El American Jobs Plan, conocido popularmente como el plan de empleo e infraestructura, tiene un componente de igualdad y beneficiará de ese modo a la comunidad latina en los Estados Unidos, afirmó el secretario del Departamento del Trabajo, Marty Walsh, en exclusiva para El Tiempo Latino.

La iniciativa impulsada por la Administración de Joe Biden abarca amplios aspectos como la infraestructura, transporte público, educación, capacitación de la fuerza laboral, garantizar buenos salarios, un mayor acceso a banda ancha de internet, agua potable, entre otros; e incluye una segunda propuesta conocida como el Plan Fiscal Made in America cuyo fin es financiar el precio del paquete, inicialmente de $2,25 billones, en un plazo de 15 años.

El American Jobs Plan es una inversión “que creará millones de buenos empleos, reconstruirá la infraestructura de nuestro país y posicionará a Estados Unidos para competir con China”, señaló la Casa Blanca en su hoja informativa del proyecto. No hay un número específico de los nuevos empleos que se esperan abrir.

“La audiencia latina que nos ve debe saber que este plan es sobre una inversión de costa a costa, de norte a sur en este país, en diferentes áreas y en diferentes industrias”, aseguró el secretario Walsh esta semana.

Explicó que, aunque no se trata de una respuesta directa a la pandemia, se prevé ayudar a recuperar a la clase media y a los pequeños negocios afectados por el COVID-19, entre ellos los pertenecientes a comunidades de color e inmigrantes.

La puesta en práctica del American Jobs Plan, señaló a este medio Marty Walsh, será en un periodo de ocho años, pero acotó que los resultados estarán visibles a partir del primer año una vez que se apruebe y aplique: “Ya sea con un proyecto que comience a avanzar en algún distrito, empezaremos a ver construcciones en las calles para mejorar los accesos; o se empezará a ver la inversión en la economía de servicios de cuidado”.

Infografía El Tiempo Latino.

Este plan abarca financiar educación para niños entre 3 y 4 años, educación gratis en universidades comunitarias y más inversiones en las guarderías. El funcionario destacó que $400 mil millones se usarán en la economía de servicios de cuidado, como la atención domiciliaria o comunitaria para personas mayores o con discapacidades; aumentar los salarios en esas áreas y mejorar la capacitación laboral.

Subrayó que la pandemia afectó la industria del cuidado de niños y con ello a las mujeres que perdieron sus empleos. También habrá un enfoque a la manufactura en zonas como la costa norte y este.

“La mayoría de los latinos en el país son inmigrantes que llegaron en busca del sueño americano, para poder enviar dinero de vuelta a sus familias en sus países de origen. Se necesita hacer lo mejor posible para que todas las personas que trabajan en los Estados Unidos tengan buenas oportunidades; y lo más emocionante de este plan es poder obtener un trabajo del que puedas estar orgulloso, con el que puedas tener suficiente dinero para tener un techo, comida en la mesa y poder cuidar de tu familia”, añadió.

Creación de empleos, razón del plan

La administración Biden no ha precisado cuántos empleos se van a crear, lo cual es la base fundamental de la propuesta y un tema importante para el presidente. De hecho, ya lo había abordado con el plan ambiental que llegó vía orden ejecutiva el miércoles 27 de enero de este año. 

PLAZO. Biden estableció unilateralmente el 31 de mayo como un límite para llegar a un acuerdo.
Foto: Efe/Tasos Katopodis.

El plan contra el cambio climático se aprobó con la previsión de crear nuevos empleos. Biden dijo que “millones de estadounidenses” trabajarían en la modernización de los sistemas de agua, transporte e infraestructura energética para afrontar el impacto del clima extremo, según su proyecto de gobierno.

A propósito de la renovación de la flota de vehículos por unidades eléctricas sin emisiones, Biden comentó que serían fabricados en Estados Unidos. Para ello prevé la creación de 1 millón de nuevos empleos en la industria automotriz del país.

“Vamos a crear más de un cuarto de millón (250 mil) de puestos de trabajo para hacer cosas como tapar millones de pozos de petróleo y gas abandonados, que representan una amenaza constante para la salud y la seguridad de nuestras comunidades”.

Pero al igual que con el American Jobs Plan, los detractores advierten que los resultados podrían ser negativos. De hecho, en ese momento el director ejecutivo del Instituto de Petróleo Estadounidense (API), Mike Sommers, criticó que se perdieron 1 mil empleos y otros 9 mil nunca se concretarán debido a la suspensión del oleoducto Keystone XL.

La idea de Biden era que esos trabajadores se trasladen a otras áreas de trabajo en surgimiento con la aplicación de sus plan ambiental.

