Once personas que residían en California fueron acusadas por su vínculo con la gestión de una «agencia» de fraude matrimonial a gran escala que supuestamente arregló cientos de matrimonios falsos para ajustar estatus migratorios, informó el Departamento de Justicia.
Acusados manejaban una “agencia” de matrimonios fraudulentos
La acusación reseña que estos individuos operaban una “agencia” que organizó cientos de matrimonios falsos entre “clientes” extranjeros y ciudadanos estadounidenses. Como parte del esquema de operación, se reclutaba a ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con los clientes de la agencia a cambio de una tarifa inicial y pagos mensuales hasta después del matrimonio, para mantener a los ciudadanos estadounidenses receptivos y cooperativos hasta que el cliente de la agencia tuviera su estatus legal.
- La agencia supuestamente preparó y presentó peticiones, solicitudes y otros documentos falsos para corroborar los matrimonios falsos y asegurar el ajuste de los estatus migratorios de los clientes por una tarifa de entre $20,000 y $30,000 en efectivo.
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- Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Boston, dijo: “Creemos que su supuesto esquema violó las leyes de inmigración vigentes que sirven para proteger la seguridad pública y creó una desventaja para aquellos que buscan obtener su ciudadanía legalmente”.
- Bonavolonta agregó que el caso “debería servir como una advertencia para otros de que el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están unidos en esfuerzos para interrumpir y desmantelar las empresas criminales que buscan eludir nuestras leyes por medios fraudulentos”.
- Según la acusación, los acusados concertaron matrimonios fraudulentos y presentaron documentos de inmigración falsos para al menos 400 clientes entre octubre de 2016 y marzo de 2022.
Acusados de uso de la Ley de Violencia contra la Mujer
Se alega que los acusados “ayudaban” a ciertos clientes, generalmente aquellos cuyos cónyuges no respondían o no cooperaban, a obtener tarjetas de residencia bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) al afirmar que los clientes indocumentados habían sido abusados por presuntos cónyuges estadounidenses.
- El cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial contempla una sentencia de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000.
- Entre los once acusados, seis eran de nacionalidad filipina, residían en el estado de California y uno era brasileño.
Con información de: United States Department of Justice
