Este martes la Procuradora General, Maura Healey solicitó un fallo judicial para hacer que los conductores de Uber y Lyft estén protegidos bajo las Leyes de Salarios y Horas de Massachusetts, una designación que permitirá a los trabajadores acceder a derechos y beneficios laborales fundamentales, como salario mínimo, horas extras y licencia de enfermedad.
La demanda presentada ante el Tribunal Superior de Suffolk solicita que se determine a los conductores de Uber y Lyft como empleados y no como trabajadores independientes. Además de solicitar que sean incluidos bajo las Leyes de Salarios y Horas.
«Uber y Lyft han construido sus negocios multimillonarios mientras que durante años han negado a sus conductores las protecciones y beneficios básicos de los empleados», dijo Healey. «Este modelo de negocio es injusto y explotador. Estamos buscando esta determinación de la corte porque estos conductores tienen el derecho de ser tratados justamente”.
Según la Fiscal General estas empresas no cumplen la prueba de tres partes que establece la ley estatal para clasificar a sus conductores como trabajadores independientes. En Massachusetts, se supone que un trabajador que presta algún servicio para otra parte es un empleado, por lo que no puede ser clasificado como trabajador independiente a menos que pueda demostrar:
-El empleado es libre de su gestión y control.
-El servicio que el trabajador realiza está fuera del curso normal de su negocio.
-El trabajador se dedica habitualmente a un oficio, ocupación o negocio establecido de forma independiente.
Healey asegura que los conductores de Uber y Lyft no están libres de la gestión y control de las compañías, pues los empleados deben celebrar acuerdos de servicio estandarizados que establezcan los términos y condiciones no negociados de las empresas. Deben regirse bajo las normas de rendimiento y disposiciones de la empresa, lo que impide a los conductores entablar litigios privados para hacer valer sus derechos en virtud de las leyes estatales sobre salarios y horas.
La demanda está a cargo de los fiscales generales adjuntos Karla E. Zarbo, Erin Staab y Alex Sugerman-Brozan, y del investigador Kevin Shanahan, de la División de Trabajo Justo del Fiscal General, y del abogado superior William W. Porter de la Oficina del Fiscal General del Estado.
