Este jueves el gobernador Charlie Baker y la vicegobernadora Karyn Polito explicaron las medidas que el estado está tomando para combatir la inseguridad alimentaria.
En su visita al Banco de Alimentos del Gran Boston, Baker indicó que este jueves se abrieron las solicitudes para el programa de subsidios de infraestructura de seguridad alimentaria con $36 millones de presupuesto otorgados por el estado.
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El programa fue diseñado para asegurar que los residentes y sus familias puedan acceder a los alimentos de manera más efectiva. “Los solicitantes elegibles incluyen entidades que forman parte del sistema alimentario local de Massachusetts”, incluyendo en él la parte de producción, procesamiento y distribución. También participan en la red organizaciones comunitarias y de alimentos, programación de comidas escolares, granjas urbanas y jardines comunitarios. Además de organizaciones sin fines de lucro y organizaciones que proveen planificación de negocios, asistencia técnica y servicios de tecnología de la información.
«Reconocemos que esta crisis ha hecho las cosas más difíciles para las familias que no tenían seguridad alimentaria», dijo Baker. «Asegurar que las familias tengan los alimentos que necesitan siempre será una de las prioridades cruciales», aseguró el gobernador.
Catherine D’Amato, presidenta y directora ejecutiva del Banco de Alimentos del Gran Boston, en su acompañamiento al gobernador aseguró que la inseguridad alimentaria está afectando gravemente a las familias de Massachusetts.
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D’Amato aseguró que este problema de la alimentación es de larga data y se exacerbó por la pandemia. Indicando además que Massachusetts es ahora «el segundo estado más alto de la nación en cuanto al aumento del riesgo de inseguridad alimentaria entre los niños». Lo que se traduce en uno de cada siete residentes experimentará inseguridad alimentaria.
En este recorrido Baker también anunció una iniciativa separada relacionada con la inseguridad alimentaria. La iniciativa tiene como propósito impulsar «estratégicamente a nuevos vendedores agrícolas para el Programa de Incentivos Saludables (HIP), lo que permitirá a la Administración aprovechar los fondos federales de SNAP y los 5 millones de dólares en nuevos fondos estatales para el programa».
