Los residentes del Distrito de Columbia cumplen con las leyes y pagan impuestos, pero contrario a quienes viven en el resto del país, no tienen voz ni voto en el Congreso. Su lucha para convertirse en el 51 estado de la nación, y así tener representación plena en el Capitolio, es larga, difícil e impredecible.
La estadidad del Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, cuenta con el apoyo de buena parte de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, y también del presidente, Joe Biden, quien ha promovido la idea en su cuenta en Twitter.
La delegada demócrata, Eleanor Holmes Norton, presentó nuevamente su proyecto de ley en la Cámara de Representantes como parte de una lucha que protagoniza desde hace tres décadas, y la medida ya ha logrado 215 copatrocinadores.
Si Holmes Norton y sus aliados logran esta hazaña, el proyecto de ley reduciría el tamaño del distrito federal a dos millas cuadradas, que abarcarían el Capitolio, la Casa Blanca, el Tribunal Supremo y los edificios federales en el “Mall”, y bautizaría a DC con el nombre de Estado de Washington, Mancomunidad Douglas, en honor al líder abolicionista afroamericano, Frederick Douglas.
La legislación H.R. 51 había sido aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado, en una histórica votación de 232 votos a favor y 180 en contra, pero la medida quedó sepultada en el Senado, entonces bajo control republicano. Los demócratas harán un nuevo intento este verano.
Debido a reglas parlamentarias, si una ley no es aprobada en alguna de las cámaras, ésta tiene que atravesar un nuevo proceso de debate y voto en la nueva sesión del Congreso.
Mientras tanto, el senador demócrata por Delaware, Tom Harper, reintrodujo la iniciativa en el Senado en enero pasado, y ésta ya recabó 41 copatrocinadores, todos demócratas.
Según Carper, los residentes de DC sufren una “injusticia histórica”: pagan más impuestos federales per cápita que cualquiera del resto de los estados, pero, irónicamente, “no tienen derecho a decidir cómo se gasta su dinero”.
Por su parte, el grupo progresista “51 for 51” promueve una campaña para que el Senado apruebe la estadidad de DC con mayoría simple, es decir con solo 51 de los 100 miembros de la Cámara Alta.
“Hace apenas dos años, el Senado cambió esta regla para que solo se necesitaran 51 votos para confirmar a los jueces del Tribunal Supremo. Si eso es suficiente para confirmar a un juez del Tribunal Supremo, entonces debería ser suficiente para que DC sea el 51 estado de la nación y sus residentes tengan los mismos derechos que todos los demás estadounidenses”, argumentó el grupo en su página web.
Sin embargo, debido a un recurso legislativo conocido en inglés como “filibuster”, que utiliza el partido minoritario de turno, la medida necesitará 60 votos para su aprobación final en el Senado.
Aún así, los demócratas confían en que pueden ganar esta batalla ya que controlan ambas cámaras del Congreso, aunque por una mayoría reducida tras los comicios de noviembre pasado.
El Senado está repartido entre partes iguales, con 50 demócratas y 50 republicanos, y la vicepresidenta, Kamala Harris, en su calidad como presidenta del Senado, puede romper empates a favor de su partido. Por ahora, el senador demócrata por West Virginia, Joe Manchin, no ha dicho si apoyará la estadidad de DC.
La primera gran prueba de fuego es que el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado dé su apoyo preliminar a la medida, para que ésta avance al pleno.
¿Cuáles son los beneficios de la estadidad?
Los partidarios de la medida aseguran que los 712 mil habitantes de D.C., incluyendo 80 mil latinos, se beneficiarían porque obtendrían el derecho a votar por representantes y leyes que protejan y ayuden a sus familias y comunidades:
Representación política.— El Distrito de Columbia tendría representantes ante la Cámara Baja de forma proporcionada a su población y dos miembros en el Senado. En la actualidad, Holmes Norton puede votar a nivel de comité o en votos de procedimiento, pero jamás desde el pleno de la Cámara Baja, que es donde se realiza el voto final de una iniciativa.
Hasta 1961, con la ratificación de la 23 enmienda de la Constitución, los residentes del Distrito de Columbia no podían votar en las elecciones presidenciales, y no fue sino hasta en 1973, con la aprobación de la ley “Home Rule Act”, que lograron la instalación de una alcaldía y concejo municipal.
