Con apenas un mes como presidente de Estados Unidos, Joe Biden y sus aliados demócratas presentaron al Congreso un proyecto de reforma migratoria que formaba parte de las promesas de campaña. El ambicioso borrador incluía un camino a la ciudadanía que beneficiaría a los 11 millones de indocumentados que hacen vida en el país, según números de la ONU.
Nueve meses después, el proyecto conocido como Plan C fue aprobado bajo otras medidas en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata. Sin embargo, esta vez, las ventajas estarían vinculadas, en su mayoría, a quienes arribaron a la nación antes del año 2011.
Permisos de trabajo para quienes pisaron tierra estadounidense antes del 1 de enero del mencionado año, el visto bueno para viajar fuera del país a dicho grupo y la seguridad de evitar ser deportados son los puntos más relevantes del más extenso proyecto de los últimos 35 años en el Congreso.
Sin embargo, no todo está dicho. Aunque la Cámara Baja lo aprobó el pasado 19 de noviembre con una votación que cerró 220-213, el siguiente paso será llevar la reforma migratoria al Senado, donde la paridad entre demócratas y republicanos promete alimentar las diferencias partidistas además de las propias distancias generadas respecto al tema dentro del partido del presidente Biden.
El Congreso ha sido el epicentro del sueño de millones de inmigrantes, quienes han esperado por años para verlo hecho realidad; sin embargo, desde la opinión de expertas en materia migratoria, la reforma migratoria de Biden no era lo que se esperaba.
Estados Unidos es visto como la tierra de las oportunidades, un país para todos, con una economía estable y hogar de todo tipo de culturas. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dentro de sus límites conviven 50.6 millones de inmigrantes, cuya región predominante de origen es Latinoamérica y el Caribe, con el 43.2%.
Del total de inmigrantes, 11 millones se encuentran indocumentados, cifra que representa a un grupo marcado por la necesidad de obtener oportunidades para una mejor calidad de vida. Pero el miedo a la deportación está ahí, latente entre ellos.
Cuando Biden presentó su campaña y se enfocó en el tema migratorio, la esperanza se hizo sentir y creció luego de que el demócrata superó en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado al republicano Donald Trump, en cuya agenda estaba la construcción de un muro en la frontera con México para frenar la migración irregular.
Solo un mes después de estar al frente del país, Biden firmó un ambicioso proyecto de ley que se convertiría en la más grande reforma migratoria de carácter migratorio en el país.
En el borrador de la reforma migratoria se hacía mención a los ocho años como lapso para materializar la ciudadanía. Todo comenzaba con el nuevo estatus temporal, pasando por la solicitud de residencia hasta finalmente ser un ciudadano estadounidense.
Pero la carrera política es más que una promesa. Para lograrlo, el presidente debía contar con el apoyo del Congreso. De entrada, la Cámara de Representantes no parecía un problema dada la mayoría demócrata; no obstante, el Senado se presentó como su más alto obstáculo.
Con 50 senadores por lado, Biden apenas puede lograr una mayoría simple (la mitad más uno), por lo que su intento se quedó en el camino. La adaptación no fue como se pensaba, con un proyecto mucho más riguroso y que eliminó esa vía de ocho años para la ciudadanía. La gran oferta no era tal.
«Lo aprobado por la Cámara no es lo inicialmente propuesto. En ese sentido hay un nivel importante de frustración en términos de lo que significa el paquete, considerando que se necesita que confluyan varios elementos para que sea posible», dijo en entrevista exclusiva para El Tiempo Latino Helena Olea, abogada especialista en materia migratoria y directora asociada de Alianza Américas, una red transnacional enraizada en las comunidades inmigrantes latinas en los Estados Unidos que se enfoca en mejorar la calidad de vida de estos grupos. «Lo que se está aprobando no es lo que se había prometido y no es una solución definitiva».
La experta recordó que los permisos de trabajo, protecciones contra la deportación y la posibilidad de salir de Estados Unidos y regresar, «no es lo que se prometió. Es algo, pero no resuelve la situación de las personas que se podrían beneficiar».
Una reforma migratoria «lejos de las aspiraciones de Biden»
Para Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de Washington Office on Latin America (WOLA), el paquete aprobado hace un mes no tiene el peso ni impacto de lo que alguna vez se habló y generó interés en la comunidad migrantes en Estados Unidos, especialmente la indocumentada.
«Este paquete ni siquiera da acceso a estancia legal permanente. Esto está muy lejos de las aspiraciones de Biden», manifestó la especialista a El Tiempo Latino, quien añadió que el Plan C «es un peligro porque crea un nuevo tipo de población que no tienen las mismas protecciones en el país aunque no serán deportados».
