Lauren Fedor en Washington – Financial Times
Cuando Jimmy Carter se lanzó por primera vez al senado estatal de Georgia en 1962, perdió – pero luego impugnó el resultado.
El Demócrata alegó que su oponente había “rellenado” las urnas con votos fraudulentos emitidos en nombre de personas que habían muerto o se habían mudado fuera de la zona. Un juez estuvo de acuerdo con Carter, y éste fue declarado ganador luego de un reconteo.
Casi seis décadas después, Carter, de 96 años, es hoy día un afable antiguo presidente de los EEUU. Pero citó su primera elección al emitir un raro comunicado este mes criticando duramente a los Republicanos de Georgia por su intento de promulgar cambios generales a las leyes electorales que reducirían significativamente las oportunidades de votar fuera del día de la elección.
“Al ver a nuestros legisladores estatales tratando de retroceder en el tiempo con una ley que restringirá el acceso al voto para muchos ciudadanos de Georgia, estoy descorazonado, entristecido y molesto”, dijo Carter, en referencia al largo historial del estado sureño en cuanto a conflicto racial, desde la esclavitud, pasando por la segregación y llegando hasta el movimiento a favor de los derechos civiles.
Menos de tres meses después de que una turbamulta saqueara el Capitolio de EEUU, impulsada por los alegatos falsos de Donald Trump sobre fraude electoral, en américa se están delineando los frentes de batalla para la próxima elección.
Carter reaccionaba ante varios proyectos de ley que la legislatura estatal de Georgia está considerando, y que de ser promulgados, impondrían múltiples medidas restrictivas, yendo desde reducir gran parte del acceso a votar de forma absentista, hasta eliminar el voto en persona los domingos – algo que los Demócratas reclaman como un ataque descarado sobre el voto de los afroamericanos, ya que históricamente estos han acudido a votar como parte de los operativos de “almas a las urnas” en las iglesias Afro-Americanas.
Desde que los Demócratas ganaron ambos puestos del Senado federal en la segunda vuelta electoral de enero, sendas leyes de alto perfil han sido aprobadas respectivamente por cada cámara del cuerpo legislativo estatal, controlado totalmente por el GOP (siglas en inglés del partido Republicano), aunque todavía no se sabe cuál de las dos versiones será enviada al gobernador Republicano Brian Kemp, y tampoco se sabe si Kemp las promulgará.
A pesar de la incertidumbre, las propuestas han generado un interés masivo a nivel nacional y han reavivado los llamamientos a que se restaure la Ley de Derecho al Voto, una parte importante de la legislación federal de derechos civiles promulgada en 1965 y luego desmantelada parcialmente por la Corte Suprema en el 2013.
Habiéndose aprobado el paquete de estímulo, los Demócratas en Washington ahora ven una angosta ventana de oportunidad para impulsar legislación federal que proteja y expanda el derecho a voto. Si no tienen éxito, algunos alertan que podrían perder las elecciones de medio período en el 2022 o la elección presidencial del 2024 simplemente debido a los esfuerzos para limitarle a las personas el acceso al voto. En Georgia, uno de los importantes estados bisagra que Joe Biden ganó en noviembre, su margen de victoria fue de únicamente 12.000 votos; en Arizona, el margen estuvo más bien cerca de 10.000.
“Todo está en juego. Debemos ganar esta batalla, esta lucha por esta ley”, Nancy Pelosi, la Oradora Demócrata de la Cámara dijo este mes en el Capitolio antes de la votación de su sala sobre una de las propuestas de proyecto de ley electoral. “En este mismo momento en el cual estamos reunidos aquí para honrar a nuestra democracia, a lo largo del territorio nacional se están elaborando más de 200 proyectos de ley con provisiones que buscan suprimir el voto”.
De acuerdo con el Centro Brennan para la Justicia – una entidad no alineada – los legislativos de 43 estados han propuesto hasta la fecha en el 2021 más de 250 proyectos de ley que harían más difícil ejercer el voto – esto es siete veces más que el número de proyectos presentados en el mismo período del año pasado.
