Legisladores estatales de Nueva York esperan poder acordar un fondo multimillonario que brinde beneficios de desempleo a inmigrantes indocumentados y exconvictos que no fueron incluidos en el paquete de ayuda federal desde el inicio de la pandemia en 2020.

El proyecto llamado Fondo de Trabajadores Excluidos se encuentra aún en conversaciones entre los legisladores y la oficina del gobernador Andrew Cuomo; sin embargo, han asegurado que las mismas han progresado. Además se ha podido conocer que la legislación tiene como objetivo funcionar «programáticamente», según la senadora demócrata Jessica Ramos. «En este momento, las discusiones giran en torno a la elegibilidad y el acceso».

El programa se convierte en el más ambicioso que se ha discutido en los últimos años en el estado y del país, reseña POLITICO. 

En California también se han desarrollado programas de ayuda para inmigrantes indocumentados que han puesto la lupa en el estado. Entre las propuestas se incluyen la ayuda establecida en la primavera pasada que proporcionó cheques de $500 a personas que pudieron conectarse con un sistema telefónico; no obstante los beneficiados fueron pocos por la demanda y el colapso de la línea.

Nueva York estima que el beneficio sume más de 27.000 dólares entre las personas elegibles.

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“Este nivel de inversión es absolutamente histórico para nuestras comunidades. Es la mayor inversión que ha hecho cualquier estado para brindar este nivel de alivio a los trabajadores que han sido excluidos de esos beneficios por desempleo, así como lo que se aprobó en el paquete de estímulo», alegó Vanessa Agudelo de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

El programa también llama la atención pues ha sido una propuesta que hasta ahora no recibe una oposición pública, lo que para algunos cuesta creer pues los republicanos se han negado a aceptar otros programas que benefician a inmigrantes indocumentados y personas anteriormente encarceladas en los últimos años. 

Por ejemplo, la Ley DREAM de Nueva York, aprobada en 2019 y que proporcionó 27 millones para que más ciudadanos fueran elegibles y recibieran una ayuda financiera universitaria, fue objeto de anuncios durante la campaña electoral que atacaban la «matrícula gratuita para inmigrantes ilegales».

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