Simulador de sitio celular. Foto: Sophie Morse para WBUR.

Por Shannon Dooling y Christine Willmsen para WBUR

A lo largo del país, algunas agencias del orden han utilizado controversial tecnología de vigilancia para rastrear la ubicación de un celular en uso. Críticos dicen que eso amenaza los derechos constitucionales y miembros del Congreso, están trabajando para restringir su uso.

Sin embargo, en 2019, el Departamento de policía de Boston compró el dispositivo conocido como “cell site simulator” (simulador de sitio celular) y mantuvo la compra hecha, escondida del ojo público.

Una investigación realizada por WBUR con ProPublica encontró que oficiales electos y el público habían sido mantenidos al margen cuando la policía de Boston gastó $627,000 en este equipo al utilizar el dinero incautado por presuntos delitos.

También conocido como “mantarraya”, el simulador de sitio celular comprado por la policía de Boston, funciona como una torre comercial de telefonía celular, la cual puede identificar la ubicación de los teléfonos cercanos a la zona que se conectan a ella. Una vez el teléfono se ha enlazado al simulador de sitio celular, éste decodifica la señal y el equipo obtiene secretamente la locación y otra información que potencialmente pueda identificarlo. Puede determinar con precisión la ubicación de alguien que se encuentre en una habitación en particular dentro de un hotel o una casa.

Mientras que este dispositivo del tamaño de un maletín puede ayudar a localizar a un sospechoso o a una persona desaparecida, también puede recopilar información de otros teléfonos celulares, incluido el tuyo.

La policía de Boston compró el dispositivo utilizando el dinero que normalmente es incautado durante una investigación de drogas, el cual es llamado decomiso de bienes civiles.

En agosto, una investigación realizada por WBUR y ProPublica, encontró que incluso cuando no había cargos criminales en un caso, las fuerzas del orden casi siempre se quedaban con el dinero y tenían pocas limitaciones sobre cómo gastarlo. Algunos departamentos se han beneficiado tanto del decomiso de activos civiles estatales como federales. Los jefes de policía en Massachusetts, tienen discreción sobre el dinero y el público no tiene manera de saber cómo se han utilizado esos fondos.

El Ayuntamiento revisó el presupuesto anual de BPD, escudriñando en lo que se había gastado. Pero el equipo de vigilancia no era parte del presupuesto. Porque fue comprado con los fondos del decomiso civil. BPD fue capaz de eludir al Ayuntamiento.

De acuerdo con una factura obtenida por WBUR, la única revisión de la compra realizada por la ciudad —la cual fue hecha con fondos del decomiso federal— provino del departamento de adquisiciones, confirmando que los fondos estaban disponibles.

De hecho, fue solo después de examinar cientos de documentos recibidos a través de solicitudes hechas al registro público que WBUR descubrió que BPD había comprado el dispositivo a una empresa llamada Tactical Support Equipment Inc., con sede en Carolina del Norte, la cual se especializa en tecnología de vigilancia.

El sargento detective John Boyle, vocero de la policía de Boston, no explicó por qué el departamento utilizó dólares decomisados para comprar el equipo, en vez de hacerlo a través del presupuesto anual.

Solicitudes hechas para entrevistar a líderes de la policía de Boston fueron rechazadas.

Concejales de la ciudad de Boston, dijeron en entrevistas que ellos no tenían conocimiento que la policía había comprado un simulador de sitio celular. El concejal Ricardo Arroyo, quien representa a Mattapan, Hyde Park y Roslindale dijo: “Ni siquiera podría decirte y no creo que nadie en el Concejo necesariamente pueda decirte … cómo se hacen estas compras individuales».

El representante estatal demócrata, Jay Livingstone, quien representa partes de Boston y Cambridge, dice que este tipo de gasto policial encubierto es exactamente la razón por la que se necesita más supervisión.

“Los jefes de policía simplemente tienen estos fondos para sobornos con los que pueden hacer lo que quieran”, dijo Livingstone.

Pruebas Ocultas

WBUR descubrió el secreto de la compra de la tecnología del simulador de sitio celular, cuando se propuso identificar cómo se gastaba el dinero de decomiso civil.

Se facturó a la policía de Boston por la compra de un simulador de sitio celular. Foto: Robin Lubbock / WBUR.

En abril, WBUR le solicitó a la policía de Boston, todas las facturas de las compras realizadas con los bienes del decomiso civil entre el 2017 y el 2019. Mientras que algunos de los recibos correspondían a artículos como equipo forense, vehículos y chalecos antibalas, hubo una transacción que se destacó por ser de $627,000 pagados al equipo de apoyo táctico.

