Traducida al inglés para WBUR por El Planeta
Gloria Ramírez, una inmigrante salvadoreña de 70 años, tiene problemas de salud que le impiden caminar largas distancias. Vive sola en los alrededores de Worcester y ha experimentado dificultades para movilizarse para ir al supermercado, atender una cita médica o recoger una prescripción en la farmacia. “Donde yo vivo no hay transporte público”, dijo. “Solo puedo ir cuando alguien esté disponible para llevarme”. A Ramírez le gustaría poder conducir su propio auto, pero legalmente no puede porque es indocumentada.
Por casi dos décadas, diferentes grupos de activistas locales han estado presionando para que se apruebe una ley que permita a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir en Massachusetts. Muchos de los defensores piensan que la propuesta, llamada Work and Family Mobility Act, será finalmente aprobada este año.
De acuerdo con activistas del Driving Families Forward Coalition,este año la propuesta cuenta con más apoyo que nunca antes y se han hecho modificaciones que podrían convencer a algunos indecisos.
“Tenemos la esperanza de que esto no se alargue más, que se apruebe ya”, dijo Darwin Orozco, dirigente del Grupo Cosecha y organizador de la marcha que el pasado 31 de enero pasó por los alrededores de la Casa del Estado en Boston. “Tener una licencia de conducir cambiaría la vida de muchas personas, incluyendo la mía”, dijo. Orozco está empleado en la industria de la construcción y dice que muchas veces tiene dificultades para transportarse al trabajo. “Al conducir sin licencia corres el riesgo de que te detenga la policía”.
Un camino cuesta arriba
Leyes similares ya han sido aprobadas en otros 16 estados y el Distrito de Columbia. Pero en Massachusetts los activistas han estado luchando desde, al menos, el 2003.
Lo más lejos que ha llegado este proyecto de ley fue en 2020 cuando, después de una huelga de hambre de activistas, la propuesta fue aprobada en el comité de transporte por primera vez. Después de eso, no avanzó a las siguientes instancias.
Además, la Legislatura puede llegar a necesitar una mayoría absoluta a prueba de vetos para convertir esta propuesta en ley, pues el gobernador Charlie Baker se ha opuesto a propuestas similares en el pasado.
Baker ha manifestado preocupación de que una ley como ésta entraría en conflicto con las regulaciones federales del Real ID.
«El gobernador Baker apoya las leyes existentes en Massachusetts, promulgadas de manera bipartidista, que garantizan el cumplimiento de Massachusetts con los requisitos federales de Real ID y permiten que quienes demuestran una presencia legal en los Estados Unidos obtengan una licencia», se lee en un comunicado de prensa enviado por la gobernación.
No obstante, en esta oportunidad, la propuesta de ley parece resolver la preocupación expuesta por el gobernador y clarifica que los indocumentados solo podrían acceder al Standard ID y no al Real ID.
Desde 2018, hay dos opciones para obtener una licencia de conducir en Massachusetts: el Real ID y el Standard ID. Para tramitar el Real ID (que permitiría viajar en avión a otros estados y entrar a oficinas gubernamentales sin necesidad de presentar el pasaporte) es necesario proveer pruebas adicionales de identificación.
“Las modificaciones a la ley actual serían mínimas, con lo cual Massachusetts continuaría cumpliendo con las regulaciones federales del Real ID”, dijo Pablo Ruiz, vocero de SEIU, sindicato que está organizando audiencias con diferentes sectores que apoyan la propuesta.
Argumentos sobre la mesa
Quienes favorecen la aprobación de esta ley apelan principalmente a razones de seguridad y salud pública.
“Cuando todo el mundo aprende las mismas reglas de tránsito, aprueba el mismo test, obtiene una licencia, registra y asegura su vehículo, esto significa mayor seguridad para todos”, explicó Ruiz.
Desde hace dos años, esta propuesta de ley cuenta con el visto bueno de la Asociación de Jefes de Policías de Massachusetts (Massachusetts Major City Chiefs of Police Association). En diciembre, todos los miembros de la asociación votaron unánimemente a favor.
El presidente de la MMCC, el oficial Brian Kyes de la policía de Chelsea, participó en una audiencia pública el 28 de enero y opinó que esta ley ayudaría a construir un puente de confianza entre la policía y “personas honestas que contribuyen al éxito de nuestras respectivas comunidades”. Kyes recordó que miembros de la policía ofrecieron recomendaciones para esta versión de la ley que, según dijo, haría el trabajo policial mucho más fácil.
El Work and Family Mobility Act también ha sido respaldado por profesionales de la salud, compañías aseguradoras, por un grupo de alcaldes que incluye a Michelle Wu, 58 líderes policiales individuales, sheriff y fiscales de distrito del estado, así como por la fiscal general Maura Healey.
Los determinantes sociales de la salud también han representado un argumento para el apoyo urgente de esta ley.
La doctora Elizabeth Eagleson, médico primario del Baystate Brightwood Health Center en Springfield, hizo referencia a las dificultades de acceso a la salud que experimentan sus pacientes indocumentados que tienen problemas para asistir a consultas y han sido desplazados a lugares donde el transporte público es precario o inexistente. “Limitar el acceso a la asistencia sanitaria tiene un impacto personal, familiar, pero también comunitario», dijo en otra audiencia pública el 2 de febrero con representantes del sector de la salud. Eagleson puso el ejemplo de alguien que retrasa sus dosis de la vacuna del Covid-19 por problemas para desplazarse. “Se convierte en un problema de salud pública”, dijo.
Los opositores al proyecto de ley argumentan que aquellos que ingresaron ilegalmente a los EE.UU. no deberían recibir una licencia estatal oficial y advierten que la aprobación de la medida podría conducir a un fraude.
Ninguno de los cuatro republicanos que forman parte del Comité de Transporte respondió a una petición de comentario solicitada por El Planeta.
Uno de ellos, el representante estatal David F. DeCoste de Norwell, dijo al Boston Globe el año pasado: “No creo que ayude en absoluto a la seguridad pública. Y filosóficamente, no estoy de acuerdo con complacer a las personas que han optado por violar nuestras leyes brindándoles licencias de conducir”.
Actualmente, el proyecto está siendo evaluado por el Comité de Transporte de la legislatura estatal. De ser aprobado en este comité, pasaría luego a la cámara de representantes y por último al senado, antes de ser firmado por el gobernador.
El presidente de la Cámara de Representantes, Ronald Mariano, envió un comunicado a El Planeta en el que reconoce “el valor de unir a todos los conductores bajo las mismas estructuras de seguridad pública, licencias y seguros”. Su oficina aseguró que el representante está trabajando para cerciorarse de que haya suficientes votos para anular un veto del gobernador antes de llevarlo al pleno. La presidenta del Senado, Karen E. Spilka, apoya la ley y dijo que “otorgar licencias de conducir para todos los residentes estatales es bueno para nuestra economía y seguridad pública”.
El activista Darwin Orozco piensa que la propuesta cuenta con un apoyo sin precedentes en el congreso, pero también manifestó sus frustraciones: “Esto depende de los políticos y lamentablemente ellos dicen que van a luchar por todos, pero realmente terminan luchando solo por unos cuantos”.
