El revés de Donald Trump en los comicios presidenciales de noviembre de 2020 trajo movimientos que apuntan a un cambio en la dinámica electoral de cara a la visita a las urnas en 2022 y 2024. De momento, nuevas leyes cargadas de polémica se asoman, en su mayoría, en estados gobernados por republicanos, mientras el Congreso desarrolla su propia batalla por establecer una nueva legislación en dicha materia.
Estados de alta importancia por la cantidad de delegados que acumula en los comicios presidenciales ya sumaron proyectos que restringen el derecho al sufragio, los cuales van desde mayores requisitos para aquellas personas que ejercen su decisión en ausencia, hasta la reducción en los horarios para la votación anticipada.
De acuerdo con una amplia investigación del Brennan Center for Justice, entre el 1 de enero y el 21 de junio de 2021 había registro de 17 entidades que promulgaron 28 nuevas leyes que restringen el acceso al voto.
El estudio demostró, además, que 389 proyectos de ley restrictivos han sido presentados en sesiones legislativas este año, una fuerte cruzada por generar la mayor cantidad de alteraciones posibles y cuyos efectos inciden sobre las minorías.
La investigación del Brennan Center for Justice marca dentro del mapa estadounidense a poco más de un tercio de su territorio, con los estado Texas, Florida, Georgia, Alabama, Kentucky, Indiana, Iowa, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Montana, Idaho, Wyoming, Utah, Arizona, Nevada y Luisiana como las entidades donde se han aprobado las 28 nuevas leyes este año.
La mayoría de las mencionadas áreas están gobernadas por republicanos, a excepción de Kentucky, Kansas, Nevada y Luisiana, donde demócratas están al frente, pero con el Poder Legislativo local dominado por miembros del Partido Republicano.
De esos 17 estados, 15 vieron ganar a Trump en la contienda que protagonizó el año pasado contra el demócrata Joe Biden, con Arizona y Georgia como dos poderosas entidades que en conjunto sumaron votos electorales en la pasada lucha por la Casa Blanca.
¿Cuáles son las restricciones?
La lista de acciones varía según los dispuesto y aprobado en cada territorio. En Georgia, Montana y Florida, por ejemplo, las nuevas leyes imponen una serie de requisitos adicionales de identificación para cada uno de los votantes que opta por ejercer su derecho en ausencia.
Una situación similar fue aplicada en Arkansas y Wyoming, dos entidades que establecieron requerimientos vinculados a la identificación de las personas que participen de forma presencial en las urnas.
Entretanto, Iowa dio luz verde a la reducción en los horarios de votación, incluida la anticipada, algo que también fue aplicado en Georgia.
Las circunstancias en las cuales un elector puede aplicar una solicitud de voto de ausencia fueron reducidas en seis estados (Oklahoma, Georgia, Arkansas, Iowa, Kentucky y Alabama).
Por su parte, Kansas, Iowa, Florida y Georgia, pusieron obstáculos para emitir votos por correo, una opción que millones de personas prefirieron en un año marcado por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país, el más afectado en casos y muertes vinculadas por complicaciones originadas por el brote en todo el mundo.
Luego de su revés, Trump acusó -discurso que aún mantiene- un fraude que lo llevó a ser vencido por Biden; no obstante, tanto él como su equipo no han presentado pruebas que sustenten su reclamo. En su lugar, peticiones de auditorías fueron rechazadas e investigaciones determinaron que el proceso fue limpio y la victoria del demócrata legal.
En defensa de las minorías
La reacción de este tipo de acciones encontró en el Departamento de Justicia una fuerte voz que criticó, al menos, lo aprobado en Georgia. El pasado 25 de junio, el fiscal general Merrick Garland confirmó en un comunicado que el organismo presentó una demanda contra la mencionada entidad.
«Nuestra queja alega que los cambios recientes en las leyes electorales de Georgia se promulgaron con el propósito de negar o restringir el derecho de los afroamericanos a votar debido a su raza o color, en violación de la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales”.
Georgia figura como el segundo estado del país con la mayor cantidad de población afroamericana, con más de un tercio del total pertenecientes al mencionado grupo étnico.
Sin embargo, para los republicanos de Georgia la ley fue aprobada con el fin de “prevenir el fraude electoral”.
Petición de los demócratas y respuesta de los republicanos
El presidente Joe Biden, quien calificó como «incorrecta» y «casi inmoral» la ley en Georgia, espera que el Congreso abogue por un acuerdo entre demócratas y republicanos en pro de la HR 1 (For the People Act o Ley para el Pueblo según su traducción al español), con la cual se espera renovar parte de la arquitectura de la democracia estadounidense.
