Massachusetts State House. (Foto: Andy Thrasher/ Flickr)

Katie Lannan/ State House News Service

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Cuando el gobernador Charlie Baker declaró por primera vez el estado de emergencia a propósito del COVID-19 el 10 de marzo de 2020, una de las razones que citó en su orden  fue que sería «fundamental tomar medidas adicionales para prepararse, responder y mitigar la propagación de COVID-19 para proteger la salud y el bienestar de la gente».

Ahora, después de que Baker anunció el lunes 17 de mayo que pondría fin al estado de emergencia el 15 de junio, el gobernador y los legisladores tienen poco más de cuatro semanas para decidir cuáles de esas medidas adicionales mantendrán a futuro.

«Una vez que la orden de emergencia se acabe, la orden de emergencia se acaba», dijo Baker de modo reiterativo, y agregó que la razón para dejarla hasta el próximo mes «es averiguar si hay cosas en las que necesitamos trabajar con nuestros colegas en la Legislatura para abordar esa especie de paquete de órdenes que cuenta con medidas que no necesariamente están relacionadas con lo que le interesa realmente a la gente»

«Vamos a hacer una revisión de eso y trabajar con nuestros colegas en la Legislatura para lidiar con lo que sea que resulte», dijo.

En un comunicado de prensa, la oficina de Baker indicó que la administración «trabajará con funcionarios legislativos y municipales durante este período para gestionar una transición ordenada de las medidas de emergencia adoptadas por una orden ejecutiva y de legislación especial durante el período del estado de emergencia».

Baker planea levantar las medidas que restringen las operaciones comerciales el 29 de mayo, pero más allá de eso, varios normas que regulan desde los servicios notariales hasta las bebidas para llevar, implementadas mediante una orden ejecutiva, tienen fechas de finalización asociadas al cese del estado de emergencia.

Reuniones virtuales

La COVID-19 Order #1 de Baker, emitida el 12 de marzo de 2020, modificó los requisitos de la open meeting law durante la duración del estado de emergencia para permitir la participación virtual, con métodos de acceso público requeridos, como una forma de mantener a los gobiernos estatales y locales en funcionamiento mientras no pudieran realizarse reuniones a puerta cerrada.

Si bien algunas entidades estatales, como la Junta de Control Fiscal y Gestión del T y la Junta de Educación Primaria y Secundaria, ya estaban acostumbradas a transmitir sus reuniones en línea, el paso al ámbito digital fue algo nuevo para muchos pero rápidamente se convirtió como en una bendición para la apertura y crecimiento de las comunicaciones, abriendo la participación a quienes se encuentran más allá del área metropolitana de Boston, donde se agrupan la mayoría de las oficinas estatales.

La open meeting law no aplica para la Legislatura estatal, la Cámara y el Senado, los cuales adoptaron reglas de emergencia para permitir que los legisladores votaran y realizaran sus sesiones de forma remota. Las medidas del Senado con respecto a la pandemia expiran el 1 de enero de 2022, y las de emergencia en la Cámara siguen siendo «efectivas hasta que una mayoría de la Cámara adopte una Orden que declare que el estado de emergencia dentro de la Cámara ha cesado o hasta las 11:59 p.m. del 15 de julio de 2021», señala la orden.

Una medida adicional permite que los miembros del Consejo del Gobernador participen en sus reuniones de forma remota. Al igual que la Legislatura, el Consejo del Gobernador normalmente se reúne en la Casa del Estado, que permanece cerrada al público. La presidenta del Senado, Karen Spilka, dijo el año pasado que la Cámara de Representantes estaría cerrada «mientras dure el estado de emergencia», y el presidente de la Cámara de Representantes, Ron Mariano, sugirió el mes pasado «que tal vez para el otoño podamos comenzar a abrir este edificio y comenzar a tener algunas audiencias y hacer que la gente testifique y exponga sus puntos».

Servicios de telesalud

Al igual que las reuniones públicas virtuales, la telesalud se ha generalizado mucho durante la pandemia. Una ley firmada en enero de 2021 buscaba garantizar que la telesalud permaneciera accesible para los pacientes después de la pandemia, basándose en una orden de emergencia que requería que las aseguradoras cubrieran los servicios de telesalud.