Pero siguen sin tener representantes con derecho al voto en el Congreso y, por lo tanto, tampoco pueden influir en la formulación de leyes. Así, los residentes de la capital no tienen voz en el debate de leyes sobre salud reproductiva, los derechos de la comunidad gay, el aumento al salario mínimo, o cualquier otro proyecto de ley que afecte su calidad de vida.
Distribución equitativa de fondos y más ingresos.— Si logra convertirse en estado, el Distrito además recibiría una distribución equitativa de fondos federales para servicios públicos.
Cuando el Congreso aprobó el año pasado un paquete de ayuda a los estados debido al descalabro económico que ocasionó la pandemia del COVID-19, el Distrito de Columbia sólo recibió $500 millones, mientras que los estados recibieron -cada uno, y sin importar su tamaño o peso político- $1 mil 200 millones.
Además, el Congreso le prohíbe a DC cobrar impuestos salariales a personas no residentes, un poder que sí tienen los 50 estados.
Más autonomía para asuntos internos.— El Distrito obtendría plena autonomía sobre sus asuntos internos, además de que tendría su propia Constitución, un sistema de tribunales estatales, y un Capitolio.
Aunque el gobierno de DC opera simultáneamente como ciudad, estado y condado, no tiene autonomía plena sobre la generación de divisas o sobre la gestión de su presupuesto. Y cualquier ley que apruebe el concejo municipal debe tener el apoyo del Congreso.
Con la estadidad, el gobierno de DC también tendría autoridad legal para el despliegue de su Guardia Nacional, algo que hasta ahora ha dependido del gobierno federal. Durante la incursión de extremistas de derecha en el Capitolio el pasado 6 de enero, por ejemplo, la alcaldía tuvo que esperar a que el gobierno federal despachara a miembros de la Guardia Nacional a la zona.
Oposición republicana
Aunque los partidarios de la estadidad nunca habían avanzado tanto en esta prioridad como hasta ahora, éstos afrontan un muro de oposición por parte de los republicanos y grupos conservadores afines que la tachan como una propuesta inconstitucional.
En general, los republicanos argumentan que la ciudad es demasiado pequeña y poco poblada para merecer estatus de estado, y acusan a los demócratas de utilizar la medida como pretexto para avanzar una “agenda radical”.
Patrick Mara, presidente del Partido Republicano de D.C., ha argumentado en años recientes que, con la estadidad, los residentes tendrían que financiar las operaciones de los tribunales y prisiones hasta ahora bajo control del gobierno federal. Según Mara, en 2016, el gobierno federal gastó $274 millones solo en las operaciones de los tribunales en la ciudad.
Por otra parte, los republicanos también aseguran que el ingreso de DC como estado de la unión crearía un “desequilibrio político” en Estados Unidos por la tendencia demócrata de la ciudad. De hecho, el entonces presidente, Donald Trump, dijo en mayo de 2020 que se oponía a la estadidad de DC para privar a los demócratas de más escaños en ambas cámaras del Congreso.
Partidarios de la H.R. 51 replican que la estadidad de Puerto Rico ha estado en la plataforma republicana durante años, y que en el pasado los republicanos se han beneficiado del ingreso de estados a la unión americana, como ocurrió con la división de las Dakotas del Norte y del Sur.
Bowser: la estadidad es un asunto de justicia
En una audiencia reciente ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, instó al Congreso a que corrija un “error histórico” que lleva más de 200 años y apruebe la estadidad de D.C. como un asunto de justicia para los residentes capitalinos.
Bowser se ha quejado de lo que calificó como “la retórica cansada, falsa y antidemocrática” de quienes se oponen a la estadidad del Distrito de Columbia y quieren negarle “una democracia plena”.
Para Bowser, lo ideal sería que el Congreso apruebe la medida en las próximas semanas para que Biden la firme dentro de sus primeros 100 días en el poder, pero aparentemente no hay espacio ni voluntad política para lograr esa meta.
Si el Congreso no aprueba la medida, la única alternativa sería que apruebe una enmienda constitucional, pero esta tampoco tiene buenas probabilidades en un Congreso aquejado de profundas divisiones políticas.