En noviembre de 2019 la factura indicaba únicamente que se trataba de una «estación multicanal y multibanda».

Buscando más información, WBUR encontró el «explorador de cheques» de Boston, un lugar que permite al público ver los gastos que la ciudad ha hecho desde el 2012 en adelante. Pero la compra no aparece en los gastos de BPD. La única pista se encuentra en el Departamento del Tesoro bajo el nombre “otros equipos”. WBUR obtuvo el número de las facturas para establecer que este equipo se trataba de las mantarrayas.

Boyle confirmó que esta tecnología se trataba del simulador de sitio celular.

No es la primera vez que el Departamento de Policía de Boston ha comprado equipo espía que se encuentra envuelto en misterio.

Le pagaron a Harris Corp., un contratista defensor con base en Florida, más de $400,000 por un equipo similar entre el 2013-2014. Mientras que la mayoría de ese dinero provino del presupuesto regular de la policía, gran parte de su uso y propósito ha sido redactado en registros públicos anteriores.

En documentos no clasificados obtenidos por MuckRock.com, en el 2013, el FBI prohibió a la policía de Boston comunicar al público, especialmente a los medios de comunicación, acerca de la tecnología de simuladores de sitios celulares. Foto: Robin Lubbock / WBUR.

En ese momento, el FBI consideró que los simuladores de sitios celulares estaban tan especializados que prohibió a la policía de Boston y a otras fuerzas del orden, hablar públicamente sobre los dispositivos, específicamente con los medios de comunicación. Boston recibió entrenamiento y equipo de mantarraya en 2009, según una factura de Harris adquirida por Muckrock.com.

Cuando Harris Corp. descontinuó el equipo de mantarraya para uso policial local en 2019, la policía de Boston recurrió al equipo de apoyo táctico.

Un impulso para regular la tecnología espía

La proliferación de esta tecnología entre los departamentos locales de la ley y el orden en todo el país, preocupa a los defensores de los derechos civiles.

Kade Crockford, quien dirige el programa “Teconología por la Libertad” en la ACLU de Massachusetts, calificó el simulador de sitio celular como “extremadamente invasivo” y no le sorprendió que la policía de Boston usara dólares confiscados para pagarlo y así evitar el escrutinio.

Durante mucho tiempo, las fuerzas del orden han sido extremadamente reservadas sobre la adquisición y uso de este tipo particular de tecnología.

Kade Crockford

Es imposible saber con precisión cuántos de estos equipos están siendo utilizados por las fuerzas del orden en todo el país. Para el 2014, la policía federal compró 434 dispositivos, por un total de más de $95 millones, según un comité de supervisión del Congreso. La ACLU reportó unos años más tarde, que 75 departamentos locales y la policía estatal, ya tenían el equipo en sus manos.

Frente a la controversia nacional acerca de la mantarraya, los legisladores a nivel federal, estatal y local quieren una mayor supervisión de cómo se compran los simuladores de sitios celulares y algunos exigen que la policía obtenga una orden judicial de un juez.

En junio, el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, copatrocinó un proyecto de ley bipartidista llamado “ley de simulador de sitio celular de 2021”, que requeriría una orden judicial para utilizar la tecnología, excepto en casos de emergencia. También requeriría que las agencias federales de la ley, proporcionen informes anuales sobre cómo se utilizaron los dispositivos.

«Los simuladores de sitios celulares han existido en esta tierra de nadie durante mucho tiempo», dijo Wyden en un comunicado, cuando se introdujo la legislación. El proyecto de ley, reemplaza «el secreto y la incertidumbre… con reglas claras y transparentes sobre cuándo el gobierno puede usar estos dispositivos de vigilancia invasivos», agregó.

A partir de 2016, California era el único estado conocido que requería que los ayuntamientos aprobaran por escrito, procedimientos policiales para el uso de mantarrayas, antes de su compra.

Pero incluso con esa regulación en vigor, al menos un departamento de policía trató de evitar las nuevas normas.

Un grupo privado de defensa demandó a la ciudad de Vallejo, después que la ciudad aprobara la compra de un simulador de sitio celular de $766,000 en marzo de 2020, sin adoptar una política de uso. Después de que un juez determinó que la ciudad violó la ley estatal, la ciudad requirió que la policía de Vallejo obtuviera una orden de registro antes de usar la tecnología o inmediatamente después en el caso de una situación que fuera calificada de urgente o de emergencia que involucrara amenaza de daño físico o muerte.

