En poco más de un año y medio, la presidencia de Nayib Bukele ha mostrado signos claros de ataques a la institucionalidad y el Estado de derecho en El Salvador: ha irrespetado fallos judiciales, ha acosado a opositores, dificultado la transparencia y ha utilizado a los cuerpos de seguridad con motivos políticos, reseñó elsalvador.com.
Esto no ha pasado inadvertido en Estados Unidos, principal aliado de El Salvador: a las puertas de un cambio de gobierno, recortará la asistencia que da a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
Este recorte forma parte del extenso paquete presupuestario y de estímulo para combatir al coronavirus que ambas cámaras del Congreso estadounidense aprobaron recientemente; y que el presidente Trump ratificó el pasado domingo 27 de diciembre.
Entre los anexos al proyecto principal se lee una cláusula dirigida a combatir la corrupción en Centroamérica, la cual incluye este recorte de fondos del Departamento de Estado para adquisición de equipo estadounidense de defensa para El Salvador, Guatemala y Honduras.
Bukele restó importancia a legisladora que promovió el recorte.
Nayib Bukele ha dado signos de ataques a la institucionalidad que no han pasado desapercibidos en Washington DC. Si bien la administración Trump guardó silencio ante algunos hechos puntuales, por considerar a Bukele aliado en sus políticas migratorias, ambos bandos del legislativo se pronunciaron en numerosas ocasiones en contra de las acciones del mandatario.
Una de las legisladoras que dio su firma en estos pronunciamientos exigiendo el respeto a la institucionalidad fue Norma Torres, quien integra la Cámara de Representantes por el estado de California. En su momento, Bukele restó importancia a Torres y otros legisladores que se pronunciaron contra sus abusos, dijo que no eran representativos y hasta dejó entrever que solo habían firmado por firmar, sin saber qué contenían las misivas.
La misma legisladora a quien restó importancia fue quien promovió el recorte parcial de fondos para las fuerzas armadas que fue avalada por el Senado y sancionada por Trump.
Este proyecto legislativo también contempla otro tipo de sanciones a funcionarios gubernamentales que hayan lesionado la democracia en El Salvador, Honduras y Guatemala. El gobierno de Joe Biden, que tomará posesión el 20 de enero, tendrá poco menos de seis meses para entregar una lista de individuos que considere corruptos en el Triángulo Norte y el país procederá a cancelar las visas y a establecer sanciones, según lo aprobado por ambas cámaras legislativas.
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