Álex Naín Saab Morán siempre procuró un bajo perfil. Apenas hay fotos de él. La prensa colombiana repite una en la que luce un esmoquin negro, tomada hace años en un evento social en su Barranquilla natal. Esa imagen nada tiene que ver con la más reciente: aunque con unos cuantos kilos menos y varios años más, Saab ahora aparece con jeans y franela negra, esposado y escoltado por dos funcionarios policiales. Es la imagen de su caída.
La tomaron el pasado lunes cuando lo presentaron ante un tribunal en Cabo Verde, un archipiélago en el Atlántico a las puertas de África. Dos días antes, el viernes 12 de junio, las autoridades lo habían detenido en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral. Desde entonces quedó en custodia de funcionarios de Interpol quien es calificado como el testaferro de Nicolás Maduro y a quien las autoridades norteamericanas consideran el personaje clave para descifrar los grandes secretos financieros y de corrupción del régimen chavista, publicó Semana.
La imagen de su captura se propagó a gran velocidad y desató un estruendo que apenas comienza a llegar a Venezuela y Colombia. La Cancillería de Caracas cerró rápidamente filas con el empresario. Lo calificó de “ciudadano venezolano”, lo ascendió a “agente del Gobierno bolivariano” y reclamó para él “inmunidad diplomática”. Lo hizo solo horas después de la captura y ante el temor de una rápida extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero desde 2019.
Con un clima tan caliente como el de Barranquilla y una brisa que viene del Caribe, Saab no andaba de vacaciones en Cabo Verde. Era una parada técnica de un vuelo en un jet privado que lo trasladaba de Caracas hasta Teherán, capital de Irán. Hasta allá iba para seguir adelante con el más reciente negocio que le confió Nicolás Maduro: la compra de combustible a cambio de oro venezolano, justo cuando la gasolina escasea en el país vecino, a pesar de tener las reservas más grandes del mundo bajo tierra.
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Días antes, la Fiscalía General de Colombia había iniciado el proceso de extinción de dominio contra bienes de Saab en Barranquilla, valorados en 35.000 millones de pesos, como parte de una investigación que desde 2018 se hizo pública por sus ilícitos con varias sociedades locales. Y en su contra ya había una orden azul de Interpol que facilitaba su aprehensión. A pesar de todo eso, Saab no temió abordar en Caracas el Bombardier Global 5000 con matrícula T7-JIS. Cual emisario personal del cuestionado mandatario venezolano, Saab despegó en su jet privado sin saber que el itinerario se cortaría abruptamente y que podría ser su penúltimo vuelo antes de viajar extraditado a Estados Unidos.
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El escándalo obligó a reaccionar hasta al expresidente Juan Manuel Santos, a raíz de la circulación de un video de finales de 2011 correspondiente a un acto celebrado en el Palacio de Miraflores. En aquella ‘luna de miel’ entre Santos y Hugo Chávez firmaron acuerdos binacionales, pero logró colarse un entonces desconocido Álex Saab, de 40 años y con una melena recogida en forma de coleta. “Apareció el representante de esta empresa, que era este señor Álex Saab, a quien no conocíamos; creo que en el video yo le pregunto a María Ángela (Holguín): ‘¿Este señor quién es?’. Ella tampoco sabía de quién se trataba (…) Nunca hubo ningún tipo de acuerdo, ni de arreglo con el Gobierno colombiano”, aseguró el exmandatario a El Tiempo.
Álex Saab representaba a Fondo Global de Construcción, una compañía privada con presencia en Colombia, Venezuela, Ecuador, pero cuya propietaria final era otra sociedad registrada en la isla mediterránea de Malta. Ese negocio, a la postre, resume lo que estaba por llegar para el empresario. En él coincidiría con su socio Álvaro Pulido Vargas, cuya identidad real es Germán Enrique Rubio Salas, relacionado en 2000 a un caso de narcotráfico en Colombia. Eso le abrió, hasta hoy, la puerta de millonarias contrataciones en Venezuela a alguien que jamás hubiese podido acumular esas cantidades de dinero en su país. Para ello dibujó una compleja telaraña societaria global que caracterizaría el resto de sus negocios con el chavismo, y, de paso, dejó una estela de sospechas de lavado de dinero que lo ha perseguido hasta su captura.
