Una vez más el drama de la inmigración irregular está sobre la mesa de debate en Washington DC. Los centros de detención en la frontera sur de Estados Unidos se han visto colapsados por la llegada acelerada de niños no acompañados en busca de refugio: un promedio de 550 menores llega diariamente al país de acuerdo con las cifras oficiales de las últimas tres semanas.
Solo en febrero llegaron 9 mil 457 menores solos a Estados Unidos y las proyecciones indican que este mes la cifra será de 17 mil. Además, la administración de Joe Biden proyectó a comienzos de marzo que este año fiscal el número se podría disparar a 117 mil, en medio de una crisis sanitaria y económica en el país.
Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de WOLA, organización que promueve los derechos humanos, aseguró a El Tiempo Latino que la situación en la frontera es resultado de las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump, cuya intención era restringir el acceso a la protección en Estados Unidos y en particular la de los niños.
La experta en derechos humanos dijo que el reto para el gobierno federal es aumentar la capacidad para procesar rápidamente los casos; garantizar protección a los menores no acompañados, así como evitar que los niños queden bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por más tiempo del debido en sitios inadecuados para ellos.
La sobrepoblación de niños inmigrantes no acompañados en los centros de detención se explica principalmente por un cambio en las políticas de la Casa Blanca: a diferencia de Trump, el presidente Joe Biden está permitiendo el ingreso al país de los menores que llegan solos a la frontera.
La migración de esta población joven se ha acelerado en los últimos meses hasta hacer colapsar los sitios de detención administrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). El recibimiento es una excepción, pues actualmente la frontera con México se encuentra cerrada y, de acuerdo con lo dispuesto en el Título 42, los migrantes que llegan deben ser devueltos.
Se calcula que un 90% de los menores que llegan solos al país tienen algún familiar o allegado que los acoja. Los niños solo pueden estar 72 horas (tres días) bajo la custodia de CBP y luego pasar al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS, quien tiene la responsabilidad de buscarles un hogar. Sin embargo, actualmente estos lapsos difícilmente se cumplen.
La vicepresidenta para Programas de WOLA, Maureen Meyer, explicó que las autoridades pueden tardar hasta una semana en buscar a las familias de los menores para garantizar que estarán seguros. “Hacer el proceso muy rápido puede llevar a los menores a manos de personas traficantes, que buscan dañar a los niños”, advirtió en una entrevista con El Tiempo Latino.
Meyer sostuvo que una prioridad es ampliar la capacidad del gobierno para admitir y procesar a los menores, con el fin de que estén alojados en sitios adecuados mientras son entregados a sus familiares.
Refugios abarrotados
Los refugios administrados por el HHS están casi al 100% y albergan a más de 11 mil niños y adolescentes, incluyendo a miles que están en refugios improvisados, de acuerdo con las cifras recientes. En diciembre de 2018, cuando Trump era presidente, esos refugios alcanzaron un máximo de 14 mil 200 por día.
Otros 5 mil menores esperan que se desocupen camas del HHS, mientras tanto permanecen en instalaciones de la Patrulla Fronteriza no destinadas a alojar niños o en tiendas de campaña como la que se muestra en las fotos difundidas desde el pasado fin de semana, tanto filtradas como oficiales.
Los menores han tenido que esperar en promedio 136 horas su traslado a centros del HHS: casi el doble del límite legal de 72 horas.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias fue instruida para abrir refugios temporales en Carrizo Springs, Texas; el Centro de Convenciones de Dallas, Texas; Homestead, Florida; Mountain View, California, y Fort Lee, Virginia.
El pasado martes 23 de marzo, la administración Biden publicó dos videos en los que se observan las condiciones de dos centros de detención de la CBP en Texas, en Donna y El Paso. Evidenció la situación de hacinamiento de niños después de presiones para permitir el acceso a las instalaciones.
El video de Donna, por ejemplo, muestra a los niños con mascarillas y los espacios en el sitio, que incluyen una zona para los suministros, cabinas para que los funcionarios realicen entrevistas y un área de juegos al aire libre. Se observó que los menores duermen en pequeñas colchonetas en el piso.
Las imágenes del martes no son las primeras. Un día antes el representante demócrata Henry Cuellar (Texas) publicó fotos del interior de una carpa fronteriza temporal en Donna, evidenciando la situación; y el fin de semana los senadores Shelley Moore Capito (republicana por Virginia Occidental) y Chris Murphy (demócrata por Connecticut) pidieron que la prensa tenga acceso a las instalaciones gubernamentales.
¿Hay o no una crisis en la frontera?
En el escenario político hay un debate sobre si la situación en la frontera es una crisis nacional. Para el expresidente Donald Trump y líderes republicanos así lo es. Sin embargo, la administración de Joe Biden ha hecho énfasis en lo contrario.
A juicio del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la situación es indudablemente difícil. Pero aseguró en declaraciones recientes que la administración trabaja las 24 horas para abordar la afluencia de migrantes irregulares, incluyendo el número récord de menores que llegan sin sus padres.
