Este martes, un juez federal del estado Texas bloqueó de forma temporal la normativa del presidente Joe Biden de poner freno por un lapso de 100 días a las deportaciones de inmigrantes indocumentados, sosteniendo que, según informó la agencia de noticias EFE, la decisión fue completamente arbitraria por parte del mandatario.
La semana pasada, el republicano Ken Paxton, fiscal general del estado de Texas, fue el encargado de presentar una demanda contra el gobierno del demócrata, al cual acusó de no consultar a las entidades antes de firmar la orden ejecutiva.
Acciones
El pasado viernes, el Departamento de Seguridad Nacional inició la moratoria de 100 días de las deportaciones de ciertos inmigrantes indocumentados, mientras revisa a fondo sus políticas para hacer cumplir las leyes migratorias del país.
El secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske, explicó en un comunicado la noche del miércoles 20 de enero que la moratoria sólo aplicará para ciertos inmigrantes indocumentados.
La decisión cumple así con una de las promesas de campaña que hizo el ahora presidente Biden, como parte de su agenda migratoria.
Poco después de juramentar a su cargo el miércoles, Biden presentó al Congreso un ambicioso plan para la legalización y eventual ciudadanía de la población indocumentada, y firmó una serie de 17 órdenes ejecutivas, memorandos y proclamas que revierten numerosas políticas de la Administración Trump.
Una de esas medidas pide reevaluar las prioridades de arresto de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
Más adelante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), informó que la agencia pondrá freno temporal, durante 100 días, a las deportaciones de quienes han recibido órdenes de salida de Estados Unidos, “para asegurar que tenemos un sistema de reforzamiento migratorio justo y eficaz, centrado en la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza, y la seguridad pública”.
La idea, según Pekoske, es permitir que el DHS tenga los recursos para responder a retos más urgentes en el país, en particular los relacionados con las operaciones en la frontera sur “en medio de la crisis de salud pública global más grave en un siglo”.
Pero no se trata de una moratoria exhaustiva ya que, según memorándum de cinco páginas que emitió Pekoske, ésta aplicará a quienes han recibido una orden de deportación de un juez de Inmigración, a menos que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020, o si voluntariamente abandonaron su derecho a permanecer en el país.
