuso sexual o mala conducta.
Según los líderes escolares, las restricciones sobre lo que pueden decir y hacer contribuyen a un patrón conocido por los defensores como «pasar la basura», donde los presuntos abusadores saltan de una escuela a otra.
«Ciertamente creemos que es necesario hacer algo que proporcione un poco más de flexibilidad en este proceso», comentó Scott, de la asociación de superintendentes estatales.
Los cargos contra Chen, así como los casos relacionados, en los últimos años han llevado a los defensores a argumentar que las actuales medidas escolares y las leyes estatales destinadas a abordar la conducta sexual inapropiada de deben fortalecerse.
Muchos apuntan a la política del distrito escolar como un buen punto de partida. Recomiendan establecer límites claros sobre lo que constituye un comportamiento inapropiado. Un ejemplo podría ser una medida que asegure que el personal de la escuela no puede llevar a estudiantes en sus vehículos. De esta manera, dicen los defensores, los colegas pueden evitar juzgar las intenciones de una persona; simplemente pueden informar sobre el comportamiento que infringe las reglas.
«Es serio denunciar a alguien», indicó Jetta Bernier, directora ejecutiva de MassKids, un grupo de defensa de los niños. «Y es por eso que nuestro enfoque está en marcar cuáles son esos comportamientos que violan los límites para poderlos interrumpir desde el principio y que nunca tengamos que llegar al punto de tener que reportar a alguien (ante los funcionarios estatales)».
Algunos defensores, como Bernier, también están presionando por nuevas leyes para ayudar a cerrar las brechas en las políticas. La senadora estatal Joan Lovely, demócrata de Salem, ha presentado varios proyectos de ley. Uno de ellos, aumentaría el rango de edad a partir del cual un empleado de una escuela u organización juvenil puede argumentar el consentimiento como defensa de una acción; otro establecería una capacitación más sólida para el personal escolar sobre cómo identificar signos de abuso sexual; un tercero facilitaría que los distritos informen a los futuros empleadores por qué se despidió a un educador si hubo una investigación de conducta sexual inapropiada involucrada.
“Creo que si la gente hiciera lo que se supone que debe hacer, no tendríamos tantos casos”.
CHAROL SHAKESHAFT, PROFESORA DE EDUCACIÓN DE LA VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY
Charol Shakeshaft, profesora de la Virginia Commonwealth University que ha estudiado casos de conducta sexual inapropiada de empleados escolares en todo el país, argumenta que también se necesita una mayor responsabilidad de las escuelas para garantizar que implementen correctamente las leyes locales y federales.
«Creo que si la gente hiciera lo que se supone que debe hacer, no tendríamos tantos casos», dijo Shakeshaft. «Existiría algunos, pero en casi todos los casos que he visto, son muchos los aspectos en los que una intervención a tiempo habría detenido todo».
