Alcaldes de cuatro ciudades denunciaron este jueves 3 de septiembre al presidente Donald Trump, luego de su amenaza de recortar fondos federales por las protestas registradas contra el racismo y la violencia policial. El mandatario argumentó que se trata de jurisdicciones anarquistas.

“En lugar del liderazgo de la Casa Blanca, nos enfrentamos a nuevos ataques que son ilegales, inconstitucionales y sin duda serán derrotados en los tribunales. El presidente Trump necesita despertar a la realidad que enfrentan nuestras ciudades, todo nuestro país, y darse cuenta de que no está por encima de la ley”, se lee en un comunicado conjunto de los alcaldes.

Entre las autoridades que firmaron la carta destaca la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, además de Bill de Blasio, de Nueva York; Ted Wheeler, de Portland; y Jenny Durkan, de Seattle.

Señalaron que ni las ciudades ni los estadounidenses que representan son peones políticos de Trump. “Nos enfrentamos a desafíos sin precedentes: combatir una pandemia y una devastación económica sin otro estímulo”.

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Declaración conjunta

El miércoles 2 de septiembre, Trump amenazó con recortar los fondos para evitar financiar ciudades que, a su juicio, “se han deteriorado hasta convertirse en zonas sin ley”. Para ello firmó un documento distribuido en la Casa Blanca.

Procedimiento

Además ordenó a William Barr, fiscal general de Estados Unidos, presentar una lista de jurisdicciones anarquistas en un plazo de dos semanas. El criterio de selección será aquellos lugares donde se permite que persista la violencia y destrucción de la propiedad, y que se niegan a tomar medidas razonables para frenar actividades criminales.

Aunque dicha lista no está disponible, Trump se refirió a Nueva York, Washington DC, Seattle y Portland, ciudades donde los alcaldes son demócratas.

Trump solicitó a Rusell Vought, director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, precisar cómo restringir o desfavorecer la capacidad de las “jurisdicciones anarquistas” de recibir subvenciones federales hasta donde lo permita la ley. Esta información deberá tenerla el funcionario en un plazo de 30 días.

Con información de agencias.

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