De 2009 a 2016, la policía de Boston, nunca obtuvo una orden judicial, alegando circunstancias urgentes al usar un simulador de sitio celular, una práctica que la ACLU criticó de manera severa.

Los legisladores de Massachusetts han intentado impulsar mayor supervisión del uso de las mantarrayas. En 2019, mientras el Departamento de Policía de Boston estaba comprando el nuevo simulador de sitio celular, la legislación estaba pendiente de 2 proyectos de ley de privacidad electrónica. En aquel entonces, hubieran limitado el uso de simuladores de sitios celulares y exigido garantías en la mayoría de los casos. Ambos proyectos de ley murieron en comisión.

Ese mismo año, la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, dictaminó que la vigilancia en tiempo real del teléfono celular de una persona, constituye una búsqueda bajo la legislatura estatal y por lo tanto, requiere una orden judicial, excepto en circunstancias «urgentes».

Los tribunales federales de Oakland, California y la ciudad de Nueva York, así como un tribunal de apelaciones de Maryland, también dictaminaron que el uso policial de tecnología de espionaje es una violación del derecho de la Cuarta Enmienda a no ser registrado sin razón y sin una orden judicial.

WBUR preguntó al portavoz de la policía de Boston, Boyle, qué políticas y procedimientos tiene el departamento para el uso de la poderosa y controversial tecnología. Dijo que no tiene ningunos.

También dijo que, según informes de investigación internos, ha habido 98 casos desde el 2017 en los que BPD ha utilizado un simulador de sitio celular. 41 de ellos, dijo, involucraban circunstancias «urgentes» en las que no era necesaria una orden judicial.

Boyle también confirmó que el equipo de BPD es capaz de recopilar información de identificación de teléfonos celulares en el área que no está activamente en investigación. Según Boyle, esa información se «descarta».

Dando pistas en cómo se gasta el dinero

Los detalles de cómo la policía de Boston compra y utiliza esta tecnología, quedan en su mayoría, fuera del ojo público, pero el Ayuntamiento tratará de cambiar eso.

El concejal Arroyo es copatrocinador de una nueva ordenanza municipal que prohíbe a BPD adquirir nueva tecnología de vigilancia, sin recibir primero, la aprobación del Ayuntamiento.

Dijo que las comunidades que están siendo vigiladas, merecen ser parte de la discusión sobre los equipos y la tecnología que las afectan.

“Si le preguntara a un residente de mi distrito, ¿Cómo crees que BPD puede usar, comprar o decidir cómo te vigilan?, probablemente pensarían que hay algunos mecanismos oficiales para eso y la verdad es que no los había”, dijo Arroyo.

Ha habido esfuerzos a nivel estatal para ser más transparentes en el gasto de dólares provenientes del decomiso civil.
La ley de reforma de la justicia penal aprobada en 2018 ordenó, por primera vez, que los fiscales de distrito de Massachusetts, presenten informes anuales a la oficina del tesorero del estado, sobre cómo gastaron su parte de las ganancias de los decomisos civiles. La ley también hace referencia a que los departamentos de policía elaboren informes similares, pero su interpretación varía.

El representante estatal Livingstone, quien ayudó a redactar el estatuto, dijo que creía que los departamentos de policía habían estado presentando informes de gastos de decomiso a la oficina del tesorero, hasta que WBUR le informó que ese no era el caso. WBUR descubrió que solo dos de los más de 350 departamentos de policía en el estado habían, presentado informes a la oficina desde 2018.

Es increíblemente decepcionante saber que los departamentos de policía, simplemente han decidido no brindar ninguna información al público.

Representante estatal Jay Livingstone

Algunos departamentos de policía le dijeron a WBUR que pensaban que la denuncia era voluntaria. Pero en un correo electrónico enviado días después de que se convirtiera en ley, el jefe de policía de Chelsea, Brian Kyes, jefe de Massachusetts Major City Chiefs of Police Association, instruyó a más de 100 agentes de la ley de departamentos de todo el estado para que cumplieran con los nuevos requisitos de información «con vigencia inmediata».

Cuando WBUR le preguntó a la policía de Boston si presentaba gastos al estado, BPD dijo que comenzaría a hacerlo.

Livingstone dijo que el único remedio a largo plazo es quitar los dólares confiscados de las manos de las fuerzas del orden y redirigirlos al fondo general del estado.

«Tener estos sistemas en los que los departamentos de policía cobran dinero a algunas de las personas más pobres del estado para crear este fondo para sobornos que puedan usar para lo que quieran, no tiene ningún sentido para mí», finalizó.

Con informes de Saurabh Datar de WBUR

Este segmento se emitió el 17 de diciembre de 2021.

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