Pese a que durante más de cuatro décadas Estados Unidos no ha dado marcha atrás a su sistema de asilo, los números convierten al gigante mundial en un lugar donde optar y salir beneficiado por esta acción no es tan sencillo. Incluso, expertos califican como una suerte cada dictamen por parte de jueces de inmigración.
Pero con la llegada de Joe Biden a la presidencia y su insistencia en generar cambios en materia migratoria, el proceso también podría ver alteraciones en su funcionamiento.
La tarea no es sencilla: Estados Unidos atraviesa una crisis en la frontera sur, donde a diario miles de inmigrantes esperan cruzar y tener mejores oportunidades en comparación con sus naciones de origen. El tema ha ganado la fuerza suficiente para que las críticas se centren sobre la figura del mandatario, quien designó a la vicepresidenta Kamala Harris como la funcionaria detrás del aparato que tiene como norte controlar el fenómeno.
Mientras esto ocurre, los solicitantes de asilo esperan respuesta de un sistema cargado de altos obstáculos difíciles de superar y lleno de más preguntas que respuestas luego de los primeros 100 días de Biden en el cargo, quien quiere dejar su huella en la materia y así revertir muchas de las medidas ejecutadas en la pasada administración.
La página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos señala que «cada año vienen personas a los Estados Unidos en busca de protección porque han sufrido persecución o tienen temor de que sufrirán persecución» por su raza, religión, nacionalidad u opinión política. Sin embargo, el proceso va ligado a resultados, en su mayoría, negativos.
Un informe del centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, mostró que el pasado año fiscal el rechazo a las solicitudes alcanzó cifras récord.
El estudio mostró que en 2020 se estableció un máximo histórico del 71.6% en la negativa a las solicitudes, un número mucho más alto en comparación al 54.6% de la más cercana referencia en la estadística y que se generó en el año 2016, cuando el expresidente Barack Obama se encontraba en el cierre de su gobierno.
«Desde hace mucho tiempo, el sistema de los jueces migratorios ha sido muy arbitrario», criticó Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de WOLA, en entrevista exclusiva con El Tiempo Latino. «Puedes solicitar asilo en Arlington, Virginia, y tienes muchas más posibilidades de quedarte en Estados Unidos en comparación con los de Carolina del Norte».
La afirmación de la experta encuentra base en los datos del TRAC: los porcentajes de aprobación de solicitudes de asilo entre los años 2015 y 2020 oscilaron entre el 0.9% y el 95% según el juez que tome los casos.
«Es una ruleta», agregó.
100 días y pocos cambios
Para el presidente Joe Biden la migración es un tema ineludible. Desde que corría como candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2020, el demócrata prometió acciones que se desarrollarían tanto en órdenes ejecutivas como una reforma que hasta la fecha no ha sido discutida por los miembros del Congreso.
Mientras la frontera sur es noticia a diario por la alta cantidad de personas que intenta ingresar a Estados Unidos a como dé lugar, el sistema de asilo ha perdido espacio. Eso, a juicio de los expertos, muestra pocos cambios en los más de 100 días del gobierno de Biden.
Xavier Racine, abogado especialista en migración, dijo a El Tiempo Latino que en algo más de tres meses desde que el mandatario asumió el cargo, lo único que ha notado de diferente en ese tema es que «están dejando entrar un poco más de gente que solicita asilo, pero todavía expulsan a muchos».
Racine recordó que la administración Biden «se comprometió a revisar la política de los asilos», pero «todavía no se ha visto un gran cambio» en el área.
Mientras tanto para Meyer «todavía hay muchos pendientes». La entrevistada mencionó la cancelación del programa Quédate en México, que obligaba a los solicitantes a esperar por su audiencia en territorio azteca. «Este ha sido el cambio más importante porque fue una medida implementada por el gobierno de Trump para limitar la posibilidad de acceder al asilo dentro de Estados Unidos».
«En general, el sistema no ha tenido muchos cambios. Para un solicitante que quiere acercarse a la frontera todavía verá muy cerrada la posibilidad de acceder a la protección por la vigencia de la prohibición por la emergencia de salud pública», siguió.
La crítica a los jueces
El 6 de mayo, el Departamento de Justicia presentó un comunicado en el que informó la contratación de 17 jueces de inmigración. El hecho fue más que curioso, pues los magistrados tenían como punto común el haber desarrollado también las labores en el gobierno de Trump.
Tras el anuncio las críticas no tardaron en llegar. Paul Schmidt, quien durante más de 20 años se desempeñó como juez de inmigración y ahora destaca como profesor adjunto en la Facultad de Derecho de Georgetown, dijo a The Hill que «hubiera esperado (esa lista de nuevos magistrados) de figuras como Bill Barr o Jeff Sessions, pero ya no son fiscales generales. Se supone que las elecciones tienen consecuencias».