El lunes 15 de marzo, los principales miembros republicanos de la Cámara de Representantes visitaron la frontera con México y exhortaron a Biden a dirigirse hasta los límites y observar la “crisis humanitaria” que se está gestando por el aumento de migrantes y niños no acompañados.
Kevin McCarthy, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, encabezó la delegación constituida por 12 miembros del partido que se propusieron hacer un recorrido por la zona limítrofe en El Paso, Texas. Desde ahí el legislador responsabilizó a Biden de la afluencia de inmigrantes en los cruces fronterizos y de frenar las políticas migratorias de Trump.
“Aquí es donde debes llevar el Air Force One. Aquí es donde debería mirar a la gente a los ojos. Aquí es donde debería hablar con los agentes fronterizos y hacerles saber que esto está más allá de la crisis”, expresó McCarthy.
John Katko, representante por Nueva York y principal republicano en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, denunció que las políticas tomadas por Biden han abierto el país a posibles terroristas. Aseguró que los agentes fronterizos han identificado a personas de Yemen, Irán, Sri Lanka y Haití intentando ingresar.
La Casa Blanca reaccionó a las declaraciones en un comunicado, al asegurar que con la visita los republicanos observaron “de primera mano lo que muchos estadounidenses saben: la crueldad, el caos y la confusión impulsados por la administración anterior diezmaron por completo el sistema de inmigración”.
En otra visita reciente, una delegación bipartidista de cuatro senadores acompañó a Mayorkas a la frontera. Ahí expresaron preocupación por las condiciones de hacinamiento, además en medio de la pandemia del COVID-19.
Shelley Moore Capito, una de los cuatro senadores de la delegación, dijo en una entrevista con The Washington Post el sábado 20 de marzo que hasta 100 niños migrantes estaban retenidos en una sala grande en El Paso. “Estoy muy alarmada por los números y extremadamente preocupada por el exceso de estadía en las instalaciones”.
Chris Murphy, quien también fue al viaje, dijo que estas no son instalaciones en las que cualquiera “querría que su hijo estuviera en el interior por más de 10 minutos”.
La defensora de derechos humanos Maureen Meyer coincide con la administración en que aún no hay una crisis en la frontera, pero sí una situación de emergencia por atender. “Los números de personas detenidas en general no representan una crisis”, dijo a este medio.
En un reciente estudio de WOLA se lee que el incremento en la migración era algo esperado por los expertos en fronteras: “Las raíces de lo que está sucediendo están en las políticas de la administración Trump que provocaron que un gran número de personas se quedaran atrapadas en el lado mexicano de la frontera”.
La Patrulla Fronteriza expulsó en febrero al 72% de quienes ingresaron de forma irregular al país, 96 mil 974 inmigrantes, solo un poco menos del 85% devuelto en diciembre y el 83% de enero. El mes pasado las autoridades procesaron a 26 mil 791 personas, cifra que ocupa el lugar 77 de los últimos 114 meses.
“Estar en el puesto 77 difícilmente constituye una crisis”, agrega el análisis de WOLA.
¿Quiénes más han entrado?
Además de los niños, en Estados Unidos han ingresado familias migrantes pese al cierre de fronteras. Pero esa no es la suerte de todos. En las últimas semanas se conoció que se aceleró la expulsión de personas que ingresaron de forma irregular y fueron detenidas.
En El Paso, la Patrulla Fronteriza señaló que estuvieron recibiendo migrantes provenientes del Valle del Río Grande desde el 8 de marzo: aunque la orden es expulsarlos a México, en el país vecino hay una capacidad máxima diaria para recibirlos, por eso algunas familias fueron entregadas a refugios dentro de Estados Unidos.
En Tamaulipas, por ejemplo, funcionarios mexicanos rechazan el retorno de las familias con niños pequeños. El gobierno de Biden ha gestionado el ingreso de estos migrantes con refugios locales, dándoles órdenes de comparecer ante un tribunal de inmigración a fin de disminuir el hacinamiento en centros de detención.
“El gran reto a mediano plazo es qué pasos más va a tomar el gobierno de Biden para restablecer el derecho de buscar protección en el país. Hasta el momento la frontera está cerrada para el asilo fuera de los MPP (Protocolo de protección a migrantes) y los niños, y no han dado ninguna señal sobre cuándo piensan que podrían reabrir la frontera y ofrecer esa posibilidad a mucha gente que está huyendo de violencia”, sostuvo Meyer.
La experta mostró preocupación por el mensaje del gobierno federal que exhorta a las personas a evitar migrar en busca de asilo. A su juicio, es un llamado que no pueden acatar quienes huyen de la violencia por amenazas contra su vida.
“Es un mensaje que no cuadra con la realidad de muchas personas en la región y es donde urge tener otras respuestas del gobierno de Biden y del mexicano”, añadió.
