Los fiscales federales solicitaron al juez, Alvin K. Hellerstein, un cambio de la audiencia antes del juicio de Cliver Antonio Alcalá Cordones, que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2020, alegando que el gobierno continúa presentando pruebas al acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados.

El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de presuntamente formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto con funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba pidieron un aplazamiento de 30 días de la fecha de esta conferencia, lo que indica que la audiencia se realizará a principios del mes de octubre.

Acotan que en vista de la pandemia de COVID-19 y motivado a que necesitan más sesiones de trabajo para la evaluación de los materiales del descubrimiento, solicitaron que la Corte excluya el tiempo hasta la fecha de la nueva conferencia, en interés de la justicia.

El abogado defensor aceptó las solicitudes.

Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores lo han tratado bien.

Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

El gobierno estadounidense lo acusa, junto a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de cargos por narcoterrorismo.

De acuerdo con los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar cocaína hacia los EE. UU.

Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.

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