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“Apareció el señor firmando, después nos dio la mano y se fue, eso fue todo”, resume nueve años después el expresidente Santos. En realidad, Saab nunca se fue. Aquel fue el desembarco definitivo en la Venezuela chavista de alguien que había fracasado empresarialmente a mediados de los noventa en Miami, que trabajó en la fábrica de textiles levantada por su padre, un inmigrante de origen libanés, y que desarrolló un modesto negocio propio en Barranquilla para vender llaveros, gorras y uniformes. Aquel día, en una Caracas que todavía nadaba en la bonanza petrolera, ese personaje consiguió de golpe entre 500 y 600 millones de dólares.
La presencia de Saab en la firma de aquel convenio no fue la única rareza. Entre 2013 y 2015, la Fiscalía de Ecuador ventiló diversas irregularidades, acusó a directivos y congeló dinero de Fondo Global de Construcción. Desde Ecuador debían despachar los materiales de construcción, aprovechando el sistema de pagos de compensación que entonces mantenían Hugo Chávez y Rafael Correa. Este mismo negocio, a mediados de 2019, le permitió a un fiscal del estado de Florida lanzar una acusación contra Álex Saab y Álvaro Pulido Vargas por una operación de lavado de dinero de unos 350 millones de dólares, señalamiento que resultó decisivo para justificar su detención el 12 de junio.
Aquellas primeras sospechas de las autoridades ecuatorianas no frenaron el ascenso de Saab en Venezuela. Al contrario, nada más convertirse en presidente de la República, Nicolás Maduro transformó al barranquillero en su principal contratista. Y, más recientemente, lo convirtió en el hombre que orquestó operaciones por cientos de millones de dólares para suministrar alimentos de mala calidad, destinados al programa estatal conocido como Clap. Además, por cuenta de Maduro, Saab transó por el mundo el oro venezolano, comercializó el petróleo y hasta importó gasolina iraní. En definitiva, se convirtió en su ministro de Finanzas en la sombra y en el vehículo para esquivar las sanciones financieras que Donald Trump impuso al régimen chavista desde 2018.
Saab acumuló tal poder que en 2018 logró, con la firma de Maduro, ubicar a exempleados o colaboradores suyos al frente de empresas estatales como Minerven, la encargada de comercializar el oro. También, en Carbones del Zulia, al occidente del país, y estuvo a punto de colar una ficha suya al frente de Monómeros Colombo Venezolanos, en Barranquilla. Solo que el funcionario designado fue “inadmitido” en enero de 2019 por Migración Colombia y nunca pudo tomar posesión del cargo.
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Saab fue, incluso, la ficha usada por Maduro para comprar diputados, entonces de oposición, que finalmente le dieron la espalda a Juan Guaidó el 5 de enero, en un intento por tomar a la fuerza la directiva de la Asamblea Nacional. Durante meses, un operador suyo, Carlos Rolando Lizcano Manrique, fue capturando las voluntades de varios parlamentarios.
“Yo no sabía que Álex era tan importante para el Gobierno venezolano”, dice ahora la exsenadora Piedad Córdoba. Esas palabras contrastan con su afirmación de hace un par de años: “Saab está bien posicionado en Venezuela y no necesita de mí, pues habla más fácil con Maduro que cualquiera”. A Córdoba siempre la han señalado como la responsable de abrirle la puerta del poder político venezolano a su compatriota Saab. Aun cuando las sospechas del poder que iba acumulando y de la naturaleza de sus negocios iban creciendo en varios partes, ambos reconocían su amistad. “Soy amigo hace muchos años de la doctora Piedad Córdoba”, manifestó Saab en 2017, cuando ya la fiscal venezolana en el exilio Luisa Ortega Díaz lanzó aquello de que el barranquillero era el “testaferro” de Maduro.
El portal venezolano Armando.Info, especializado en periodismo de investigación, durante años ha documentado los negocios de Saab en Venezuela. Este medio había revelado en 2017 que a través de Group Grand Limited, registrado en Hong Kong, controlaba, casi desde su nacimiento, el millonario suministro para el programa de los Clap con el que Maduro vende alimentos subsidiados a la población a cambio de un mayor control político y social. Solo el primer contrato suscrito con las autoridades venezolanas sumó 340 millones de dólares. Además de su hijo Shadi Naín Saab Certain, en los papeles de esa firma apareció también como director el abogado barranquillero Javier Ernesto Betancourt Valle, excónsul de Colombia en Nueva York y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
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