Los Republicanos argumentan que los cambios en Georgia y en otros estados son esenciales para detener el fraude y la corrupción sistémica que Donald Trump y sus acólitos falsamente acusaron de “amañar” la elección presidencial de noviembre a favor de Joe Biden. El porcentaje de la población elegible de EEUU que votó en noviembre fue el mayor en más de un siglo; un número récord, 101 millones de votantes ejercieron su derecho por adelantado, sea por correo o en persona, según el Proyecto Elecciones EEUU de la Universidad de Florida. Las opciones para votar por adelantando se ampliaron en respuesta a las inquietudes de salud pública debido a la pandemia del coronavirus.
Los Demócratas acusan a los Republicanos de perpetuar la “gran mentira” de Trump y de socavar la confianza en el sistema electoral americano – y afirman que las propuestas en Georgia son la punta del iceberg de los esfuerzos del GOP por alejar a sus simpatizantes de las urnas en las elecciones de medio período, en las cuales los partidos se disputarán control de ambas cámaras federales y docenas de elecciones a gobernador.
Muchos de los cambios más agresivos se están sondeando en estados como Arizona y Florida, donde, al igual que Georgia, los Republicanos controlan las legislaturas y gobernaciones. Los tres fueron estados bisagra claves en la elección presidencial y presenciarán duras batallas en los comicios intermedios.
“Estamos observando amplios esfuerzos por suprimir el voto. Son racistas, y son un cálculo premeditado de los Republicanos, ya que estiman que la única manera de ganar elecciones es hacer más difícil a los americanos ejercer su voto”; dijo Sean Eldridge, fundador del grupo progresista Stand Up America.
“Todo político debería querer ganar su elección, y todos los partidos deberían querer ganar los procesos electorales, convenciendo a la mayoría de que pueden hacer el mejor trabajo, no en base a restringir el voto de sus rivales”, añade.
Los funcionarios Republicanos defienden sus actos, diciendo abiertamente que los cambios incrementarían sus posibilidades de ganar.
“Yo soy como un perro con un hueso. No voy a dejar que termine esta sesión legislativa sin cambiar algunas de estas leyes”, declaró en un momento de este año Alice O’Lenick, la directora Republicana de la junta electoral del condado de Gwinnett, a las afueras de Atlanta. “No tienen que cambiarlas todas, pero tienen que cambiar la mayoría para que al menos tengamos oportunidad de éxito”.
‘Resurgen antiguas batallas’
Para los electores de raza negra particularmente, la lucha aguerrida por el derecho al voto ha sido emblemática de la historia americana moderna, desde la guerra civil, pasando por la Reconstrucción y la era de segregación de las leyes Jim Crow hasta llegar al movimiento por los derechos civiles de la década de 1960.
Un punto de inflexión en el movimiento por los derechos civiles ocurrió en 1965, cuando John Lewis, un estudiante activista, lideró a cientos de manifestantes pacíficos en el cruce del puente Edmund Pettus en Selma, Alabama, algo que resultó en que fueran golpeados brutalmente por la policía.
Las escenas en Selma impulsaron ese mismo año al presidente Lyndon B. Johnson a promulgar la Ley de Derecho al Voto, un decreto emblemático que prohibió la discriminación racial de los votantes y amplió la regulación federal sobre los procesos electorales. Lewis, quien murió el año pasado a los ochenta años, desempeñaría eventualmente una larga carrera como representante por Georgia y como ícono del movimiento por los derechos civiles.
Sin embargo, la Ley de Derecho al Voto ha estado sujeta a mas de una docena de retos legales de alto perfil, más notablemente Shelby vs. Holder, un caso en el cual la Corte Suprema desestimó ciertos renglones importantes de la ley.
