Washington.— La coordinadora para asuntos de la frontera sur, Roberta Jacobson, afirmó este miércoles que EEUU comenzará a revisar a partir de este viernes las solicitudes de asilo de miles de personas que quedaron varadas en México durante la Administración Trump, pero insistió en que “la frontera no está abierta”.
En entrevista exclusiva con El Tiempo Latino, Jacobson explicó que la medida sólo aplicará a aproximadamente unas 25 mil personas con casos de asilo pendientes y que fueron devueltas a México en el marco del programa “Quédate en México”, instaurado por la Administración Trump.
Las personas recibirán notificación con fecha y hora para presentarse en un puerto de entrada, pero deben esperar el aviso, subrayó Jacobson.
“Es muy importante que entiendan que si no están en ese grupo de gente, no deben acercarse a la frontera… sé que hay enormes expectativas y que la gente está sufriendo, y trataremos de movernos con rapidez”, aseguró.
La también ex embajadora de México entre 2016 y 2018 fue designada por el presidente, Joe Biden, como asistente especial y coordinadora para la Frontera Sur dentro del Concejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés).
Desde ese cargo, Jacobson ayudará a coordinar el desmantelamiento del programa “Quédate en México”, conocido en inglés como “Migration Protection Protocols” (MPP), con el que Trump devolvió a México a más de 60 mil solicitantes de asilo a esperar allí sus citas en las cortes.
La Administración Biden estará coordinando esta primera fase en el procesamiento de los solicitantes de asilo con las autoridades de México, la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), la Organización Internacional para Migración, y con organizaciones no gubernamentales que proveen albergues, transporte y demás asistencia humanitaria a los migrantes.
Aunque la ACNUR ha habilitado un “portal” en Internet para esta fase del proceso (conecta.acnur.org) aún no está completamente “operacional”, pero Jacobson vaticinó que eso podría ocurrir para este fin de semana.
No hay una fecha concreta para el registro virtual de los solicitantes, pero es a través de ese portal que los migrantes podrán comprobar si tienen un caso vigente o no con el Departamento de Justicia.
Según Jacobson, al evaluar los casos, la ACNUR tomará en cuenta factores como la vulnerabilidad de los solicitantes y cuánto ha sido su tiempo de espera, mientras que la OIM les realizará pruebas de COVID-19 antes de que crucen la frontera y sean procesados por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés).
Por otra parte, Jacobson precisó que México no ha solicitado asistencia financiera de Estados Unidos para este proceso, y por ahora los fondos se están canalizando a organizaciones internacionales en el lado mexicano de la frontera.
“La frontera no está abierta”
Asimismo, la diplomática aseguró que “la frontera sur no está abierta”, y dijo estar “súper preocupada” por la desinformación en las redes sociales por parte de “organizaciones criminales y contrabandistas que se aprovechan de la desesperación” de los migrantes para alentarlos a cruzar ilegalmente la frontera.
“Es algo indignante… es la responsabilidad de todos difundir la verdad, y la verdad es que el programa que empieza el viernes solo aplica a quienes tienen casos activos dentro del MPP”, enfatizó.
Es que, desde que Biden asumió el poder el pasado 20 de enero, varias caravanas de migrantes centroamericanos han intentado emprender rumbo hacia Estados Unidos, con la falsa creencia de que ahora sería más fácil cruzar la frontera.
En enero pasado, por ejemplo, fuerzas de seguridad en el sureste de Guatemala lanzaron bombas lacrimógenas contra una caravana de aproximadamente 7 mil migrantes que intentaban cruzar hacia México con destino a EEUU.
Según datos oficiales, los arrestos en la frontera sur han aumentado desde abril de 2020 y ahora numeran cerca de 80 mil al mes pero, en todo caso, la cifra representa la mitad del pico registrado en 2019.
Durante la contienda electoral de 2020, el ahora expresidente, Donald Trump, y sus aliados republicanos insistieron en acusar a Biden y a los demócratas de ser “blandos” en la lucha contra la inmigración ilegal.
Sin embargo, Biden ha dicho que apoya una reforma migratoria integral que permita la legalización de la población indocumentada y facilite el proceso de asilo, pero a la vez fortalezca la seguridad fronteriza.
