Click here to read this article in English by WBUR
La primavera pasada, Marvin Moreno perdió su trabajo en una planta procesadora de pescado, y entonces supo que tendría que luchar para pagar el alquiler del apartamento que compartía con su pareja en East Boston.
Sabía que estaría bien por un tiempo, pues el estado implementó una prohibición de desalojos para proteger a inquilinos como él durante la pandemia. Pero a finales de julio aumentaron las tensiones con el dueño, ya que Moreno se retrasó en el pago de la renta. El propietario se enojó porque Moreno usaba la parrilla, y le pidió que se fuera en agosto, dijo Moreno.
«Solo me estás dando ocho días para desalojar. No voy a encontrar un lugar a donde irme a meter”, Moreno recordó haberle dicho al dueño. Pidió tres meses para buscar un nuevo lugar.
La respuesta fue no.
Tácticas de desalojo no oficiales como estas han incrementado en medio de la pandemia, especialmente en comunidades donde viven trabajadores inmigrantes e hispanohablantes, según explican defensores de la vivienda e inquilinos. La moratoria prohíbe cualquier intento de desalojo durante el período de seis meses que finaliza este sábado. Pero WBUR encontró a propietarios, frustrados porque los inquilinos no podían pagar, presionandolos para que se fueran.
Algunas demandas son verbales. Otras se hacen a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas, acosando a los inquilinos por el dinero del alquiler. Y algunas van más allá, cuando los propietarios deciden cambiar cerraduras, contactar a la policía o amenazar con denunciarlos ante inmigración.
“Vemos propietarios que están evadiendo el proceso judicial, eludiendo la ley y tratando de echar a la gente”, dijo la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, en una entrevista.
Su oficina ha recibido más de 200 quejas de inquilinos relacionadas con la moratoria, 46 de ellas específicamente sobre propietarios que intentan desalojar a inquilinos sin acudir a la corte, en desalojos no oficiales o “self-help evictions” como se conocen en inglés.
“Cualquier reporte es preocupante porque estamos hablando de la inseguridad de la vivienda para una familia”, dijo Healey.
Moreno, como otros, sintió que no tenía más remedio que irse. Se mudó a un nuevo apartamento el 1 de octubre porque la presión era demasiada, dijo. «No quiero pelear con nadie».
El arrendador de Moreno, Saúl Santiago, según los registros públicos, no respondió a las solicitudes para ser entrevistado.
La mayoría de las amenazas de desalojo ocurren por debajo de la mesa, fuera de la vista de los funcionarios públicos, en lugares con altas concentraciones de inmigrantes de clase trabajadora como East Boston, Chelsea y Lynn, según explican los defensores de la vivienda. Mucha gente tiene miedo de las represalias que puedan tomar los arrendatarios si se quejan.
Varios inquilinos compartieron sus historias con WBUR. Una mujer de Lynn que lucha contra un cáncer ahora también está luchando contra su arrendatario. Después de perder su trabajo en medio del coronavirus, él le pidió que abandonara la pensión donde ella y su hija han vivido durante 13 años. Una gran cantidad de mensajes de texto muestran al propietario hostigándola por el alquiler y micro-gestionando qué partes de la casa puede usar.
Una madre viuda en East Boston, que trabaja como limpiadora en Harvard University, enfrenta la presión de quienes han sido sus propietarios por 11 años. Le han pedido que se mude en medio de la pandemia, dijo, para que puedan remodelar y cobrar más alquiler. El grupo de activismo de vivienda City Life/Vida Urbana la está ayudando.
Una pareja de Framingham con un niño con necesidades especiales estaban tan ansiosos por mudarse que pidieron prestado dinero para encontrar otro lugar, solo para ser víctimas de una estafa en la que el nuevo propietario incumplió con un apartamento prometido y se quedó con su dinero. La correspondencia por correo electrónico con un abogado respalda su historia.
Miedo e intimidación
En algunos casos, los enfrentamientos tienen consecuencias aún más extremas.
Robelio González ya estaba teniendo un año difícil antes de que las cosas se pusieran peor en su casa. El residente de Lynn y su familia contrajeron COVID-19 en la primavera. Se recuperaron del virus, pero durante el verano, una tubería se rompió en la destartalada casa de tres pisos donde alquilan una unidad por $1,600, dijo González, inundando su habitación y sus pertenencias con un chorro de agua contaminada.
González tuvo que desembolsar $900 por una cama nueva, dijo. Luego hubo más daños por la inundación de agua y una infestación de cucarachas y chinches, muestran las fotos. En julio, González comenzó a dejar de pagar el alquiler, insistiendo en que el propietario arreglara los problemas.
González dijo que no estaba lastimando a nadie. «Todo lo que hice fue defender mis derechos».
Pero el 24 de agosto, el propietario She Ling Wang le dio a la familia González un «Aviso de desalojo» exigiendo irse de la propiedad dentro de los próximos 14 días, por no pagar el alquiler. Eso fue una violación de la prohibición de desalojo del estado, dicen los abogados de vivienda.
“El deber del arrendador de hacer reparaciones permanece intacto, y tiene prohibido entregar un aviso de desalojo debido a la moratoria”, según Andrea Park, abogada de vivienda del Massachusetts Law Reform Institute en Boston.
González contó: “Queríamos que él pagara por nuestra cama y arreglara las tuberías. Y él dijo: ‘No, te me vas de aquí en dos semanas’ «.
