La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, anunció el martes 29 de marzo que su oficina llegó a un acuerdo con National Grid que protege a los clientes de Massachusetts de afrontar casi $30 millones en costos anuales adicionales en sus facturas de servicios públicos como resultado de la posible venta de la empresa de servicios públicos de Rhode Island, Narragansett Electric Company.
El acuerdo también ofrecerá millones de dólares en alivio económico para el pago de deudas y créditos para clientes.
Este acuerdo resuelve una apelación de la Oficina de la Fiscal a una orden del Departamento de Servicios Públicos (DPU) en julio de 2021 que no accedió a una revisión completa de la venta de Narragansett antes del cierre de la venta. El mes pasado, la Corte Judicial Suprema de Massachusetts concedió la solicitud de Healey de suspender la orden de la DPU, lo que resultó en la suspensión de la venta de Narragansett.
“Las familias de Massachusetts no deberían verse obligadas a asumir millones de dólares en costos adicionales por sus servicios públicos a partir de esta venta”, señalóHealey. “Nos complace haber conseguido una solución que no solo protege a los clientes de tarifas más altas, sino que brinde beneficios adicionales durante un momento de necesidad”.
En lo acordado, se exige a National Grid aminorar o hacerse cargo del total de $29 millones en costos anuales adicionales causados por la venta.
National Grid también proporcionará un crédito único de $7.9 millones a los clientes para dar cuenta de los aumentos proyectados en los costos de la compañía de servicios.
La compañía perdona además $4 millones en deudas y ofrecerá $1 millón adicional al programa de Subvención de Asistencia de Energía Residencial de la fiscal general, que proporciona fondos a agencias estatales, municipios y organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los residentes de bajos ingresos a pagar sus facturas de calefacción.
Las empresas de servicios públicos que poseen más de una empresa de distribución de gas o electricidad en varios estados, como National Grid, a menudo brindan ciertos servicios a todas sus empresas de distribución subsidiarias a través de una «empresa de servicios» para maximizar la eficiencia y ahorrar costos. National Grid actualmente es propietaria de compañías de electricidad y gas en Nueva York, Massachusetts y Rhode Island y ciertos servicios (tales como servicios legales, contables, financieros, de ingeniería, de servicio al cliente y de tecnología de la información) y sus costos están cubiertos por la compañía individual o compartidos entre las empresas subsidiarias.
Los clientes de Massachusetts pagan una parte de estos costos de la empresa de servicios compartidos en sus tarifas de distribución. La Oficina del Procurador General argumentó en la DPU y luego en la apelación que la pérdida de Rhode Island como socio compartido por estos costos resultaría en millones de dólares en costos adicionales que los consumidores de Massachusetts finalmente tendrían que pagar.
Los compromisos de National Grid en virtud del acuerdo se hacen efectivos solo si National Grid cierra su venta de Narragansett. La venta está siendo impugnada actualmente por la Oficina del Fiscal General de Rhode Island.
