En un comunicado emitido este miércoles, el gobierno de Estado Unidos y el gobierno interino de Venezuela, denunciaron la «falta de voluntad» por parte del régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a las actividades delictivas que se generan en la nación suramericana.
La misiva lamentó «la degradación del estado de derecho en Venezuela» y calificó a Maduro como «capo de la droga», alguien considerado peligroso no solo para su país sino para toda la región.
«Con este fin, nuestros dos gobiernos siguen comprometidos con detener el transbordo de drogas a través de Venezuela, prevenir el cultivo y consumo ilícito de drogas, combatir la corrupción endémica de los funcionarios del régimen e impedir el lavado de dinero y las redes criminales relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos», sigue el comunicado.
Según el texto, el pasado 24 de noviembre las partes sostuvieron un encuentro para hablar de la situación, encuentro que involucró a otras naciones de la zona.
Ambos gobiernos se comprometieron en «mejorar el intercambio de información sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minerales ilegales; la trata de personas, incluido el trabajo forzoso, la delincuencia forzada, la trata sexual y el reclutamiento forzoso de niños en conflictos armados; y tendencias e investigaciones sobre lavado de dinero».
Asimismo, informaron que trabajarán en conjunto para «combatir la producción y el tráfico de estupefacientes», además de continuar con las sanciones dirigidas a personas involucradas en este tipo de delitos ya mencionados.
El comunicado cerró señalando que los gobierno apuntan a «fortalecer la capacidad de las autoridades pertinentes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela», así como tomar acciones «contra el crimen y la corrupción que han surgido en Venezuela debido a la falta de estado de derecho bajo el presidente ilegítimo Nicolás Maduro».
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En marzo de este año, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, presentó cargos criminales por narcotráfico contra Maduro, medida con la cual el gobierno norteamericano intentó profundizar en su presión contra el líder del régimen chavista, por quién ofreció una recompensa de $15 millones por su captura.
Para ese entonces, la respuesta llegó a través del canciller de su gobierno, Jorge Arreaza, quien indicó que la administración Trump buscaba «arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas, utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas que intentan minimizar el alto reconocimiento que posee Venezuela en la lucha contra el narcotráfico».
