Abogados por los Derechos Civiles (por su siglas en inglés LCR) condenaron “la tergiversación” por parte de la Administración Baker en la contratación estatal con pequeñas empresas en manos de las minorías, recientemente revelada por WGBH.
En el informe WGBH aseguró haber descubierto que «el estado ha inflado los totales añadiendo cientos de millones de dólares de gastos indirectos», con lo que «se lleva el crédito no sólo por sus compras a empresas dirigidas por personas de color y demás grupos minorías, sino por cualquier pago que los contratistas del estado hayan hecho a estas empresas, independientemente de que los pagos se refieran a un contrato específico».
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Lo que para LCR equivale a un fraude. Lejos de ser un delito sin víctimas, estas tergiversaciones perjudican a las pequeñas empresas al privarlas de oportunidades económicas, aseguró el grupo de abogados en un comunicado.
Al no dar detalles de la participación de las minorías, la Administración de Baker estaría privando al Estado, según LCR, de los datos necesarios para tomar decisiones políticas pertinentes, que le permitan diseñar intervenciones significativas en torno a los contratos públicos.
El estado en lugar de predicar con el ejemplo contratando pequeñas empresas propiedad de minorías, está permitiendo a los contratistas contar el pago de bienes y servicios, no relacionados con los contratos estatales, con empresas que a menudo «están fuera de Massachusetts o que no poseen certificado como propiedad de minorías, o a veces inexistentes”.
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«Inflar las cifras de esta manera es vergonzoso», asegura Priya Lane, Directora de BizGrow en LCR. «El estado debería estar construyendo riqueza en las comunidades de color fomentando el crecimiento de los negocios de las minorías. En cambio, la Administración Baker está inflando artificialmente los números. En lugar de jactarse de cifras falsas, el estado debería hacer lo correcto: ayudar a las pequeñas empresas a impulsar el crecimiento de nuestra Commonwealth. El estado puede empezar por promover activamente la contratación de las empresas que más necesitan el apoyo, en particular durante la pandemia de COVID-19”.
Abogados por los Derechos Civiles recordó a las empresas afectadas por estos tratos que su bufete ofrece apoyo jurídico y asistencia técnica gratuitos y que pueden contactarlos cuando deseen para que éstos revisen con ellos las cláusulas de la contratación pública. La organización, desde sus inicios ha defendido e instado a la ciudad de Boston, a aumentar la contratación con pequeñas empresas propiedad de minorías y mujeres.
