Ally Jarmanning

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Un sindicato que representa a los oficiales de la Policía Estatal de Massachusetts está retando el decreto de vacunación obligatoria emitido por el gobernador Charlie Baker.

En una demanda introducida el pasado viernes en la Corte Suprema de Suffolk, la Asociación de la Policía Estatal de Massachusetts le solicitó a un juez que detenga el decreto. Las órdenes de Baker obligan a los empleados estatales bajo el control del gobernador, incluyendo a los oficiales de la Policía Estatal, a estar completamente vacunados contra el COVID-19 o a solicitar una excepción médica o religiosa antes del 17 de octubre.

El sindicato, que representa a mil 800 miembros, dice que el estado debe primero llegar a un acuerdo con los trabajadores.

De acuerdo a los registros de la corte, el sindicato ha solicitado que, a los trabajadores que no quieran vacunarse, o a los que ya tuvieron COVID-19, les sea permitido someterse a pruebas semanales y utilizar mascarilla en vez de tener que ser vacunados.

Otros decretos de vacunación, como aquellos en Boston y New Bedford, les dan a los trabajadores la opción de ser vacunados o de someterse a pruebas regulares.

El sindicato también quiere que el departamento les de a los oficiales de la Policía Estatal “protección preventiva” en cuanto al COVID-19 y a las vacunas. Eso quiere decir que, si algún miembro cae enfermo por coronavirus o por las vacunas, o muere, o se enferma de una manera tan aguda que se ve obligado a retirarse, eso deber ser considerado entonces como una lesión laboral inherente a sus deberes de servicio, lo que pudiera acarrear beneficios financieros adicionales.

Una audiencia en torno a la disputa se tenía programada para el pasado miércoles.

El Departamento de la Policía Estatal de Massachusetts se rehusó a comentar sobre la demanda, pero dijo que alrededor del 70% de los trabajadores tanto juramentados como civiles fueron vacunados en las clínicas que el departamento ofreció. El departamento también dijo que no estaba seguro de cuántos trabajadores se vacunaron en otras clínicas.

Un abogado que representa a los oficiales de la Policía Estatal se rehusó a comentar el pasado lunes.

El sindicato que representa a los guardias penitenciarios y a los oficiales de otras instituciones correccionales de Massachusetts amenazó el mes pasado con emprender sus propias acciones legales contra el decreto de vacunación obligatoria.

Aquellos que han retado a otros decretos de vacunación obligatoria a lo largo del país han tenido resultados mixtos. La Corte Suprema le permitió a la Universidad de Indiana proceder con su decreto de vacunación obligatoria para estudiantes. Pero un juez federal bloqueó temporalmente al estado de Nueva York de proceder con la vacunación obligatoria de todos los trabajadores de la salud. Los trabajadores argumentaron que sus derechos estaban siendo violados porque el decreto no permitía excepciones religiosas.

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