La Consejería Jurídica de la Presidencia de México argumentó riesgos para la seguridad nacional y no dar información sobre el uso del software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, en ese país.
El alegato de la Consejería ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirma que la UIF es una entidad de seguridad nacional que se pondría en riesgo si difunde sus investigaciones.
Lo último: La Consejería no autorizó el acceso a informes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) clasificó como reservados, por cinco años, pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) había ordenado su difusión, reveló el diario Reforma.
Pegasus es un producto de NSO Group, una empresa israelí que dice que licencia el malware a los gobiernos para perseguir a terroristas, narcotraficantes y otros criminales que se usó en México.
- En julio, el entonces titular de la UIF de México, Santiago Nieto, aseguró que en 2014, la antigua Procuraduría General de la República contrató a la empresa Tech Bull para adquirir Pegasus por $32 millones.
- También anunció el bloqueo de cuentas a 24 personas y empresas relacionadas con esta adquisición.
- La transacción se concretó con una firma del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Esta compra no es la primera que hacía México durante la administración de Felipe Calderón también se contrató el servicio.
- El medio afirma que las contrataciones con NSO Group concluyeron el 31 de diciembre de 2018 y que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no existe evidencia del uso de este servicio.
¿Por qué es importante? La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado Mexicano a esclarecer y sancionar el uso de software Pegasus para espiar a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, entre otros.
- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el pasado 1 de noviembre a Juan Carlos García, antiguo empleado de Proyectos y Diseños VME, que forma parte del grupo empresarial KBh acusado de espiar de manera ilegal a la periodista Carmen Aristegui, mediante el uso del ‘malware’ Pegasus.
- La acusación plantea la posibilidad de que los ejecutivos empresariales estuvieran involucrados en una red de espionaje paralela «para su propio beneficio, pero en coordinación con altos funcionarios mexicanos», dijo Leopoldo Maldonado, director para México de Artículo 19.
- La empresa afirma que selecciona cuidadosamente a sus clientes y elimina a los que abusan del software. Sin embargo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó recientemente a la empresa israelí en su lista negra
El contexto: Grupos no gubernamentales identificaron indicios del programa espía de NSO en los teléfonos de 26 periodistas, activistas y políticos mexicanos entre 2015 y 2017, lo que desató la indignación, publico The Washington Post.
- Lo inusual de la detención del hombre que espiaba a Aristegui es que no trabajaba para el gobierno, sino para una empresa privada que otorgó la licencia del software espía en nombre de NSO Group, según los fiscales.
- Al ser consultados sobre la detención en México, NSO dijo que sus productos «solo se venden a entidades gubernamentales examinadas y aprobadas. No pueden ser utilizados por empresas privadas o individuos».
- Una investigación publicada este verano por 17 medios de comunicación asociados afirma que encontraron indicios del programa espía en intentos de hackeo y en el éxito de 37 teléfonos inteligentes pertenecientes a periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios de todo el mundo.
- Casi un tercio de los números que habían sido espiados con el software estaban en México.
Fuente principal de la noticia: Reforma