El pasado 22 de junio, el mandatario indicó que “no nos podemos estar quietos mientras la democracia está en peligro aquí, en Estados Unidos. Tenemos que proteger el derecho sagrado al voto y asegurar que ‘nosotros, el pueblo’ escojamos a nuestros líderes, la mera fundación sobre la cual depende nuestra democracia”.
A su voz se sumó la solicitud de Charles Schumer, líder de la mayoría demócratas en el Senado, quien horas antes de que se sometiera votación la legislación, preguntó: “¿vamos a dejar que las legislaturas estatales reaccionarias nos arrastren de nuevo al fango de la supresión de votantes? ¿Vamos a dejar que el presidente más deshonesto de la historia siga envenenando nuestra democracia desde adentro? ¿O nos levantaremos para defender lo que generaciones de estadounidenses se han organizado, marchado, luchado y por lo que han muerto: el sagrado, sagrado derecho al voto?».
Pero lo manifestado por ambos no fue suficiente, pues los republicanos de la instancia se unieron y bloquearon el proyecto de ley, un duro revés a los esfuerzos por anular a nivel federal docenas de leyes estatales de votación aprobadas por el Partido Republicano.
La votación de prueba, una primera instancia que habría sido capaz de despejar el camino para comenzar con el debate sobre la situación, no trascendió al ver un resultado de 50-50 con claras líneas partidistas y 10 votos menos de la supermayoría necesaria para poder impulsarla.
A la espera de más legislaciones
El Brennan Center for Justice advirtió que, además de las leyes ya conocidas, hay otra decena de proyectos que están trascendiendo en sus respectivos estados, por lo que el número podría aumentar más temprano que tarde.
Hasta el 14 de mayo, 61 posibles legislaciones con efectos restrictivos se debaten en 18 estados. Del total, más de un tercio se concentran en Texas y Michigan, cada uno con nueve proyectos en su agenda, y Wisconsin, donde siete están por definir.
En cuanto a su incidencia, 32 de esos proyectos pondrían trabas al voto por correo.
La propuesta en Wisconsin es eliminar la capacidad de los votantes que no sean militares a recibir de forma automática una boleta de votos ausente para cada proceso que se celebre en el estado.
Mientras, en Arizona se medita la posibilidad de prohibir el registro automático de votantes, así como hacerlo el mismo día que se celebren elecciones.
A favor del voto
Pese a las legislaciones que esperan aprobar estos estados, en otros hay una respuesta clara que apunta a tender puentes y facilitar el acceso a las urnas a los votantes en cada proceso.
Votación anticipada, favorecer el derecho por correo y brindar accesibilidad a las personas con discapacidades son algunas de las opciones que se barajan en varios territorios del país.
Virginia es el mayor ejemplo, de esto, con nueve proyectos de ley expansivos que se someterán a votación. Ningún otro estado ha manejado más opciones que este en lo que va de año.
Nueva Jersey y Kentucky le siguen con siete.
Ocho leyes para facilitar el voto por correo forman parte de la agenda legislativa de seis estados, mientras que otros seis están a la espera de una respuesta positiva para brindar mayor apoyo para que personas con discapacidades logren ejercer su derecho al sufragio.
En cuanto a la inclusión, Washington y Nueva York restauraron el voto para personas con condenas cumplidas.
Esta última entidad también dio un paso importante para el registro de personas jóvenes, ampliando el registro automático.
Los demócratas no pierden la esperanza
Mientras parte del país aprueba de forma individual legislaciones restrictivas y otros tantos amplían el acceso al voto, la Casa Blanca lucha para que el Congreso vuelva a poner el tema sobre la mesa y ejecute acciones que pongan freno a los obstáculos.
El lunes 28 de junio, el presidente Biden sostuvo un encuentro con asesores y expertos en derechos de voto luego de haber prometido ser más enfático sobre el tema tras la fallida votación en el Senado.
En un comunicado, la Casa Blanca detalló que en la jornada se «discutió la legislación anti-votante que ha sido propuesta o aprobada recientemente por las legislaturas estatales, la legislación pendiente ante el Congreso y las acciones recientes tomadas por el Departamento de Justicia para proteger el derecho al voto»; no obstante, no se indicó quiénes se reunieron con el demócrata.
«El presidente y su personal destacaron las formas en que la administración continuará trabajando con el Congreso para aprobar legislación crítica y aumentar el compromiso con el pueblo estadounidense sobre los derechos de voto», siguió la Casa Blanca en su comunicado.
«El presidente también reiteró su determinación inquebrantable de ganar la lucha para proteger el sagrado derecho al voto en elecciones libres y justas».
Ese mismo día, el expresidente Barack Obama compartió su opinión y expresó tener «plena confianza en que Nancy (Pelosi), trabajando en conjunto con Chuck Schumer, Joe Biden y otros, incluidas personas como Joe Manchin” podrán encontrar la forma de favorecer a la Ley para el Pueblo.
