Jenny Vicente, que cuida niños desde los seis meses de edad en su apartamento subsidiado en el South End, eligió participar en el Programa de Guarderías de Emergencia de Massachusetts para que los trabajadores esenciales pudieran tener un lugar seguro para sus hijos mientras trabajan. Pero ahora está luchando por mantener su negocio a flote y está atrasada en el pago de su alquiler, a pesar de recibir apoyo financiero adicional de la Ciudad de Boston, a través de los fondos de Resiliencia y para Emprendedores de Cuidado Infantil. Vicente tuvo que hacer pagos adicionales para mantener su apartamento del Boston Housing Authority seguro para sus niños, incluyendo la compra de equipo de protección personal, la contratación de personal adicional para la limpieza, y la reconfiguración de su apartamento para que cada niño tenga un espacio individualizado.
Los cierres de este año por COVID-19 demostraron por qué el cuidado infantil es una pieza fundamental de nuestra infraestructura económica. Los trabajadores de educación temprana no solo le brindan a sus niños las bases de un desarrollo saludable, pero también permiten que las familias trabajadoras puedan lograr libertad financiera, contribuyan a nuestra economía y brinden servicios esenciales con los que todos contamos.
Ahora, el sistema está colapsando. En Boston hemos perdido casi 5,000 cupos de cuidado infantil, el 23% de los que estaban disponibles antes de la pandemia, y todavía no se sabe si los podremos recuperar. Esta pérdida tendrá consecuencias desastrosas para las familias y para nuestra economía debido a que muchos padres están tratando de regresar a la fuerza laboral.
Durante años, los trabajadores de educación temprana han apoyado nuestra economía y, a cambio, han sido poco respetados y han recibido salarios bajos. Es momento de rescatarlos e invertir en un futuro equitativo y en las familias a las que brindan servicios.
Massachusetts respondió bien al principio de la pandemia. El Programa de Guarderías de Emergencia proporciona cuidado infantil de calidad gratuitamente a trabajadores de emergencia, lo que permitió a cientos de trabajadores de Boston atender a pacientes, alimentar a nuestras comunidades y mantener funcionando a los servicios públicos. El Fondo de Resiliencia de Boston dio un paso más al cubrir más de $940,000 de deficiencias en la financiación para los proveedores, a fin de garantizar que no se quedaran sin recursos después de cuidar a los hijos de los trabajadores esenciales. Además, el Fondo para Emprendedores de Cuidado Infantil, el Fondo de Reapertura de Boston y el Fondo de Alivio para los Negocios Pequeños adjudicaron más de $330,000 en apoyos para la reapertura de programas de cuidado infantil.
La situación sigue grave y es momento que el gobierno haga el tipo de inversiones en cuidado infantil que hizo en otros sectores, como en las aerolíneas, compañías petroleras y universidades. Es imprescindible tener una respuesta a nivel federal, y agradecemos a nuestros senadores que luchan en Washington por obtener $50 mil millones para destinarla a la educación temprana y al cuidado infantil. También le agradecemos a la legislatura estatal por la inversión histórica en educación y cuidado infantil incluida en el presupuesto del año fiscal 2021 y le pedimos al Gobernador Baker que lo apruebe.
Debemos corregir esta situación. Muchas personas dedicadas al cuidado infantil no pudieron acceder a la asistencia del CARES Act debido a trámites burocráticos. Los requisitos como tener una cuenta de banco comercial o la documentación excesiva; además de lo requerido para obtener una licencia de cuidado infantil, los dejó por fuera. Debemos asegurarnos de que nuestros programas sean lo más flexibles posibles y colaborar con todo tipo de proveedores, incluso con las empresas familiares de cuidado infantil. También es un problema de igualdad racial y de género. En Boston, los trabajadores de cuidado infantil son principalmente mujeres (89%), la mayoría de las personas son de color (62%) e inmigrantes (39%).
Christine Bortotolotto, dueña de una guardería en West Roxbury, tuvo que pedir un préstamo personal para asegurarse de que su negocio sobreviviera la pandemia. Su banco no participó en el programa PPP, el programa federal diseñado para mantener a los negocios pequeños a flote, por lo que sintió que no tenía otra opción. Como otras proveedoras, su negocio está sufriendo las consecuencias de los cierres y las tasas de asistencia más bajas.
Además, la mayoría de los empleados que trabajan desde la casa intentan dedicarse a sus trabajos mientras brindan cuidado de tiempo completo, y les resulta imposible de equilibrar. Las mujeres sufren las peores consecuencias de esta carga agregada y, como resultado, la disparidad de remuneración por motivo de género está aumentando. Muchas mujeres han dejado sus trabajos. Los gobiernos federal, estatal y local deben unirse para salvar nuestro sistema de cuidado infantil. Educadoras como Jenny y Christine pueden ser clave para la solución con el apoyo adecuado. Tenemos la oportunidad de reconstruir el sistema para que salga fortalecido después de esta crisis. Podemos volver a diseñarlo con igualdad para garantizar que cada niño sea bien atendido, las familias tengan tranquilidad y los educadores reciban un salario que les alcance para vivir. No será fácil. Se deberá contar con inversiones significativas y voluntad política. Pero es lo que se debe hacer si creemos en el futuro de nuestra comunidad.
