Beth Healy/ WBUR
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La fiscal general Maura Healey demandó a un propietario en Lynn, alegando que intimidó a sus inquilinos y amenazó con denunciarlos ante las autoridades de inmigración para que así no se quejaran de las condiciones peligrosas e insalubres en las que se encuentran sus apartamentos.
Healey también está buscando una orden judicial preliminar contra el propietario She Ling Wang en el Tribunal Superior del condado de Essex, para evitar que se acerque o se comunique con los inquilinos actuales, que temen por su seguridad.
«Lo que se nos informó es que el Sr. Wang tenía atormentados a sus inquilinos, esencialmente acosándolos, intimidándolos», dijo Healey en una entrevista. Las represalias contra los inquilinos son ilegales en Massachusetts, indicó, y Wang supuestamente ha maltratado a varios inquilinos.
«Esto ha sido parte de un patrón y una práctica, que es una violación a las leyes de derechos civiles de nuestro estado», señaló.
La oficina de Healey inició una investigación sobre Wang después de un informe de WBUR sobre desalojos ilegales durante la pandemia. Esa historia detalla lo sucedido con el inquilino Robelio González, quien afirma que el propietario lo había amenazado con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.
“Este propietario atormentó a sus inquilinos haciéndoles temer por su propia seguridad. Nadie debería tener que vivir así».
MAURA HEALEY
González había dejado de pagar su alquiler de $1,600 al mes en julio, dijo, luego de que una gotera en el techo destruyera las pertenencias de su familia. También hubo una plaga de chinches que, según contó, el propietario no pudo solucionar.
El propietario le notificó a la familia que debían desocupar el lugar, a pesar de la prohibición de desalojo por coronavirus. El 5 de octubre, agentes de ICE se presentaron afuera de la casa de González y lo retuvieron durante varias horas en un automóvil, y finalmente lo liberaron porque la hija de su pareja, una menor de edad, estaba sola en la casa.
La investigación de Healey encontró que Wang supuestamente violó las leyes de vivienda justa y protección al consumidor, además de las leyes de derechos civiles. La demanda de la fiscal general señala que Wang ingresaba con frecuencia a los apartamentos en el edificio de tres unidades sin previo aviso y no resolvió las condiciones como «falta de agua caliente, fugas de agua, colapso del techo, moho, infestaciones recurrentes de alimañas, problemas de cableado eléctrico y de gas, y cerraduras que no funcionan en la puerta principal».
«Este propietario atormentó a sus inquilinos haciéndoles temer por su propia seguridad», dijo Healey. «Nadie debería tener que vivir así».
Wang negó haber actuado mal y calificó las acusaciones de «totalmente erróneas». En una carta a la fiscal general, cuya copia compartió con WBUR, Wang negó haber llamado a ICE para denunciar a González e indicó que sus inquilinos no habían sido sinceros con él.
La fiscal general alega que Wang tiene un patrón de amenazar y acosar a los inquilinos. Por ejemplo, Wang le envió un mensaje de texto a Gonzales con fotos de la historia de WBUR, subrayó su nombre en rojo y escribió: «Sr. Robelio, el juego se acabó…»
En otro caso, supuestamente una inquilina recibió amenazas físicas por parte del propietario quien luego le habría dicho que llamaría a ICE para que la deportaran. En otros incidentes, Wang presuntamente arrojó parte de un detector de humo a un inquilino en presencia de un niño y golpeó la puerta de un apartamento repetidamente mientras el niño, con miedo, se escondía debajo de la mesa de la cocina.
Pero el Departamento de Servicios de Inspección de Lynn descubrió en septiembre que el tanque de agua caliente del apartamento estaba cerrado debido a un agujero en el sistema, según la denuncia de la fiscal general. Wang no solucionó el problema en 24 horas, como se ordenó, y Lynn ISD presentó una solicitud de denuncia penal en su contra ante el Tribunal de Distrito de Lynn. Wang supuestamente confrontó a González por llamar a las autoridades de la ciudad y le dijo: «Tengo formas de sacarte de aquí».
En febrero, Wang aún no había obtenido por parte de la ciudad un permiso de trabajo, lo que indica que él «realizó personalmente las reparaciones o hizo que un contratista sin licencia lo hiciera», menciona la denuncia de la fiscal general.
La fiscal general busca sanciones civiles y restitución para los inquilinos.
González, quien es indocumentado, tuvo que reunirse nuevamente con funcionarios de ICE a finales de octubre y podrá tener un camino hacia la ciudadanía. La fiscal general emitió para González una certificación de Visa U, aquella para víctimas de delitos que deciden cooperar con oficiales de la ley o fiscales.
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