El representante Mo Brooks (republicano por Alabama) solicitó ser destituido de una demanda federal que alega que incitó el asalto de la mafia del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos, asegurando que no puede ser considerado responsable porque actuaba como empleado federal mientras desafiaba los resultados de las elecciones de 2020 en un discurso ardiente justo antes de que comenzaran los disturbios.
Brooks dijo en una moción el viernes que debería ser retirado como acusado o representado por el Departamento de Justicia en el caso, presentado el 5 de marzo por su colega, el representante Eric Swalwell. La demanda nombra al expresidente Donald Trump, Brooks, Donald Trump Jr. y Rudolph W. Giuliani y busca daños y perjuicios en relación con sus declaraciones a una multitud cerca de la Casa Blanca a la que el expresidente le dijo que marchara hacia el Capitolio.
«Hoy es el día en que los patriotas estadounidenses comienzan a anotar nombres», dijo Brooks, haciéndose eco de las afirmaciones infundadas de Trump de que las elecciones fueron manipuladas. Brooks le dijo a la multitud que eran víctimas de un robo histórico y les preguntó si estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por su país.
Respuesta
El juez de distrito estadounidense Amit Mehta en Washington ordenó el lunes al Departamento de Justicia y a Swalwell que respondieran a los reclamos de Brooks. El juez también desestimó sin perjuicio la solicitud de Swalwell de que el tribunal dicte una sentencia en rebeldía contra Brooks, quien anteriormente no había cumplido con el plazo para responder a la demanda.
En su presentación del viernes, Brooks invocó una ley de 1988 que protege a los empleados federales de responsabilidad personal mientras actúan dentro del alcance de su oficina o empleo. Argumentó que su discurso, tuits y conductas relacionadas «fueron indiscutiblemente en el contexto de una preparación para» una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero para confirmar los resultados de las elecciones presidenciales.
Trump le ha pedido al juez que desestime el caso por motivos similares, alegando que como presidente tiene inmunidad absoluta frente a demandas por sus acciones oficiales, y puede instar al Congreso a tomar acciones favorables para él en su conteo electoral.
The Washington Post. Traducción libre por El Tiempo Latino
