latido fetal

Este miércoles el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una legislación que prohibirá todos los abortos luego de que se detecte el primer latido fetal. El proyecto se une a muchos otros que han sido establecidos en estados liderados por republicanos y que imponen un obstáculo a la decisión que tomó la Corte Suprema en 1973, la cual otorga a la mujeres el libre derecho de realizarse un aborto.

«Nuestro creador nos dotó del derecho a la vida, y sin embargo millones de niños pierden su derecho a la vida cada año a causa del aborto. En Texas, trabajamos para salvar esas vidas», dijo Abbott en una ceremonia privada.

Ahora, los ciudadanos pueden demandar a un proveedor de aborto en caso de sospecha de haber violado la prohibición.

El proyecto entrará en vigencia en septiembre, informa The Hill.

Las mujeres solo podrán optar por un aborto si no se ha detectado un latido fetal, acción que ocurre, generalmente, seis semanas después de que una mujer queda embarazada.

No obstante, la ley toma excepciones como emergencias médicas que presenten las embarazadas.

Aunque los tribunales federales impedido proyectos de ley similares en Dakota del Norte, Iowa, Kentucky y Mississippi, en Texas se espera que se hayan podido sortear objeciones federales.

Otras acciones

Abbott también emitió una orden que prohíbe la imposición de mascarillas en escuelas públicas y entidades gubernamentales de la entidad, reseñó POLITICO.

“Los tejanos, no el gobierno, deberían decidir sus mejores prácticas de salud, por lo que los distritos escolares públicos o las entidades gubernamentales no impondrán mascarillas”, manifestó el gobernador en un comunicado. «Podemos continuar mitigando el COVID-19 mientras defendemos la libertad de los tejanos de elegir si se enmascaran o no».

De acuerdo con la orden, tanto los gobiernos locales como los funcionarios que busquen aplicar un mandato de mascarillas enfrentarán multas de hasta mil dólares.

En las escuelas públicas de Texas, la medida entrará en vigencia a partir del 4 de junio.

Hospitales y prisiones que son propiedad del gobierno o administrados por el gobierno estatal quedan exentos de la prohibición.

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