La ley requiere que las aseguradoras reembolsen permanentemente los servicios de telesalud conductual a la misma tarifa que de manera presencial. Para la atención primaria y el manejo de enfermedades crónicas, las aseguradoras deben reembolsar los servicios virtuales y en persona a las mismas tarifas durante dos años. Ahora bien, todos los demás servicios de atención médica mantendrán las mismas tarifas hasta 90 días después de que finalice el estado de emergencia; es decir, el lunes 13 de septiembre.

Alivios para restaurantes

Al prohibirse a principios de la pandemia el servicio a la mesa en restaurantes, la comida para llevar y la entrega a domicilio se volvieron cruciales. Incluso ambas opciones siguen siendo piezas importantes de los modelos comerciales de muchos establecimientos, a pesar de que estos ya pueden recibir a sus clientes al aire libre o al interior.

Con esa dinámica en mente, los legisladores autorizaron temporalmente la venta de bebidas alcohólicas siempre que fueran acompañadas de comida para llevar, e incluyeron nuevos términos en la economic development law donde se limita al 15 por ciento la tarifa que los servicios de entrega de terceros, como UberEats, DoorDash y Grubhub, pueden cobrar a los restaurantes hasta que finalice el estado de emergencia.

Los propietarios y defensores de restaurantes ya están abogando por una extensión de dichas medidas, ya sea a través de enmiendas al presupuesto del Senado o una legislación independiente.

Protecciones contra el desalojo

Mientras esté en vigencia el estado de emergencia, los propietarios que emitan a los inquilinos un aviso de desalojo por falta de pago del alquiler también deben proporcionarles otros documentos, incluida información sobre asistencia para el alquiler y sobre la moratoria de desalojo del Centro para el Control de Enfermedades (que expira el 30 de junio). 

La misma ley ordena a los tribunales que concedan una prórroga en los casos de desalojo por falta de pago del alquiler durante la emergencia si el acusado tiene una solicitud pendiente de asistencia de alquiler de emergencia. La administración Baker lanzó un programa de ayudas por $171 millones después de permitir que una moratoria de desalojo y ejecución hipotecaria a nivel estatal caducara en octubre.

El lunes, Baker dijo que el plan «en realidad ha funcionado bastante bien» y recientemente «recibió un impulso financiero muy significativo por parte del programa del gobierno federal en la CARES Act 2, que básicamente proporcionó alrededor de $475 millones para apoyar dicha iniciativa aquí en Massachusetts».

«Como habíamos construido una infraestructura para ello, a diferencia de muchos estados donde todavía no han descubierto cómo mover el dinero y sacarlo por la puerta y lidiar con la elegibilidad, nosotros tenemos todo eso bajo control, y creo que es algo que ayudará mucho con una de las mayores preocupaciones que tiene mucha gente», señaló.

Los funcionarios de vivienda durante el estado de emergencia deben informar cada mes a la Legislatura sobre la iniciativa, y la ley exige la existencia de un grupo de trabajo para «rastrear los resultados del programa y hacer recomendaciones sobre cómo mejorar su efectividad, eficiencia y alcance» hasta 45 días después de la expiración de la orden.

Período de espera por desempleo

El periodo de una semana de espera para poder reclamar beneficios de desempleo relacionados con el COVID-19 fue anulado y el estado pasó a brindar alivio inmediato a los afectados por la pandemia, según una ley de marzo del 2020. Esta vence 90 días después de que termine la emergencia.

Moratoria en servicios públicos

En febrero, el Departamento de Servicios Públicos extendió su moratoria relacionada con la pandemia sobre los cortes de servicios públicos de gas, electricidad y agua residenciales hasta el 1 de julio de 2021. Una orden anterior de la DPU ordenaba a los servicios públicos que continuaran eximiendo las tarifas por pago atrasado para pequeños clientes comerciales e industriales durante seis meses después de la fecha en que Baker levanta el estado de emergencia.

Notarización virtual

Una ley de abril de 2020 que permite a los notarios públicos «realizar un reconocimiento, afirmación u otro acto notarial» a través de videoconferencias electrónicas en tiempo real en lugar de cara a cara será derogada tres días hábiles después de que finalice el estado de emergencia.

Acceso a la sala de emergencias

El grupo de trabajo del Departamento de Salud Pública encargado del acceso de los pacientes a las salas de emergencia de los hospitales tiene hasta 180 días después del fin del estado de emergencia para presentar un informe y recomendaciones a la Legislatura.


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