Una reciente encuesta realizada por la empresa consultora Stout reveló que unos 300.000 hogares de alquiler están en riesgo de desalojo en todo el estado.

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Según la organización, el riesgo está altamente racializado. Tan solo en el área de Boston, la mitad de los inquilinos afroamericanos y el 30% de los hispanos encuestados, aseguraron tener muy poca o ninguna confianza en que podrían pagar el alquiler de agosto. Mientras que sólo” el 15% de los inquilinos blancos reportaron baja confianza”.

Los datos recolectados por la empresa consultora muestran que los inquilinos actualmente están usando salidas de emergencia para pagar la renta, tales cómo hacer uso de sus tarjetas de crédito o solicitar préstamos con amigos y familiares. Otra opción que muchos residentes están tomando es utilizar los pagos de estímulos federales y seguro de desempleo para cubrir las cuotas de alquiler, soluciones a corto plazo que terminan generando más gastos para los inquilinos. Soluciones, según Stout “para nada sostenibles”.

La empresa asegura que estos hogares aunque estén protegidos por la moratoria de desalojo de Massachusetts no lograrán recaudar el dinero para pagar las rentas de los próximos meses, lo que hará necesario que se firmen protecciones más fuertes para los inquilinos en las próximas semanas.

«La negligencia del estado está empujando a los inquilinos hacia formas más arriesgadas, a corto plazo, e insostenibles de pagar el alquiler – y no se puede pagar el alquiler con tarjetas de crédito para siempre. Los inquilinos necesitan soluciones a largo plazo para prevenir la ola de desalojos de octubre,» declaró Benjamin Walker, el investigador del MIT que trabaja con City Life/Vida Urbana en una investigación que busca entender el riesgo de desalojo producto de la pandemia de coronavirus.

Una mano amiga

Muchas organizaciones están elevando su voz para apoyar a los inquilinos en riesgo de desalojo, una de ellas es una coalición estatal conocida como Homes for All Massachusetts (Hogares para todos los Massachusetts), que actualmente está presionando a la gobernación para que apruebe una ley que garantice la estabilidad de la vivienda durante la emergencia y la recuperación de COVID-19, también conocida como “Proyecto de ley de Estabilidad de la Vivienda Garantizada”.

El proyecto impulsado por la coalición evitaría los desalojos debido a la deuda de vivienda relacionada con la pandemia, por al menos un año luego de haberse decretado el estado emergencia en Massachusetts. También evitaría el aumento del pago de alquileres y los desalojos sin culpa. Además permitiría a los propietarios aplazar los pagos de las hipotecas y establecería un fondo de ayuda para los pequeños propietarios.

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«En la pandemia de COVID-19, nadie debe perder su casa porque se haya quedado en ella. Por eso todos necesitamos que la legislatura impida pronto una crisis de desalojos masivos, no sólo con la ayuda financiera parcial, sino también prohibiendo los desalojos por deudas de vivienda relacionadas con COVID», indicó Steve Meacham, Coordinador de Organización de City Life/Vida Urbana.

Para leer el informe completo de City Life/Vida Urbana visitar el siguiente link.

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