Preocupaciones por la recuperación

Para líderes republicanos y detractores de Biden, los planes sobre la mesa ponen en riesgo la recuperación económica -aunque desigual- que ha visto el país en los últimos meses. Hay preocupaciones por posibles pérdidas de empleo, aumento de impuestos y de la inflación; o de que haya un gasto excesivo.

El plan de Biden persigue un incremento en el impuesto a la renta empresarial de 21% a 28%, y la imposición de una tasa mínima de impuestos a grandes empresas de un 15%. También aumenta la aplicación de aranceles contra las corporaciones y evita que las empresas estadounidenses declaren su residencia en paraísos fiscales.

El vicepresidente sénior de Asuntos Políticos, Económicos y Regulatorios de API, Frank Macchiarola, expresó el apoyo de la organización a la modernización de la infraestructura, lo cual incluye carreteras, puentes, ferrocarriles y puertos. Pero al mismo tiempo advirtió que aumentar los impuestos a industrias específicas socavaría la recuperación económica y pondrá en peligro los empleos bien pagados, incluyendo los trabajos sindicales.

ALCANCE. El plan de infraestructura no se limita al mejorar puentes y carreteras, también busca el bienestar social.
Foto: Efe.

“Es importante tener en cuenta que nuestra industria no recibe un tratamiento fiscal especial, y continuaremos abogando por un código fiscal que respalde la igualdad de condiciones para todos los sectores económicos”, remarcó el Macchiarola en una declaración en reacción al plan de infraestructura.

Una visión distinta tiene Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC, por sus siglas en inglés), quien considera que los millonarios “muchas veces” no pagan lo debido para el presupuesto del gobierno. En ese sentido, dijo que no todos ven la ayuda federal al mismo nivel.

Cavazos aseguró que 40% de la inversión en el proyecto de empleo e infraestructura ayudará a comunidades latinas y de color. “Es un plan para ofrecer igualdad en infraestructura, en educación, pequeños negocios y la industria de manufactura, en la que necesitamos tener más capacitación para los empresarios”.

En una entrevista de Facebook Live con El Tiempo latino, explicó que con la ampliación de banda ancha a todo el país las personas accederán a empleo, capacitación laboral, educación, negocios y prosperidad en el futuro. Además, resaltó la inversión en universidades y colegios comunitarios, donde la mayoría de los integrantes son personas de color o latinos.

El muro republicano

Actualmente el American Jobs Plan está en negociación con los republicanos, quienes tienen la mitad de los escaños en el Senado. La administración Biden está en conversaciones para llegar a un consenso, sin embargo, hay una amplia diferencia entre lo que exige el gobierno y lo que están dispuestos a permitir los adversarios políticos.

DECISIÓN. Los demócratas pueden intentar avanzar sin la participación de los republicanos.
Foto: Efe.

El viernes 21 de mayo, la Casa Blanca presentó una contraoferta de su plan de empleo e infraestructura: redujo el monto de $2,25 billones a $1,7 billones, sin modificar las disposiciones fiscales más cuestionadas por los republicanos, con recortes en lo previsto para internet y bienestar social. Jen Psaki, secretaria de Prensa del gobierno, afirmó que la nueva oferta evidencia la voluntad de disminuir el tamaño del paquete.

La Casa Blanca descartó limitar lo que considera infraestructura, entre ello inversiones en cuidado infantil y educación, lo cual rechazan los republicanos. Biden marcó el lunes 31 de mayo, cuando se conmemora el Memorial Day (Día de los Caídos), para llegar a un consenso: así sumó más presión a las negociaciones.

La delegación republicana en las conversaciones, encabezada por la senadora Shelley Moore Capito (de Virginia Occidental), presentó también una contraoferta que amplió de $568 mil millones a $800 mil millones el monto que están dispuestos a aprobar. Pero mantiene una amplia diferencia de $900 mil millones sobre lo exigido por los demócratas.

Trascendió, de acuerdo con AP, que los senadores republicanos preparan una nueva propuesta que amplía el monto a $1 billón, según una fuente anónima. A su vez, exigen descartar aumentar los impuestos y financiar el plan con el dinero que sobra de los paquetes de alivio, además de los aranceles a la gasolina, los peajes y otras tarifas impuestas a los conductores.

De acuerdo con The Washington Post, ambas partes se han acercado y alejado de un acuerdo bipartidista, en ocasiones generando frustración para todos. Biden puede intentar avanzar sin el apoyo de ellos, como lo hizo con el plan de alivio económico de $1,9 billones, y sepultar su llamado a la unidad de inicios de su gestión.

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