El asesinato de George Floyd y las revueltas sociales a raíz de esta muerte han llevado a los líderes del estado a debatir si aplicar o no una reforma policial. Por el momento la mejor opción que tienen es la de utilizar cámaras corporales, herramientas que han resurgido para responsabilizar a los oficiales por su conducta en el trabajo.
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En Massachusetts solo siete departamentos de policía usan estos dispositivos, al parecer por una gran cantidad de problemas, entre los que figuran las preocupaciones sobre la aplicación de la ley de registros públicos del estado y el costo.
Hasta el momento sólo utilizan estas cámaras West Brookfield, Lakeville, Methuen, Boston, Sherborn, Ipswich y Springfield, que comenzaron a implementarlas el 3 de junio.
En el año 2016, ya la ACLU de Massachusetts había pedido a 40 departamentos de policía del estado adoptar cámaras corporales para evitar abusos, «debido a la historia de casos experimentados por personas históricamente vulnerables y privadas de derechos», reseñó Patch.
«La tecnología, como las cámaras corporales, pueden ayudar a salvar esta división, porque la documentación de vídeo relativamente objetiva puede hacer que tanto la policía como los civiles rindan cuentas sobre sus comportamientos», indicó la ACLU en su propuesta de ese año. “Las cámaras corporales pueden proteger a la gente en ambos lados de una placa de policía”, aseguraron.
Pero tras estas recomendaciones, sólo tres departamentos las adoptaron. Methuen, Boston y Springfield, los demás indicaron que su alto costo dificulta la utilización en sus cuerpos policiales. Por ejemplo la ciudad de Boston gastó cerca de $2 millones para comprar 400 cámaras corporales, una cifra que debe sumarse al gasto que representa el almacenamiento de todo el material.
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«Ciertamente vemos que pueden ser herramientas útiles, pero tienen limitaciones, incluyendo los problemas de costo de almacenamiento de las imágenes», explicó la portavoz del Fiscal de Distrito del Condado de Essex, Carrie Kimball.