Sarah Brazzi, abogada especialista en materia migratoria, coincidió con Meyer. La jurista fue más allá y opinó que el gobierno del demócrata «está teniendo problemas» en su lucha por desarrollar soluciones en el mencionado campo.
A su juicio, solo unos pocos se verán beneficiados, unos seis millones de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Los problemas están en casa
En su argumento, Brazzi sostuvo que «el problema es con los propios demócratas». La abogada puso sobre la mesa los casos de los senadores del partido Joe Manchin (Virginia) y Krysten Sinema (Arizona), quienes han hecho público su rechazo al proyecto, el cual forma parte de un paquete presupuestario de $2 billones ($2 trillion en inglés) y que incluye gastos que generarán cambios en ámbito como la educación, el clima y atención médica.
Para los demócratas antes mencionados, esto sería no más que un revés político no solo para el presidente Biden sino también para el país, pues implicaría un duro aumento de la deuda interna para Estados Unidos.
Olea se sumó a esa dificultad y asomó que esa «aparente mayoría» en el Senado podría hacer retroceder la propuesta.
Pero la experta fue más allá y apuntó al próximo año, cuando se celebrarán las elecciones de mitad de período, una cita que podría desequilibrar a Biden en su suelo político del Congreso: «hay que considerar que tradicionalmente, luego de que se celebran las elecciones presidenciales y el ganador mantiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso, regularmente pierde esa mayoría, al menos en una de las dos cámaras. Ese es el temor de los demócratas, perderla en el Senado».
Eso sería suficiente para generar un mayor tráfico en las propuestas de los demócratas y supondría un triunfo para los republicanos, constantemente adversos a toda planificación del grupo contrario.
Meyer, mientras tanto fue más optimista y señaló que se debe tener paciencia y esperar a las discusiones en el Senado, pues en casi un año de gobierno de Biden, los funcionarios han llegado a acuerdos bipartidistas, por lo que no sería descabellado que se viera lo propio en torno al Plan C.
¿Qué gana México con la reforma migratoria?
Según cifras del censo, más del 60% de los 50 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos son de origen mexicano (alrededor de 38 millones de personas). Desde territorio azteca, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió recientemente al Congreso aprobar lo más pronto posible la reforma migratoria a pesar de que desde Washington se hace todo lo posible por poner freno a la migración irregular.
“Ningún otro presidente ha expresado como usted un compromiso inequívoco para mejorar la situación de los inmigrantes”, dijo el mexicano a su homólogo estadounidense en noviembre desde la Casa Blanca. «No hay ninguna iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio. Nosotros vamos a estar observando ese proceso».
Para las entrevistadas, la reacción de López Obrador se puede ver desde dos ángulos. El primero, como la ayuda económica que numerosos mexicanos en Estados Unidos podrían brindar a sus familias en esa nación una vez formen parte del grupo elegible y obtengan el permiso de trabajo.
Estar en una condición legal para tener un empleo implica un sueldo apegado a lo que dictan las leyes. Eso se traduce en mayores ingresos y a su vez un mejor apoyo a sus seres queridos en el país de origen.
El segundo, garantías para dicha demografía: «(los mexicanos) son una población que ha vivido en las sombras. Tendrían protecciones legales y no serían deportados», expresó Meyer.
El dolor de cabeza del flujo migratorio
A pesar de que la reforma migratoria aprobada por la Cámara de Representantes no beneficiaría a los 11 millones de indocumentados que hacen vida en Estados Unidos, su enfoque solo toma a aquellos que se encuentran en dicho territorio desde antes del año 2011. Pero eso no debería frenar las aspiraciones de los numerosos habitantes de la región sur y centroamericana que día a día luchan por ingresar a la tierra de las oportunidades impulsados por las propias crisis en sus países de origen. Así lo aseguraron Olea y Meyer, quienes detallaron qué es lo que motiva al inmigrante a apuntar a otras naciones
Al mantener el Título 42 y la frontera cerrada «vemos aún una situación peligrosa para las personas que buscan protección en EEUU», comentó la directora asociada de Alianza Américas.
Por su parte, Meyer recordó que los flujos migratorios responden a dos dinámicas: salir de su país de origen en busca de protección y apuntar a mejoras económicas. Consideró que para evitar la migración irregular en el futuro se debe «buscar cómo ampliar la entrega de visas de trabajo temporales y cómo mejorar las condiciones en los países de origen para crear nuevas oportunidades».
Que se trate del proyecto de ley migratorio más extenso de los últimos 35 años recibido por el Congreso no se traduce en un proyecto resolutivo. Este es una muestra de ello, así como las diferencias dentro del Partido Demócrata y las ambiciones republicanas suponen una reto cada vez mayor en la agenda política del presidente Biden.