Las cosas sólo empeoraron. González dijo que el propietario le advirtió: «O te vas o llamo a inmigración».
El 5 de octubre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se presentaron en el apartamento de González. Lo esposaron afuera, su pareja y la hija de ella, de 13 años, se quedaron dentro. Lo subieron a una camioneta negra y lo retuvieron durante más de una hora.
Cerca de 30 vecinos y manifestantes se juntaron afuera de la casa, liderados por Lynn United for Change, un grupo de defensa de la vivienda que está ayudando a González con su disputa sobre el propietario. Gritaron “Stand up, fight back,” (levántate, defiéndete), instando a los oficiales a soltar a González y rodeando el vehículo de ICE para evitar que arrancara.
“Este es un ataque a nuestra comunidad y a esta familia”, dijo a la multitud Isaac Simon Hodes, director de Lynn United for Change. «No se trata de una sola persona».
Al final, los oficiales lo liberaron. González contó que le dijeron que era por la multitud que se había reunido para apoyarlo y porque la joven adolescente se habría quedado sola en la casa. González debe comparecer ante un tribunal de inmigración a finales de este mes.
Wang, el arrendador, apareció en la casa justo después de que González fuera liberado. Cuando un periodista de WBUR le preguntó si había llamado a ICE sobre su inquilino, insistió en que no.
«No, porque a ICE no le importaría, ya sabes», dijo Wang. «Estoy lo suficientemente ocupado».
En una entrevista telefónica posterior, Wang dijo que no estaba al tanto de la moratoria en el momento en que envió el aviso de desalojo, y que no sabía que era ilegal ordenar a la familia que se fuera. También dijo que González no estaba haciendo su parte para mantener la casa libre de insectos.
Pero, dijo Wang, “respeto a los inquilinos. Respeto la ley».
Los propietarios enfrentan retas
No hay duda de que los arrendadores están nerviosos en estos días. Doug Quattrochi, del grupo MassLandlords, dijo que la moratoria ha sido particularmente dura para los pequeños propietarios, que dependen de los ingresos por alquiler para pagar hipotecas, servicios públicos, impuestos y reparaciones.
Dijo que el cierre parcial de los tribunales de vivienda ha perjudicado no solo a los propietarios sino a inquilinos como González.
“Se supone que debe haber protecciones contra ese tipo de represalias”, dijo Quattrochi. Si los tribunales funcionaran plenamente, «el inquilino tendría la oportunidad de decirle al juez: ‘No pagué el alquiler porque el lugar no es seguro. No cumple con el código’.
Pero González no tenía tal protección. Y ahora, como miles de personas en Massachusetts y en todo el país, le preocupa si su familia puede quedarse en su hogar.
La moratoria de desalojos del estado, impuesta por el gobernador Charlie Baker en abril, expirará el 17 de octubre. Sin embargo, la prohibición federal de desalojos continúa hasta diciembre, pero los funcionarios estatales dicen que no todos calificarán para ella. Los funcionarios de la corte y la fiscal general están trabajando para aclarar los detalles al público y compartir más sobre cómo esa prohibición puede proteger a los inquilinos que han perdido ingresos debido al COVID-19.
A pesar de lo estresante que resulta esta situación para los inquilinos, Massachusetts ocupa el primer lugar en la nación por proteger a los inquilinos durante la pandemia, gracias a la moratoria, según el Eviction Lab, un grupo de investigación centrado en la vivienda.
Pero eso podría cambiar pronto. Hasta 60.000 inquilinos de Massachusetts temen estar en peligro de «desalojo inminente», según la encuesta Pulse de la Oficina del Censo.
Los tribunales de vivienda ya tienen unos 11.000 casos presentados en todo el estado antes de la pandemia. «Hemos estado trabajando sin parar para ponernos al día», dijo Paula Carey, presidenta del Tribunal de Primera Instancia. Es probable que los nuevos casos demoren meses en procesarse, debido al retraso, dijo.
Un análisis de datos de WBUR sobre los desalojos pendientes en el área de Boston mostró al menos 743 casos en trámite judicial solo de enero a septiembre. Las áreas con la mayoría de los casos incluyen las partes más pobres de Roxbury, Dorchester, Revere y Chelsea, comunidades que se espera que se vean muy afectadas cuando terminen las moratorias.
Sin embargo, los inquilinos entrevistados por WBUR no están en ningún recuento oficial de desalojos pendientes porque sus propietarios han tratado de eludir el sistema.
Stefanie Coxe, directora ejecutiva de la Red Regional de Vivienda de Massachusetts, dijo que su grupo desea urgentemente obtener asistencia para las personas en comunidades vulnerables antes de que se rompan las relaciones con los propietarios y los inquilinos se queden en la calle.
La agencia, que administra un programa llamado RAFT, está ofreciendo hasta $10,000 en asistencia para el alquiler por hogar, pagado directamente a los propietarios. Coxe dijo que han visto una demanda sin precedentes desde que comenzó la pandemia y anticipan la necesidad de al menos $200 millones para ayudar a mantener a las personas en sus hogares, el doble de lo que la administración de Baker se ha comprometido a proporcionar hasta ahora.
Muchos inquilinos no conocen sus derechos, dijo. Y algunos propietarios aún no conocen o no comprenden el programa.
«Seré honesta contigo», dijo Coxe, «estamos más preocupados por las personas de las que no tenemos noticias».
Saurabh Datar de WBUR contribuyó a este reporte.
Click here to read this article in English by WBUR