Pero Schmidt no fue el único en pronunciarse sobre esto.
Para Racine, «durante los últimos cuatro años del gobierno de Trump se pusieron muchos obstáculos y barreras para este tipo de demandas de asilo», por lo que la elección de los 17 jueces no fue una acción esperada, incluso apuntó a uno de ellos como una figura que «no tenía experiencia en la materia. Eso ha sido decepcionante para abogados e inmigrantes, pues parece que no ha cambiado nada».
Entretanto Meyer comentó que «lo más importante que deberá hacer Biden será ampliar el número de jueces en el sistema migratorio, pero también el número de personas de apoyo al sistema judicial migratorio para asegurar que se respete el proceso en cuanto a los tiempos y las cuotas que deberá tener cada juez para resolver cada año».
Sin embargo, se esperan nuevas acciones en el tema. Se estima que más temprano que tarde el gobierno contrate a un total de 100 nuevos jueces para hacer frente a los 1.3 millones de casos que esperan una rápida solución.
La salida de Roberta Jacobson
Las dificultades en materia migratoria que enfrenta el nuevo gobierno estadounidense se reflejó a finales de abril con otra noticia que despertó el debate. A pesar de que sus labores estaban limitadas solo a los 100 primeros días de la administración Biden, Roberta Jacobson, coordinadora de fronteras, renunció a su trabajo el 9 de abril.
«De acuerdo con su compromiso inicial de trabajar en los primeros 100 días del gobierno, la embajadora Jacobson dejará su cargo de coordinadora a finales de este mes», adelantó la Casa Blanca sobre la encargada de «revitalizar los sistema inmigración de Estados Unidos».
Sin embargo, mientras estuvo en el cargo dejó palabras nada alentadoras.
En entrevista con la cadena de noticias BBC, la exfuncionaria indicó que la prioridad del gobierno en cuanto a una rápida resolución de los casos de asilo se concentraba en aquellos pertenecientes a personas afectadas por la política Quédate en México, quienes ingresaron en parte gradualmente a Estados Unidos.
No obstante, la especialista aclaró que «la verdad es que la mayoría no va a calificar para recibir asilo».
Proceso de altibajos
Para aplicar al asilo, las personas deben llenar una aplicación, presentarla en inmigración, participar en la entrevista con el oficial de asilo, quien decidirá si el caso trasciende o no. Posteriormente se celebra la entrevista de miedo creíble y ahí pasa a la corte de inmigración.
Aunque parezca sencillo, la solicitud de asilo es una tarea de paciencia que debe ir de la mano de expertos en la materia. No obstante, un alto porcentaje de inmigrantes prefirió hacer las cosas a su manera, en parte, por desconocimiento de organizaciones que suelen brindar apoyo legal a aquellos que no cuentan con los recursos para pagar por un abogado.
El estudio del TRAC mostró que entre los años 2019 y 2020 el 20% de los solicitantes de asilo no contó con representación legal, hecho que supuso trabas para ellos.
«En cortes de inmigración, sin ayuda de un abogado o una organización, es sumamente difícil ganar el caso», dijo Racine, quien agregó que «no es porque el caso no sea legítimo, pero pueden intervenir factores técnicos (no presentar las pruebas a tiempo o bajo otro formato, por ejemplo)».
En cambio, los solicitantes que lograron contar en su momento con especialistas en el área, bien sea contratados o a través de organizaciones, vieron un porcentaje de éxito de poco más del 31% en el 2020.
En espera
Mientras la administración Biden toma forma en el tema migratorio, los solicitantes de asilo deben tener paciencia. En la región, los inmigrantes esperan contar con resultados positivos y dejar ahí atrás los números negativos vinculados a los resultados de los casos.
El informe del TRAC mostró a Venezuela como la única nación latinoamericana cuya mayoría de solicitantes obtuvieron la aprobación de las autoridades migratorias estadounidenses en el año fiscal 2020 (985 de mil 813 para un 54.3% de resultados favorables).
A partir de ahí la lista está cargada de números rojos: la aprobación de cubanos fue de 39.5%, 38.5% a los nicaragüenses, 18.1% a los salvadoreños y 15% a los mexicanos.
«Esperamos cambios más favorables a futuro», sostuvo Meyer. Sin embargo, todo será cuestión de tiempo.
Del lado de Racine, los abogados de inmigración siguen a la espera de que la administración del demócrata presente regulaciones en el área. No obstante, «el gobierno solo tiene cuatro meses, pero ojalá esto cambie porque el sistema de corte ha sido una decepción para nosotros».
