Las cortes de inmigración de Estados Unidos están luchando para funcionar en sus niveles más básicos, con cortes que ya tienen una gran escasez de personal, jueces que, a menudo, están poco capacitados y que ahora se encuentran abrumados por una creciente acumulación de casos que llegan a más de 1.6 millones, informó The Guardian.
El sistema está tan dañado que los jueces, académicos y abogados comparten preocupaciones sobre si los inmigrantes que deben comparecer ante el tribunal recibirán el aviso correspondiente antes de sus audiencias para que sepan que deben presentarse y no se ordene su deportación en ausencia, una preocupación urgente que empeora debido a las volátiles políticas de inmigración en la frontera México-Estados Unidos.
“Es muy preocupante. El requisito fundamental para una audiencia completa e imparcial es la notificación de su audiencia y la capacidad de asistir a ella”, dijo Mimi Tsankov, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), “Veo esfuerzos increíbles por parte del personal más básico en algunos tribunales, para tratar de apoyar estos expedientes muy, muy pesados”, dijo a The Guardian,“Pero es extremadamente desafiante para todos nosotros cumplir con las demandas”.
El sistema judicial de inmigración de EE. UU. se ha visto amenazado por disfunciones durante décadas. Ahora está en crisis después de serios contratiempos bajo Donald Trump, y la nueva administración de Joe Biden está luchando por “enderezar el barco”.
Y en el medio quedan perjudicados millones de futuros; Inmigrantes indocumentados que temen ser separados de sus hijos y cónyuges estadounidenses, las personas que enfrentan persecución y muerte en sus países de origen, o aquellos que son enviados a países que no han visto en décadas, todos ponen sus futuros y, con frecuencia, sus vidas, en unos tribunales mal equipados para hacerles justicia.
Un sistema en crisis
“Dejémoslo claro: el debido proceso está sufriendo”, dijo Muzaffar Chishti, miembro principal del Instituto de Política Migratoria, organización no-partidista que busca mejorar las políticas de inmigración e integración a través de investigaciones y análisis autorizados, «Simplemente no hay forma de evitar eso».
Después de que Trump hizo que las políticas antiinmigración de línea dura fueran fundamentales para su campaña presidencial de 2016, inundó los tribunales con jueces que estaban más inclinados a ordenar deportaciones, informó Reuters.
Su administración contrató a tantos nuevos jueces de inmigración con tanta prisa que el Colegio de Abogados de Estados Unidos advirtió sobre «jueces poco calificados o potencialmente no imparciales», muchos de los cuales no tenían experiencia en inmigración.
Los jueces también debían rendir métricas de desempeño que exigían que cada uno procesara al menos 700 casos al año. A pesar de todo esto, en los aproximadamente 70 tribunales de inmigración de EE. UU. en todo el país, los jueces deciden casos complejos con consecuencias potencialmente letales.
En un proceso que casi parece una lotería de códigos postales, un juez en Nueva York puede conceder casi el 95 % de las solicitudes de asilo, mientras que colegas en Atlanta niegan casi universalmente solicitudes similares, creando un mosaico de estándares, señaló The Guardian.
Acumulación de casos
En medio de estos atascos burocráticos, la acumulación de casos se ha disparado fuera de control en todo el país en cuestión de años, de poco más de 516mil casos en el año fiscal 2016 a más de 1,6 millones en la actualidad, según los datos recopilados por Transactional Records Access Clearinghouse (Trac) de la Universidad de Syracuse.
Ni la crisis de los tribunales ni la frustración generalizada por el sistema de inmigración en general son nuevas para la administración de Biden.
La vicepresidenta Kamala Harris reconoció el año pasado en una entrevista con ABC News que el sistema de inmigración de EE. UU. en general está «profundamente roto».
Además de los cambios de política, el cambio de los perfiles de las personas detenidas en la frontera ha mutado de hombres en busca de trabajo, que tenían poco acceso a los tribunales, a solicitantes de asilo, que a menudo comparecen ante un juez. Y la aplicación de la ley de inmigración se vinculó más estrechamente con el sistema de justicia penal en las últimas décadas, de modo que, por ejemplo, los inmigrantes detenidos por una infracción de tránsito terminaron batallando contra la deportación.
Estos factores ayudaron a que la acumulación de casos en la corte de inmigración se saliera de control.
Con información de: The Hill