En votación de 5-4, la corte decidió eliminar la “fórmula de evaluación” que determinaba cuales estados y localidades requerían aprobación previa del gobierno federal para llevar a cabo cambios en sus leyes electorales. Escribiendo por la mayoría, el presidente del tribunal, John Roberts, postuló que la formula era inconstitucional ya que se basaba en información desactualizada y creaba reglas para estados que ya no discriminan contra los votantes de manera similar a como discriminaban en otros tiempos.
Discrepando, la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, escribió que la discriminación contra el votante había disminuido debido a la existencia de la Ley de Derecho al Voto. Comparó la eliminación de la cláusula clave a “deshacerse de un paragua en medio de una tormenta porque uno no se está mojando”.
Dicen los activistas que la decisión en Holder ha abierto las compuertas a leyes que restringen el acceso a las urnas – una tendencia que se aceleró durante la era Trump, y ha crecido aún más desde que el expresidente lideró una campaña para debilitar la confianza del público en los resultados electorales de noviembre. La Corte Suprema oyó argumentos a principios de este mes en un caso referente a restricciones del voto en Arizona que han estado vigentes desde el 2016. Se espera una decisión en el transcurso de este año. En esa decisión la corte podría debilitar aún más la Ley de Derecho al Voto.
“Hemos visto resurgir antiguas batallas”, dice Terri Sewell, congresista Demócrata por Alabama, quien representa Selma y sus áreas colindantes en la Cámara. “Nunca hubiera pensado que la causa por la cual John Lewis y todos sus compañeros marcharon hace 56 años, se convertiría ahora en nuestra causa también”.
“Se va a requerir nuevamente de acción legislativa para restaurar las protecciones de la Ley de Derecho al Voto”, añadió.
Sewell es la principal proponente de la resolución HR4, también conocida como el “Proyecto de Ley John Lewis para el Avance del Derecho al Voto” y que apunta a restaurar la Ley de Derecho al Voto a través, entre varias otras cosas, de estipular una fórmula moderna que requiera a los estados obtener aprobación federal antes de implementar cambios en su legislación electoral. Se espera que la Cámara, bajo control Demócrata, apruebe un proyecto de ley en los próximos meses que Sewell afirma estaría a prueba de cualquier reto legal.
En un voto puramente partidista, los representantes aprobaron este mes el proyecto de la resolución HR1 o Proyecto de Ley Para la Población, otra amplia legislación electoral que incluye provisiones para registro automático de votantes, período perentorio para votar tempranamente y la restauración del derecho a voto para exconvictos que han finalizado sus sentencias. Los Republicanos acusaron a los Demócratas de intentar “tomar control federal” de los procesos electorales para eliminar protecciones contra el fraude.
Al ser leyes federales, si las HR1 y HR4 son aprobadas y promulgadas, tendrían rango superior a las medidas estatales propuestas en Georgia y otros estados. Pero estos proyectos de ley tienen pocas probabilidades de ser aprobados en el Senado, ya que hay una mayor oposición Republicana que en la Cámara y bajo la denominada costumbre del filibustero, se requerirían en términos efectivos 60 votos para aprobar una propuesta.
En el actual Senado, dividido 50-50 entre Demócratas y Republicanos, eso significa que 10 miembros Republicanos tendrían que cruzar la frontera partidista – algo muy improbable dada la división actual entre las partes.
División Demócrata
Las circunstancias han aumentado la presión sobre Biden y un puñado de Demócratas moderados para que apoyen la eliminación total del filibustero, una medida que el presidente, un institucionalista y antiguo Senador por varias décadas, ha sido reacio a respaldar.
Aún así, Biden firmó este mes una orden ejecutiva destinada a estimular el registro de votantes, algo que según la Casa Blanca resalta su dedicación a proteger legalmente el derecho al voto y asegurar que los estados no desplacen a los votantes – aun cuando no tenga el poderío para contrarrestar directamente la legislación estatal.
