El Ejército presionó inicialmente para rechazar la solicitud del gobierno de DC de una modesta presencia de la Guardia Nacional antes de la manifestación del 6 de enero, que condujo al asalto del Capitolio, lo que subraya la profunda renuencia de algunos altos mandos del Pentágono a involucrar a los militares en acciones de seguridad.
En un borrador de memorando interno obtenido por The Washington Post, el Ejército dijo que los militares estadounidenses no deberían ser convocados para ayudar a la policía con el tránsito y la logística de multitudes, como habían solicitado los funcionarios de la ciudad, a menos que se esperaran más de 100 mil manifestantes.
El borrador del memorando también señaló que la solicitud debería ser denegada porque no se había identificado una agencia federal para realizar los preparativos y las operaciones diarias; los recursos de otras agencias federales no se habían agotado, y la aplicación de la ley estaba “mucho más preparada” para la tarea.
El liderazgo del Ejército dejó clara su posición en las deliberaciones en el Pentágono el fin de semana anterior al evento, citando esos argumentos, entre otros, según cuatro personas familiarizadas con las discusiones, quienes al igual que otros en este informe hablaron bajo condición de anonimato para discutir el tema.
El Ejército finalmente cedió, después de enfrentar la presión del secretario de Defensa interino, Christopher C. Miller, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark A. Milley.
El secretario del Ejército, Ryan D. McCarthy, acordó apoyar la solicitud, siempre y cuando se identificara una agencia líder y todas las demás agencias federales “agotaran sus activos para respaldar estos eventos”, de acuerdo con la recomendación que dio en un memorando final revisado por Miller, quien aprobó la solicitud.
Aun así, el impulso inicial del Ejército de considerar rechazar la participación militar en el despliegue de seguridad, a pesar de que la Guardia está capacitada para ayudar a las fuerzas del orden durante las protestas a gran escala y lo ha hecho con regularidad durante décadas en el Distrito, muestra los pasos extraordinarios de los funcionarios del Pentágono estaban tomando para mantenerse alejados de lo que se perfilaba como un momento políticamente tóxico y volátil para la nación, reseñó el medio en el reportaje.
La coronel Cathy Wilkinson, portavoz del Ejército, dijo en un comunicado que el Pentágono proporcionó 340 miembros de la Guardia de DC para ayudar con el cierre de calles y el control de multitudes cuando se les pidió.
“Claramente, la solicitud de la alcaldesa fue aprobada y apoyada”, dijo Wilkinson. “El borrador del memorando no fue firmado ni aprobado. Es costumbre que el personal del Ejército brinde opciones a los líderes superiores del Ejército para informar su proceso de toma de decisiones ”.
El borrador de memorando no revelado del Ejército, que abogó en contra del despliegue de funcionarios, arroja luz sobre la posición de los líderes involucrados en los acuerdos de seguridad, que permitieron una de las mayores fallas desde los ataques del 11 de septiembre.
En las semanas posteriores al asalto del Capitolio, los principales funcionarios del Pentágono han enfatizado que la Policía del Capitolio y las agencias federales no solicitaron respaldo militar antes del evento, dejando al Departamento de Defensa sin estar preparado para responder rápidamente cuando la situación se salió de control. Sin embargo, el borrador del memorando sugiere que el liderazgo del Ejército tampoco se había mostrado dispuesto a involucrarse desde el principio.
La renuencia en el Pentágono sobre el despliegue de la Guardia de DC durante los preparativos también plantea interrogantes sobre cuándo es apropiado utilizar el ejército estadounidense.
Si bien los altos funcionarios del Pentágono han enfatizado que la fuerza militar debe usarse para apoyar la aplicación de la ley nacional solo como último recurso, tradicionalmente se ha entendido que esa máxima se aplica a las fuerzas en servicio activo, no a la Guardia Nacional.
A diferencia de los 50 estados, donde los gobernadores controlan la Guardia Nacional, la Guardia de DC responde al presidente, quien delega la autoridad en el secretario de Defensa y el secretario del Ejército. La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, solo puede elevar la petición al gobierno federal.
La posición de los líderes del Pentágono, antes y durante los disturbios, enfrenta el escrutinio de los legisladores que han acusado al Departamento de Defensa de reaccionar con demasiada lentitud a la petición de asistencia militar de la Policía del Capitolio en las 11 horas, cuando los alborotadores violaron el Capitolio.
Fuente: Paul Sonne, Peter Hermann, Ellen Nakashima y Matt Zapotosky/The Washington Post.
Traducción libre del inglés por El Tiempo Latino.