Jacobson se hizo eco de la advertencia que hizo la Casa Blanca en un comunicado el martes, en el que indicó que la revisión de los casos de asilo es apenas la primera fase en la reapertura “ordenada” del proceso de asilo.
Es decir, si un migrante intenta entrar a EEUU y no tiene un caso pendiente dentro del “MPP”, éste será “expulsado inmediatamente y no se le permitirá permanecer en Estados Unidos”, dijo la Casa Blanca.
“El presidente Biden está comprometido con una reforma migratoria a largo plazo, pero eso tomará tiempo. La legislación para una reforma migratoria que el presidente Biden envió al Congreso solo aplica a individuos que estuvieron en Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021”, aclaró el comunicado.
El nuevo proceso que comienza el viernes solo beneficiará a las personas amparadas al programa de “Quédate en México” y que tenían sus casos pendientes en la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR, por su sigla en inglés) del Departamento de Justicia.
En la actualidad, se mantienen en pie las restricciones de entrada por puntos terrestres debido a la pandemia del COVID-19.
Miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, desistieron de sus casos o se regresaron a sus países de origen.
Biden cumplirá un mes en el poder el próximo 21 de febrero y desde el primer día ha emitido diversas órdenes ejecutivas para revertir las medidas migratorias de Trump, incluyendo “Quédate en México”.
Entre esas medidas, Biden ordenó una moratoria durante 100 días de las deportaciones de ciertos inmigrantes indocumentados, pero esta generó una demanda en las cortes para frenarla.
También anunció el fin de los acuerdos migratorios suscritos con los países del “Triángulo del Norte” -Guatemala, El Salvador y Honduras-, con los que Trump pretendía alentar el asilo en la región y frenar la emigración ilegal hacia EEUU.
Varios expertos aseguran que, si bien las medidas migratorias de Biden gozan de amplia popularidad -sobre todo entre el electorado hispano que contribuyó a su victoria en las urnas- algunas requieren la aprobación del Congreso.
Además, Biden ha heredado una crisis migratoria que incluye un retraso de más de 1,2 millones de casos en los tribunales de Inmigración.
En busca de alianzas en la región
Jacobson no precisó cuándo Biden enviará al Congreso su plan de invertir $4 mil millones en un plazo de cuatro años para fomentar la seguridad y prosperidad en Centroamérica, y así disuadir la emigración ilegal.
Mientras la Administración Biden prepara la presentación de su presupuesto para el año fiscal 2022, las autoridades evaluarán el desembolso de la asistencia económica ya aprobada por el Congreso y formas de mejorar la cooperación con los líderes de Centroamérica.
“Necesitamos asegurarnos de que existe de parte de nuestros socios en esos países el compromiso y la voluntad política para garantizar que los fondos se administrarán con transparencia, que ellos aportarán sus propios recursos, y que los gobiernos responden” al reto de la emigración ilegal, dijo.
“La corrupción y la falta de transparencia también son motores de la migración. Queda mucho trabajo diplomático por hacer antes de enviar la solicitud de presupuesto al Congreso”, manifestó.
Jacobson subrayó que la Administración Biden quiere forjar alianzas “más equitativas” con los gobiernos de la región para enfrentar juntos crisis políticas como las que atraviesan Nicaragua y Venezuela.
Biden “entiende que la mayoría de los problemas que enfrentamos son transnacionales, ya sea la pandemia, el cambio climático, el combate al terrorismo o el narcotráfico… no cree que soluciones unilaterales puedan resolver problemas multilaterales”, argumentó la diplomática.
Biden “quiere alianzas con socios en la región, incluso para atender los asuntos en lugares como Nicaragua y Venezuela, donde líderes autoritarios no rinden cuenta a sus pueblos, y la gente está sufriendo… si trabajamos solos, eso no nos lleva muy lejos”, agregó.
Como vicepresidente bajo la Administración Obama (2009-2017), Biden viajó extensamente por la región y tiene experiencia sobre los retos que afronta y, a juicio de Jacobson, eso le ayudará en esta nueva etapa.