Este acto unilateral de Biden, firmado el día del quincuagésimo sexto aniversario del Domingo Sangriento de Selma, dirige a las agencias federales a promover el registro y participación de votantes, y a trabajar con los estados para ayudar a registrar electores. También manda a que las autoridades federales rediseñen el portal Vote.gov, se aseguren de que los empleados federales tengan tiempo libre para ir a votar o para ser voluntarios en centros de votación, y destinen mayores recursos a garantizar que personas con discapacidad, personal militar activo, otros votantes en el extranjero, y americanos nativos tengan oportunidad de inscribirse en los registros de votantes.
“No está dejando cartas en la mesa, y está actuando sobre esta materia a comienzos de su administración, cinco o seis semanas únicamente desde que asumió el cargo”, dice un alto funcionario del gobierno actual.
“El presidente no puede usar órdenes ejecutivas para prevenir que los legislativos estatales reviertan la votación por correo”, añade el funcionario. “Pero el presidente puede mandar un mensaje con su pluma indicando lo que piensa y lo que es importante para la democracia, y este mensaje que el presidente está enviando con su orden ejecutiva resalta la importancia capital de facilitar el ejercicio del voto en vez de restringirlo”.
Jugadas motivantes
En Georgia, lo que está en juego no podría ser mayor.
En las próximas elecciones intermedias, Raphael Warnock tendrá que defender el puesto en el Senado que ganó hace apenas dos meses contra Kelly Loeffler en una segunda vuelta muy cerrada; también se espera que Stacy Abrams, la activista electoral, rete a Kemp nuevamente en la carrera por la gobernación.
Abrams perdió estrechamente contra Kemp en el 2018, en una elección que estuvo manchada por acusaciones contra Kemp, quien en ese momento era secretario del estado, alegando que había suprimido el voto de algunos ciudadanos afroamericanos al removerlos del registro electoral.
Más de dos años después, el análisis del Centro Brennan ha determinado que las propuestas Republicanas que se están discutiendo actualmente en la cámara baja estatal, tendrían un efecto desproporcionadamente negativo sobre votantes de raza negra, ya sea debido a que limita el operativo “almas a las urnas” o severamente restringe el acceso a votar por correo. Los votantes negros representan cerca de un tercio del electorado en Georgia y tienden a respaldar ampliamente a los Demócratas.
Jason Shepherd, jefe del partido Republicano en el condado Cobb, una buena zona a las afueras de Atlanta, dice que el reclamo es “completamente ridículo”.
“Creo que los Demócratas están usando esto como puntos de conversación y para recaudación, y más bien están confundiendo a la gente”, dice Shepherd. “Nadie va a perder su derecho al voto. Esto no es supresión del voto”.
“Antes no existía la opción de voto adelantado”, añade. “Nos hemos acostumbrado a ello, pero quince o veinte años atrás, solamente se podía votar el día de las elecciones, y todo el mundo asistía a las urnas ese día. ¿Me van a decir que durante todos esos años estábamos suprimiendo el voto”?
Lewanna Heard-Tucker, jefa Demócrata en el colindante condado de Fulton, que engloba la mayoría de Atlanta, expresa su desacuerdo vehemente.
“Sabemos que es injusto para ciertas comunidades, y [los Republicanos] saben a cuáles comunidades impacta”, dice. “Y cuentan con eso, con que esas personas no acudan a votar”.
Pero Heard-Tucker dice tener confianza que en el caso de que las propuestas sean promulgadas, tendrán la consecuencia no esperada de motivar aún más a los votantes negros cuyo apoyo fue básico para la victoria de Biden en noviembre y para lograr obtener los dos escaños del Senado en las elecciones de segunda vuelta de enero.
“Obviamente vamos a hacer todo lo que se pueda para mantener el impulso actual y continuar el control azul de Georgia, pero han empezado las maniobras, y estamos listos para ir a la guerra”, dice. “Lo que se pensaba que sería una patada en la cara ha resultado ser algo que nos ha motivado y nos ha impulsado a salir a la calle a trabajar aún más”.
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