Por Abel López Abreu | @Zakont
Especial para El Tiempo Latino
En El Salvador la atención a la pandemia por COVID-19 ha estado marcada por diferencias y conflictos entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa; órganos del Estado que a pesar de encuentros recientes por acordar un plan conjunto, que regule la cuarentena y la una reapertura económica gradual, no han llegado a un consenso.
El gobierno salvadoreño fue uno de los primeros países en adoptar medidas urgentes para frenar el avance del coronavirus. El 26 de enero se instalaron los controles sanitarios iniciales en aeropuertos y cuatro días después el gobierno declaró una emergencia nacional. Entre el 30 de enero y el 9 de marzo se restringió la llegada de personas provenientes de China, Corea del Sur, Italia, Irán, Alemania, Francia y España.
El 14 de marzo fue aprobado el estado de excepción, el 17 fue cerrado el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero a vuelos comerciales y apenas el 18 se detectó un primer paciente contagiado, que había estado en Italia. El 21 del mismo mes el gobierno adoptó una cuarentena obligatoria que luego generó controversia, pues al cierre de esta edición llevaba 2 mil 424 detenciones de personas que incumplieron la orden de permanecer en casa.
Las acciones del gobierno llevaron a un conflicto con la Asamblea Legislativa, cuya relación quedó marcada por la militarización del Parlamento del 9 de febrero, cuando Bukele tomó los espacios legislativos para exigir la aprobación de fondos para el gasto en seguridad.
Infografía: El Tiempo Latino.
La cuarentena en El Salvador ha dejado sin servicio de transporte público a los residentes, quienes además deben limitar sus salidas a supermercados o farmacias al día que les corresponde según el número de Documento Único de Identidad. Quienes infringen la orden de aislamiento son enviados a centros de contención sin previa prueba para diagnosticar o descartar el COVID-19.
Al cierre de esta edición, la Procuraduría Para la Defensa de Derechos Humanos había informado de 1 mil 637 denuncias sobre violaciones de derechos durante la pandemia: 622 por detenciones arbitrarias, 350 por falta de atención médica oportuna, 266 referentes al trabajo, 200 por falta de acceso a la información y 160 por exigencias de agua y alimentos, de acuerdo con una reseña en elsalvador.com.
Los números referentes al coronavirus también van en aumento. Las cifras al cierre de esta edición, correspondientes al balance gubernamental del jueves 4 de junio en la madrugada, daban cuenta de un total de 2 mil 781 contagios detectados, de los cuales 1 mil 208 pacientes se recuperaron y 1 mil 522 son casos activos. Además, las autoridades informaron de 51 fallecidos.
Las autoridades precisan que 2 mil 650 casos son de transmisión comunitaria y 131 importados. El total de pruebas de diagnóstico realizadas es de 99 mil 178. El lunes 1° de junio, el ministro de Justicia y seguridad Pública, Rogelio Rivas, confirmó que unos 500 policías se contagiaron de COVID-19.
LEGISLACIÓN. La Asamblea salvadoreña desaprueba las medidas aplicadas por el gobierno
de Bukele para hacer cumplir la cuarentena. | Foto: Efe/Rodrigo Sura.
El 1° de junio fue además una fecha importante para Bukele, pues cumplió un año al frente del gobierno salvadoreño. Los retos que asumió en 2019 al ganar la presidencia aumentaron, ya no solo debe encargarse problemas como la pobreza y de la violencia -cuyos índices homicidios ha hecho disminuir- sino de la pandemia y más recientemente de los estragos que dejó la depresión tropical Amanda el pasado fin de semana, con 16 muertos y más de 24 mil 125 familias afectadas, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Conflicto con la Asamblea y la Corte
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exhortó al gobierno de Nayib Bukele, el 15 de abril, a abstenerse de detener a ciudadanos que incumplan la cuarentena. Al día siguiente, Bukele denunció que la Sala de lo Constitucional pretendía quitarle las facultades para hacer cumplir la cuarentena. En ese momento dijo que ninguna resolución judicial estaría por encima del derecho a la vida y a la salud, un argumento que ha sido la base de su defensa.
“Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”, tuiteó el mandatario.
Tuit de Bukele
No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la constitución.
Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 16, 2020
La Sala de lo Constitucional ordenó el 28 de marzo la liberación de todos los detenidos por infringir la cuarentena. Sin embargo, la sentencia no fue acatada por el gobierno ni las autoridades encargadas de la seguridad, provocando un conflicto de poderes. El 15 de mayo, la Asamblea Legislativa descartó prorrogar la Emergencia Nacional, pero un día después el gobierno lo hizo mediante el Decreto Ejecutivo N° 18, que la Sala de lo Constitucional anuló por usurpación de funciones del Parlamento.
El 7 de mayo, el presidente defendió la cuarentena al considerar que con ella se juega el futuro de El Salvador, a pesar de sus defectos, imperfecciones y las molestias que genere. “Así de sencillo”, remarcó.
Las disposiciones de los tres poderes del Estado han causado confusión en la población referente a qué medidas están vigentes. Hasta el momento, están activas en la práctica las adoptadas por el Ejecutivo.
José Miguel Cruz, director de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, considera que las acciones de Bukele representan un retroceso en la institucionalidad del país, en las normas democráticas y evidencian una dosis de autoritarismo.
VIGILANCIA. Funcionarios de seguridad se desplegaron en El Salvador para hacer cumplir la
cuarentena. | Foto: Efe/Rodrigo Sura.
“Él llegó al país con mucho apoyo popular, todavía lo sigue teniendo, pero ha ocupado ese apoyo básicamente para erosionar significativamente las instituciones y para aumentar el nivel de corrupción dentro del gobierno. Eso no quiere decir que antes no había problemas de ese tipo, pero él ha exacerbado muchos de los problemas”, sostuvo José Miguel Cruz en una entrevista con El Tiempo Latino.
El investigador consideró que el gobierno ha contaminado las relaciones entre la Asamblea y el Legislativo. Afirmó que la incursión militar en el Parlamento ocurrida en febrero fue una amenaza directa de un poder del Estado a otro mediante el uso de la fuerza; y además, destacó que los organismos de seguridad son leales al presidente más que a las instituciones.
“Lo que uno esperaría es que en una situación de conflicto entre los poderes del Estado, en el cual la Corte Suprema dice que es ilegal las acciones del Ejecutivo, la policía va a dejar de efectuar esas acciones. No ha sido el caso”, señaló Cruz.
El director de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe dijo que el manejo de la pandemia ha estado liderado por criterios políticos más que técnicos y científicos. Criticó que la atención ha girado en torno a una cuarentena estricta para controlar de forma extrema la circulación. Recomendó aplicar una estrategia focalizada.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo en una entrevista ofrecida a Frente a Frente que El Salvador es el único país que ha privilegiado normas punitivas más que preventivas por la pandemia.
Vivanco denunció: “Cuando un presidente no acata una orden judicial, estamos ante una ruptura del orden constitucional. El Presidente Bukele ha desobedecido, se ha burlado de las resoluciones de la Corte, eso es grave”.
La situación política en El Salvador ha llamado la atención en el ámbito internacional en rechazo a las acciones consideradas como arbitrarias por el gobierno. El 27 de mayo Bukele advirtió con una reforma del Estado con el argumento de tener el apoyo de 97% de los salvadoreños.
“Vamos a dar salud, alimentación, seguridad y a recuperar la economía luego de la pandemia de COVID-19”, tuiteó el mandatario. Una reforma del Estado requiere previamente modificar la Constitución, en caso de que Bukele insista en los cambios.
La Asamblea aprobó el 30 de mayo la Ley Especial Transitoria de Emergencia por COVID-19 Atención Integral de la Vida y la Salud y Reapertura de la Economía, pero Bukele descartó dar su aprobación, indispensable para aplicarla. De momento, los órganos del Estado deben enfocarse en dirimir las diferencias, frenar los contagios de coronavirus y dar solución a los 4 mil 500 salvadoreños varados en el exterior, quienes claman por retornar al país centroamericano, entre otros asuntos prioritarios.
